De genocidas y tarifazos. ¿Cuándo y porqué da ‘marcha atrás’ el gobierno? (I)

Por Francisco Longa

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, el gobierno tuvo que retrotraer varias de sus medidas. ¿Qué elemento común hubo en todos esos casos? ¿Qué expresan y porqué tienen lugar esas derrotas parciales del ejecutivo?

El ejercicio es simple. Cualquiera que siga con algo de atención los sucesos políticos nacionales puede enumerar rápidamente una lista de medidas dictadas por el poder ejecutivo, que tuvo que retrotraerse tras la falta de consenso social. Pero esta capacidad de retractarse, ¿implica una actitud consensualista y republicana? ¿Es una manera de reforzar el contrapunto respecto de la gestión kirchnerista?

A solo cuatro días de asumir la presidencia, Macri nombró a dos jueces en la Corte Suprema de Justicia por decreto, para que actúen ‘en comisión’ hasta que los apruebe el Senado. Ese método lo había utilizado por última vez Bartolomé Mitre en 1862, y rápidamente cosechó críticas desde juristas de todo el arco ideológico, precisamente porque salteaba el procedimiento constitucional que implica lograr un acuerdo en la cámara alta. Criticaron la medida desde Raúl Zaffaroni, cercano al kirchnerismo, hasta acérrimos opositores a Cristina Fernández como Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra.

Desde el oficialismo no pudieron explicar, por ejemplo, porqué no llamaron a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir los pliegos. Unos días después, Elisa Carrió, aliada del gobierno en la alianza Cambiemos, presentó un proyecto de ley para prohibir el nombramiento de jueces por decreto.

Luego de esta ola de repudios el presidente dio marcha atrás, retiró los pliegos, y decidió someter las candidaturas a la votación del Senado. Por aquellos días el diputado Sergio Massa declaró al respecto: “reconocer errores no es una señal de debilidad, sino de fortaleza para tomar decisiones”.

Tarifazos y conflicto de intereses

Durante 2016 uno de los principales temas de la agenda nacional giró en torno a los siderales aumentos de tarifas que el gobierno implementó, sobre todo en la energía eléctrica, pero también en los servicios de gas y de agua corriente. La ola de rechazos no se hizo esperar, tanto en cuanto a cuestiones de forma, como de contenido. Respecto a las formas, el gobierno eludió realizar las audiencias públicas que la ley prevé antes de aumentar las tarifas, atribución sí válida para el ejecutivo. Estas debilidades de forma fueron las que produjeron una serie de amparos, en donde  tribunales de diversos puntos del país paralizaron las subas de tarifas. Nuevamente Elisa Carrió arremetió contra Macri: “si fuera juez haría lugar al amparo porque no hay audiencia pública”, sentenció.

Fuera del palacio, la calle fue el lugar privilegiado para canalizar el descontento social. Cientos de movilizaciones, concentraciones, marchas y actividades de repudio tuvieron lugar a lo ancho del país para denunciar la arbitrariedad de los aumentos. No hubo, no obstante, ninguna marcha unificada que pudiera concentrar la fuerza social que se oponía a la medida.

Siquiera las audiencias públicas que finalmente el gobierno se vio obligado a realizar, luego de que la Corte Suprema de Justicia frenara los aumentos –e instara a realizar-, se transformaron en un escenario de protesta de la magnitud que podía haberse esperado. Tras varios meses, y con la rectificación formal del procedimiento, el gobierno continuó aplicando los aumentos. Es decir que, en este caso, la ‘marcha atrás’ fue solamente circunstancial, y referida a cuestiones de formas, y no de contenido.

Otra medida en la que el gobierno debió retrotraerse está relacionada con el ‘conflicto de intereses’. Se trató de la condonación de una deuda millonaria al Estado que tenía la empresa privada Correo Argentino, cuando era propiedad de la familia Macri. En la misma semana, el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, implementó un nuevo cálculo en las jubilaciones que implicaba un recorte en los haberes jubilatorios.

Por esos días, el nivel de indignación de propios y extraños llegó a un punto pocas veces visto durante la gestión de Cambiemos. Claro que desde la oposición se escucharon impugnaciones, pero volvió a sorprender el ruido interno. Nuevamente Carrió criticó al titular de la ANSES, y también Mario Negri de la UCR se mostró desilusionado con las vanas explicaciones que Macri había intentado ofrecer para justificar ambos descalabros: “yo esperaba ya la semana pasada que se pudieran explicar mejor las cosas”, espetó. Finalmente, Macri paralizó la medida de la ANSES, y dio una conferencia de prensa donde prometió revisar el acuerdo del Correo con el Estado.

Medidas de lesa política

A principios de este año Macri decidió transformar el feriado del 24 de marzo en un feriado movible. La medida resultó ofensiva para los organismos de derechos humanos, que lo criticaron fuertemente. Inclusive figuras como Graciela Fernández Meijide, que respecto de la política en general había declarado: “Macri no es De La Rúa, está capeando temporales bastante bien”, criticó la medida y conminó al presidente a retractarse.

Por esos días, también sorprendió la posición del editorialista de La Nación, y defensor de las políticas oficiales, Joaquín Morales Solá. Al respecto dijo que la modificación del feriado hiere la sensibilidad de sectores sociales y somete al Presidente a una polémica inservible”; menos preocupado por la memoria de las víctimas del genocidio, que por la salud política del gobierno, lo cierto es que el periodista se mostró crítico. Una vez más, luego de la lluvia de críticas Macri repitió el libreto, rectificó el decreto, y restableció la inmovilidad del feriado.

Otras dos medidas tomadas en el campo judicial pueden ayudar a terminar de pintar el cuadro de este gobierno respecto de los retrocesos. La primera alude a la prisión de Milagro Salas. Como es sabido, la ola de repudio a su detención fue extensa no solamente en nuestro país, sino también en el exterior.

Al repudio por parte del kirchnerismo y de importantes sectores de la izquierda, que denunciaron el carácter de presa política de la dirigente de la organización Tupac Amaru, se sumaron progresivamente prácticamente todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos, denunciaron el carácter arbitrario e ilegítimo de la detención de Salas; en el caso de la OEA, por ejemplo, le exigió al gobierno argentino la inmediata liberación de la líder jujeña. Aún más, en marzo de este año hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó el caso de Milagro Sala como una ‘detención arbitraria’, en su informe anual de derechos humanos.

El gobierno argentino se auto eximió de culpas, intentando argumentar que se trataba de una cuestión del poder judicial, y que el respeto a la división de poderes le impedía intervenir en el asunto. Al día de hoy, el gobierno no dio marcha atrás ni intentó interceder ante la justicia. El resultado es que Milagro Sala sigue presa, tras 492 días.

Finalmente, el caso que se revisa es el fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedió la reducción de su pena al genocida Luis Muiña, al aplicarle retroactivamente el cálculo del 2×1. En este caso la indignación que generó en la sociedad fue mayúscula, y los repudios tanto a la Corte Suprema como por elevación a la política de derechos humanos del gobierno, creció en forma aluvional.

Repudiaron el fallo: dirigentes políticos, músicos/as, artistas en general, referentes de derechos humanos, escritores/as, sumados a movimientos sociales, organizaciones de izquierda y kirchneristas, aunque también miembros del Frente Renovador.

Prontamente los organismos de derechos humanos más emblemáticos de la lucha contra la impunidad de la última dictadura militar, organizaron una movilización a la plaza de mayo repudiando la aplicación del 2×1 a genocidas.

Luego del mar de repudio el jefe de gabinetes Marcos Peña dijo que el gobierno estaba en contra, y rápidamente el senador del PRO Federico Pinedo se convirtió en el mascarón de proa del gobierno en el parlamento, para terminar aprobando un proyecto de ley que limita la aplicación del 2×1 a genocidas. El proyecto fue votado por unanimidad en el Senado, y en Diputados solamente se registró solamente un voto en contra.