Por Guido Turdera. Segunda parte de la entrevista realizada a Eduardo Jozami, Director Nacional del Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex-Esma. Los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga, la política oficial de seguridad, los conflictos al interior del país, la oposición de Clarín.
– Siguiendo esta línea en donde usted afirma que si bien es importante enjuiciar a los genocidas, no hay que dejar de lado las injusticias sociales del presente, ¿qué opinión le merece hechos tales como la desaparición de Jorge Julio López o Luciano Arruga, sucedidos durante el kirchnerismo? ¿Se presentan como límites al modelo de profundización de las políticas de Derechos Humanos?
– Los veo con mucha preocupación. También se puede establecer una diferencia entre los dos, lo cual no quiere decir que uno sea menos grave que el otro. Lo de Julio López es un poco excepcional, esto no es para tranquilizarse, porque con que haya un solo caso es tremendo. Pero digo que es excepcional porque uno no diría que la práctica habitual de la policía de la provincia de Buenos Aires es cometer casos como el de López. De algún modo, éste es un caso límite, alguien que había comprometido a Etchecolatz, la policía de la provincia podía sentirse directamente afectada, puede haber habido una tensión de advertencia como de “no se metan mas con nosotros”, en fin, todo esto son especulaciones. De cualquier manera, me parece que es un hecho que tiene carácter excepcional y es grave a pesar de su excepcionalidad porque demuestra cierta imposibilidad de control de la fuerza de seguridad. Aunque las fuerzas de seguridad no hagan esto todos los días, cuando lo hacen no sabemos nada de lo que pasó: quiere decir que algo está fallando en la relación entre el poder político y la fuerza de seguridad, y su capacidad de controlarla. Dejo de lado, por supuesto, lo que me parece una tontería, que es la afirmación de algunos grupos que critican al gobierno como si el mismo gobierno hubiera mandado a secuestrar a Julio López. El caso de Luciano Arruga me parece que es diferente porque ahí sí es una práctica habitual…
– ¿Se refiere al uso de chicos como “pibes chorros” por la policía?
– Claro. Y en general las violaciones a los DDHH, por lo menos en la policía de la provincia de Buenos Aires están más cerca de ser la norma que la excepción. No digo que se convierta en todos los casos obviamente, pero están. Igual que lo que pasa en las cárceles. Entonces ahí me parece que hay realmente una asignatura pendiente. Lo que podríamos llamar una política de seguridad democrática no ha avanzado y esto hace que puedan ocurrir situaciones en donde se emplean a los pibes para usarlos como chorros hasta que se reprimen a los chicos -y a los no tan chicos- de una manera que no tiene nada que ver con la función que uno le asignaría a la policía en una sociedad democrática.
– Estos obstáculos del poder político frente a estas fuerzas de seguridad, ¿lo ve como una imposibilidad del mismo poder político o como algo en lo cual todavía no llegó a avanzar?
– En el caso de la provincia de Buenos Aires, que es donde están los casos de López y Arruga, yo veo que ha habido una política contradictoria. Se ha avanzado y se ha retrocedido. Yo estoy entre los que quieren seguir avanzando; el gobernador de la provincia de Buenos Aires no me parece que esté entre los que quieran seguir avanzando.
– Retomando la cuestión de la política oficial de DDHH, usted se refiere a estas nociones de “avanzar” y de “lo que falta hacer”. ¿En qué aspectos hay que seguir avanzando en la misma línea y en qué otros hay que tomar en cuenta y empezar a tratarlos como realmente debe ser?
– Creo que hay que avanzar más claramente en la política con la relación a las cárceles y las políticas de seguridad, donde ha habido episodios sobre todo en el interior del país preocupantes. El gobierno demostró mucha decisión y capacidad para resistir las presiones en los primeros años, cuando había muchas manifestaciones en la calle, cuando interrumpían el tránsito: una presión muy fuerte de los medios y de mucha gente sobre “por qué no reprimen a los piqueteros que cortan las avenidas”, etcétera. En eso Néstor Kirchner insistió mucho, en que el gobierno no podía propiciar una política de represión, y de pronto nos encontramos con lugares del interior del país en donde esas cosas ocurren.
– Claro, por ejemplo, ¿como el caso de los Qom en Formosa?
– Exactamente, junto a los de Santiago del Estero. Entonces eso es algo que obviamente hay que ver con preocupación y hay que tratar que esas políticas se cumplan al interior del país de una manera que no se están cumpliendo. Uno no puede tener una mirada ingenua, por supuesto que esto no es simplemente una cuestión de las fuerzas de seguridad. Está el tema de la explotación de la tierra en el interior, de los pueblos originarios… hay una serie de cuestiones que vinculan esto con situaciones más generales sin resolver desde el punto de vista económico-social al interior del país. Por otro lado, creo que hay que seguir avanzando en todo lo que hace que implique disminuir la injusticia social, mejorar la distribución del ingreso, el acceso de la gente que hoy no accede plenamente a determinados servicios o bienes públicos. Pero creo que aquí hay que tener una mirada, a diferencia de la política del terrorismo de Estado, donde a veces las cosas son “blanco o negro”, porque la impunidad es una cosa y derogar las leyes de impunidad es otra: no hay términos medios. Ahora hay juicios. Por supuesto, uno puede pensar que podrían ir más rápido, que podrían ser más, pero hay una diferencia esencial. Lo otro, es un tema general que hace a cuánto se avanza en función de las posibilidades de la relación de fuerzas, del apoyo político que tiene el gobierno, en fin, ahí es muy difícil decir “cuánto falta” y lo que está claro es que hay que tratar que el gobierno siga avanzando.
– Cuando menciona esta relación de fuerzas que complica que el gobierno siga avanzando, ¿cuáles serían esas fuerzas opositoras que no permiten que se siga en esa línea?
– Hoy estamos viviendo una clarísima, que es el tema de la ley de medios. Fue sancionada con una mayoría en el congreso importante, incluyendo a sectores de la oposición. Hoy esos sectores se han olvidado que votaron la ley de medios y están apoyando a Clarín. Lo que está pasando enla Justiciaes una demostración de un fenómeno más general: no es sólo Clarín, porque acá está actuando de alguna manera como en representación de todos los sectores del poder económico que se oponen a este gobierno. Muestra el peso que todos esos sectores tienen enla Justicia, en el periodismo y en la sociedad argentina en general. Entonces me parece que frente a eso, no hay recetas. El gobierno tiene que profundizar la adhesión popular y darse políticas adecuadas para desemblocar a ciertos sectores, hacer “sintonía fina” como dijola Presidentaen su momento. Pero hoy vivimos una situación de tensión y de polarización muy fuerte que es inevitable cuando hay gobiernos que lesionan ciertos intereses dominantes. Pero bueno, tenemos que tratar de resolver a favor de lo que podríamos llamar el campo popular.