Por Carina Reyes. Luego del controvertido discurso de la presidenta en la UIA, los industriales salieron a demostrar su compatibilidad con la administración actual y su necesidad de determinar un techo salarial.
El actual presidente de la entidad, José Ignacio de Mendiguren, que reúne a empresarios de grandes sectores industriales, “el vasco” para los más cercanos, defendió su posicionamiento diciendo que no le asusta que lo califiquen de oficialista, en referencia a su respaldo al discurso de la Presidenta. “No solamente tengo la necesidad, sino la obligación de tener la mejor relación posible con la administración que eligió la gente”, y explicó: “si algo no hemos tenido nosotros es obsecuencia: aplaudimos lo que está bien, observamos lo que creemos que hay que cambiar.”
La última información disponible sobre la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) ratifica la persistencia del proceso de crecimiento económico, donde la trayectoria de la rentabilidad empresaria sigue el mismo sendero, lo que confirma el aplauso oficialista de De Mendiguren.
Las empresas que reúne la Unión Industrial Argentina ( UIA) , que muy estratégicamente cambió su discurso frente al gobierno, ha obtenido una tasa de rentabilidad que en promedio entre 2003-2010 fue del 8,5%, mientras que en el período 1991-2001 había promediado el 3,1%. Estos 5 puntos más de ganancia se han dado en el marco de un gran crecimiento del sector industrial que ha sido beneficiado por: la disminución de los salarios, resultado de la feroz devaluación del 2002, y por el sostenimiento de un tipo de cambio alto (sobre todo hasta el 2007).
Las grandes empresas mantuvieron sus elevados niveles de ganancia, incluso en el año 2009, cuando la economía sufrió el impacto de la crisis mundial, que fue reducido por las políticas anticíclicas que encaró el gobierno, como por ejemplo los subsidios salariales destinados a empresas con dificultades para sostener el nivel de empleo.
Este crecimiento de las ganancias empresariales, que en una minima cuantía son destinadas a inversión, son entre otras causas la que explican la disminución de las reservas del banco central. La fuga de capitales que acompaña al crecimiento económico argentino no cesa, y se agrava con el proceso de extranjerización de la cúpula empresarial que se profundizó desde el periodo de la convertibilidad, y que existen serias limitaciones a su control con las actuales leyes financieras, además de las que rigen el comportamiento del Banco Central. Limitarlas también implica la intención de modificar esta normativa que data de los ’90.
Volviendo a los industriales, los últimos informes económicos del Indec dan cuenta de un crecimiento de la actividad industrial que refleja en los primeros diez meses de 2011, en comparación con el mismo período del año anterior, un incremento del 7,4% .La medición del Estudio Ferreres había determinado una expansión de 4,7% y la de FIEL, con 5,9 por ciento.
Sobre 29 sectores de actividad, el Indec registró 15 con incrementos de actividad entre 1 y 10%, 5 se estancaron y 9 exhibieron bajas que llegaron a los dos dígitos.
Del otro lado, los trabajadores. Los reclamos de la CGT siguen en carpeta.
El organismo de estadísticas también informó que la ocupación industrial se elevó un 3,8% y en los sectores productores de servicios el incremento fue del 4,9%. Esta situación refleja que los sectores industriales que menos crecieron: alimentos y bebidas (3,0%); textiles (3,4%); edición e impresión (-6,9%) y refinación del petróleo (-0,9%), son justamente los que suelen demandar mayor cantidad de trabajadores a medida que crecen. De la otra vereda se encuentran los sectores más intensivos en capital, que crecen a mayores tasas pero que no generan una continuidad en el crecimiento de la generación de puestos de trabajo.
Lo que demuestra el saldo positivo de estos últimos 10 años para los industriales que se fueron acomodando a los vaivenes de la política kirchnerista. Estos grupos empresariales dan cuenta de que a pesar de sus intereses encontrados, han sabido reordenarse, cambiar sus presidentes, para conservar la unidad frente a un gobierno que ejerce la política económica eligiendo claramente a los beneficiados.
En este camino ahora van las compañías del sector energético que anunciaron la conformación de la Cámara de Energía de la República Argentina. Sebastián Eskenazi fue designado presidente de la entidad. La vicepresidencia primera recayó en Carlos Alberto Da Costa, titular de Petrobras Energía, y la vicepresidencia segunda en Marcelo Mindlin, de Pampa Energía. No es casualidad que frente a las últimas políticas anunciadas por el gobierno en materia de subsidios a la energía, estas empresas se aglutinen para defender su rentabilidad.
Las altas ganancias de estos empresarios se explican además por la gran disminución de los salarios reales que significo la devaluación del 2002, en un mercado laboral donde el empleo no registrado permanece en niveles elevados, cercanos al 35%, similar a los que existían en la década de la convertibilidad. Por eso es importante distinguir en la matriz distributiva argentina quienes son los que mas ganan, y que se han beneficiado ampliamente por la política cambiaria y fiscal del país, como podemos verificar ahora con la retirada de los subsidios a los sectores mas rentables .
Rentabilidad que estos empresarios no están dispuestos a cercenar. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Juan Carlos Lascurain, consideró que la pauta salarial para 2012, al menos en ese sector fabril, debería estar por debajo de los aumentos otorgados en los últimos años. “Hemos incrementado los salarios muy fuertemente en estos años, venimos con pautas superiores al 20%, algunas del 30%, y creo que esta vez deberíamos tender a una pauta inferior”, planteó el empresario.
La presidenta en su discurso en el cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, prometió cambios en la ley sobre riesgos del trabajo (ART), para terminar con lo que calificó de “industria del juicio” laboral.
Estos anuncios y la voluntad empresarial van en contra de los derechos de los trabajadores, que ya han sido fuertemente disminuidos por la flexibilización laboral implementada, y van en contra de una mejora en la distribución del ingreso en el país.
Así lo entendió Hugo Moyano quien convocó de urgencia al consejo directivo de la CGT para acordar en los puntos a exigirle una definición al Gobierno. Entre los que se encuentran: elevar el tope de los salarios para el pago de las asignaciones por hijo; aumentar el tope del impuesto a las ganancias; que se trate el proyecto de ley que presentó Héctor Recalde en la Cámara de Diputados para el reparto de ganancias; y que se resuelva el problema de la deuda millonaria con las obras sociales sindicales.
Habrá que ver cómo concluyen estas negociaciones que implican ni más ni menos que determinar el poder adquisitivo de los trabajadores, la posibilidad de mejorar la calidad de vida de miles de argentinos, y tener noción del camino que va tomando la profundización del modelo.