De Tegucigalpa a Asunción

Por Redacción Marcha

A tres años del golpe militar en Honduras, organizaciones sociales de todo el mundo se solidarizan con su pueblo, con los ojos puestos en Paraguay.

 

A tres años del golpe que destutiyó a Manuel Zelaya como presidente constitucional de Honduras, distintos sectores sociales en toda América Latina recuerdan aquél acontecimiento con la memoria viva de lo ocurrido hace apenas unos días en Paraguay. En El Salvador y Estados Unidos, distintas organizaciones se movilizaron para repudiar el golpe paraguayo y expresar su solidaridad con el pueblo hondureño. Allí, el actual gobierno de Porfirio Lobo -ganador de un polémico proceso electoral realizado por el gobierno de facto cinco meses después del golpe de Estado de 2009- está siendo acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, especialmente hacia los movimientos campesinos. En una entrevista realizada por Marcha hace pocos meses, la dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, explicaba que “contrariamente a lo que se quiere hacer creer, que en Honduras hay una normalización de la situación interna, la realidad es que desde el golpe de estado se incrementó la violencia política. Nos encontramos ante una sociedad que se debate ante una crisis social, política y económica. Como también ante el drama de la sistemática violación de los derechos humanos, que incluye asesinatos casi diarios. En el sector del Bajo Aguán los movimientos campesinos están siendo agredidos y asesinados, hay muchos compañeros secuestrados, torturados y desaparecidos. Se le ha dado luz verde al Ejército en esta política de secuestro, también la Policía opera allí como guardia privada de seguridad de los grandes oligarcas como es el caso de Miguel Facussé. Cuidan los intereses de las trasnacionales gringas. Hay absoluta impunidad que se ha ensanchado a partir de la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

En el mismo sentido se exprezaron diferentes organizaciones sociales con sede en Europa, conformadas por migrantes hondureños y periodistas exiliados. En un comunicado previo a la movilización que realizarán hoy en París, denunciaron que “en Honduras una persona es asesinada a balazos cada 74 minutos (…), el impacto de esta cifra no muestra la amplitud de una violencia política permanente que se suma a los estragos de la delincuencia cotidiana y de la infiltración del crimen organizado. Además, desde el año 2010 el territorio hondureño cuenta con un verdadero enclave militarizado: la región del Bajo Aguán, donde las comunidades campesinas padecen una represión continua en el marco de un conflicto agrario que las enfrenta a los terratenientes”.

Tres años después del golpe militar, diferentes organizaciones sociales de todo el continente movilizarán hoy, para repudiar todos los intentos de golpe en América Latina. En Buenos Aires, el capítulo argentino de los movimientos sociales hacia el ALBA, convoca a movilizar desde la embajada de Honduras hacia la de Paraguay, hoy al mediodía. Es que la relación entre estos dos hechos surge casi espontánea. El mismo presidente Lugo recalcó en una reunión que mantuvo hoy junto con el Frente Guasú, las semejanzas que residen detrás de los dos sucesos.”Aquello, en Honduras, fue un golpe militar y esto es un golpe parlamentario, pero, evidentemente, la vida en Paraguay nunca podrá ser igual después del pasado viernes 22 de junio, sobre todo en el futuro”.

En ambos casos, los movimientos sociales, y especialmente los campesinos, fueron la base fundamental para el sostenimiento de los procesos demócraticos llevados adelante por Zelaya y Lugo ante el hostigamiento de las fuerzas conservadoras, aún en sus fuertes contradicciones internas.

A estos dos ejemplos se suman los intentos golpistas en Venezuela en 2002 y en Ecuador en 2010, mientras que el gobierno boliviano volvió a denunciar un intento de desestabilización luego del que sufrió en 2008, durante el conflicto por la autonomía departamental y la reforma de la constitución nacional.

El caso de Paraguay ya cuenta con la fuerte condena de Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica y Brasil, que no reconocerán el gobierno de Federico Franco e impulsan diferentes sanciones comerciales -como es el caso de Venezuela con respecto al petróleo- y regionales -se rumorea con la expulsión de los representantes de Franco del Mercosur y Unasur-. De todas maneras, la resistencia concreta en ambos casos está planteada en las calles, donde los movimientos sociales continuan reclamando la vuelta a una democracia plena.