Decretos inconstitucionales y software ilegal. ¿Por qué el Gobierno pone en peligro el resultado de las elecciones?

Faltan semanas para las PASO. Las y los candidatos de cada fuerza están definidos y también la forma de contabilizar los votos ya que por primera vez en la historia argentina se tercerizará, en manos privadas, las Elecciones Nacionales. La empresa Smartmatic será la encargada de realizar el escrutinio provisorio el 11 de agosto y el 27 de octubre. ¿En manos de quiénes está la decisión sobre los próximos 4 años?

Por Luz Ailín Báez / 

En enero de 2019, el gobierno argentino anunció las innovaciones que iba a hacer en estas elecciones. Lo hizo Adrián Pérez, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales: se iban a reemplazar los telegramas que históricamente se usaron, que llevaban la información de las urnas al centro de cómputos, por telegramas electrónicos. Simultáneamente, salieron tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) referidos también a modificaciones en las elecciones, referidos a votantes que están en prisión y a los que viven en el exterior. Los Decretos no habían sido publicados en el Boletín Oficial. Todos los medios se ocuparon de estas novedades a través de lo que Pérez dijo, pensando que los DNU estaban vinculados con la transmisión electrónica.

“En verdad fue una maniobra distractiva de las que nos tiene acostumbrados el Gobierno, porque ninguno de los tres DNU hablaba de transmisión electrónica. Los tres decretos, por pretender modificar en algo lo electoral, son absolutamente inconstitucionales. La Constitución Nacional en su artículo 99 dice que el Presidente tiene prohibido sacar decretos en materia electoral. Es decir: no importaba lo que decían los decretos, el sólo hecho de que fueran electorales los hacía inconstitucionales. Esto el Gobierno lo sabía, y entonces fueron declarados, como corresponde, como inconstitucionales”, explica Ariel Garbarz, ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Técnológica Nacional (UTN) y profesor del Seminario de Cibercolonización de la Universidad de Buenos Aires.

En enero -mes históricamente utilizado para sacar medidas antipopulares y evitar las reacciones masivas en contra-, el gobierno contrató a la empresa Smartmatic, de capitales mayoritariamente estadounidenses y que presenta denuncias por fraude electoral en Angola y Filipinas. Lo hizo no mediante licitación -que es como suele manejarse el Estado ante cualquier servicio o proyecto que desee iniciar-, sino mediante compulsa de precios: se pidieron tres ofertas y se eligió la más económica, sin ningún control de si las otras dos empresas oferentes habían anticipado de alguna manera sus precios. “De esa manera se le informó a Smartmatic cuánto era lo que las otras ofertaban, para que ellos presenten el precio más bajo. Y se la contrató en 1millón 360 mil dólares (US$ 1.360.000)”, informó Garbarz. Según el ingeniero, que fue perito consultor de la Justicia y fiscal informático durante las últimas elecciones, el contrato firmado por el gobierno con Smartmatic habla de “transmisión electrónica de las actas” y no de los telegramas.

¿Cuál es la diferencia? Los telegramas son a título informativo para el escrutinio provisorio. Las actas de escrutinio son el documento legal donde se vuelcan los resultados de cada urna y son además los que se utilizan en el escrutinio definitivo que es el que realmente tiene valor legal, que no es el día de las elecciones sino que empieza dos días después. No se hace por transmisión electrónica: se trabaja en el escrutinio definitivo con las actas originales, los papeles, en presencia de fiscales de todos los partidos políticos. Este escrutinio definitivo por ley tiene que demorar dos semanas, diez días hábiles. Cuando aparecen diferencias entre el escrutinio definitivo y el provisorio, la justicia electoral las atiende, se ocupa y en última instancia abre la urna. Asimismo, para poder garantizar la transparencia de una transmisión electrónica -sea el acta de escrutinio o de cualquier otro documento-, desde el protocolo de peritajes de la Justicia Federal se prevé siempre hacer una auditoría o fiscalización informática del software nuevo desconocido.

“Para poder hacerla se necesita poder leer el programa de computación, leer el llamado código fuente. Para esto, tiene que ser accesible. Yo tengo que entender, leerlo, y si conozco el lenguaje de computación con que está escrito ese programa, leo todo lo que hace. Y ahí puedo certificar ante el juez o el fiscal qué es lo que puede y no hacer. Qué vulnerabilidades tiene, si es hackeable, no hackeable, si tiene “algún agujerito” por donde se pueda meter un hacker. En este caso puntual, esto es imposible de hacer porque este software tiene código fuente secreto (software propietario). Es como que a los ingenieros en sistema o en electrónica nos pidan que hagamos una fiscalización o auditoría del código fuente del Word, Excel, Power Point o de Windows: están protegidos por copyright o por derechos de autor, depende del caso. Es un conocimiento que se lo reserva el autor o la empresa propietaria del software”, explica Garbarz.

El caso de Smartmatic es este. Y la ley que rige nuestras elecciones, el Código Nacional Electoral, en su artículo 108 dice claramente que los partidos políticos tienen que poder verificar cualquier software que se utilice en las elecciones. “Como este software no puede ser verificado porque su código es secreto, no se cumple el artículo 108 y por ende este software es ilegal. Independientemente de lo que pueda o no pueda hacer. Aunque no sea un software para hacer fraude, para trampear, para adulterar los votos, directamente ya es ilegal. Si tuviésemos una Justicia Electoral independiente, ya lo tendrían que haber declarado ilegal y por lo tanto, prohibirlo. Si eso ocurriese, volveríamos al sistema de elecciones que usamos desde 1983, desde que volvió la democracia. Que no tiene transmisión con software, ni secreto ni no secreto”, expresó.

Tres pruebas del sistema

El sábado 29 de junio, faltando apenas 40 días para las PASO tuvo lugar la primera prueba del sistema provisto por la empresa Smartmatic con un colapso en la carga del conteo provisorio de votos por un fallo de conexión. A raíz de esto, el tema se instaló en el prime time de los grandes medios. La idea que se vio fue que “Si no pueden resolver una conectividad que es algo básico, cómo se van a hacer cargo de las Elecciones Nacionales”… o que “Es una empresa altamente ineficiente, no puede hacerse cargo del escrutinio”.

Frente a esto, Garbarz dice: “por supuesto que no puede hacerse cargo, pero no por ese motivo. Si llega a funcionar la conectividad y este software secreto, no vamos a saber lo que puede hacer hasta el día de las elecciones”. El sabado 13 de julio se realizó un nuevo testeo del sistema de escrutinio pero con un detalle: no contó con la presencia de los fiscales informáticos de los partidos políticos; solamente los del Correo Argentino y de Smartmatic. Ésta última informó que se efectuó un simulacro con “satisfactoria actividad interna”; en el marco de la capacitación del personal que estará a cargo de las elecciones el próximo 11 de agosto. Por su parte, desde la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación señalaron que “Los resultados obtenidos fueron los previstos: se transmitieron telegramas desde las escuelas y centros de transmisión digital habilitados en todo el país dentro de los tiempos estipulados”; “En esta nueva prueba, Smartmatic ha cumplido exitosamente con el protocolo establecido, brindando el software necesario para capturar y transmitir los datos (telegramas) desde las escuelas de votación hasta los centros de procesamiento de Barracas y Monte Grande, combinando seguridad, transparencia y trazabilidad”, tal consta en el comunicado de prensa. Total normalidad.

La última prueba, que contó con los y las fiscales fue el 20 de julio. El Fiscal Nacional Federal Electoral Dilello citó a Garbarz un par de meses atrás en Comodoro Py para pedirle, como Perito de la Justicia Federal, que le informara sobre este software Election-360 de Smartmatic. La misma empresa tenía publicado, hasta hace unas semanas atrás, un documento en su página web en donde decía que el programa “tiene la capacidad de transformar la valiosa información manejable”:

¿Qué es para ellos transformar? “Van a digitalizar las actas y/ o los telegramas: nuestros votos. Varios especialistas hicieron la mejor interpretación de esas palabras que están en la ficha técnica del software. No se pusieron en el peor escenario. Nosotros los peritos tenemos la obligación de ponernos en el peor escenario. Hubo muchos especialistas que dijeron que era producto de una mala traducción del inglés. Otros dijeron que por transformar entendían transformar la visualización, mostrar los votos en gráfico de barras o en una torta o una tabla en Excel. Hasta los asesores de candidatos/ as de la oposición se encargaron de minimizar el problema. Aún poniéndonos en el mejor escenario de no fraude, el software no se puede fiscalizar, entonces directamente debe prohibirse”, sentencia Garbarz.

Los reclamos a la justicia

Desde enero Garbarz junto con otros especialistas en el tema empezaron a hacer estas denuncias, que no tuvieron prácticamente eco en la ciudadanía ni en los medios de comunicación -salvo casos contados con los dedos de la mano- y tampoco en la dirigencia política y en las y los candidatos. Recién ahora, seis meses después, tras la falla de conectividad en la primera prueba del sistema, todes se alertaron y empezaron los medios masivos a plantear la posibilidad de adulteración de los comicios.

Los apoderados del Partido justicialista, del Frente de Todos y Consenso Federal -las tres fuerzas que tienen más posibilidades dentro de la oposición- fueron a Comodoro Py a plantearle a la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría que no permitiera la transmisión de Smartmatic. Jorge Landau, uno de los apoderados del Partido Justicialista, ya lo había planteado dos meses atrás. La empresa contestó en ese momento que eran código propietario y por lo tanto no accesibles. Sin embargo, la jueza no lo declaró ilegal. No cumplió con la Ley Nacional Electoral, con su artículo 108.

Se apeló, entonces, a la Cámara Nacional Electoral, que está por encima de la jueza Servini de Cubría. El día 28 de marzo la CNE sacó su última acordada donde decía claramente que “toda solución tecnológica, digitalización, transmisión, cómputo, publicación de resultados en el escrutinio provisorio no es competencia de la Justicia Electoral, sino exclusivamente del Ministerio del Interior”, es decir que “la Cámara no va a intervenir en el centro de cómputos, ni en todo el proceso electrónico, digital, informático. Están adelantando que cuando haya una denuncia, no van a intervenir, la Justicia Electoral no va a tener competencia: se va a declarar no competente en el tema electoral”, explica Garbarzy agrega: “los ciudadanos no van a notar nada. Hasta las seis de la tarde y después que se cuentan los votos y se firman las actas, no va a haber ninguna diferencia. Van a entrar en el cuarto oscuro, van a agarrar la boleta, la van a cortar, la van a meter en el sobre, se la van a dar a presidente, le dan el ticket y listo. El ciudadano no va a notar ninguna electrónica en las escuelas. El presidente y los fiscales tampoco. Van a hacer el trabajo de siempre. Hasta que venga uno de los 14 mil empleados que contrató temporalmente Smartmatic y se llevará el acta de escrutinio para transmitirlas. El presidente de mesa, si sabe cuáles son sus obligaciones, va a tener que ir pegado al acta: no puede dejar el acta ni la urna. Tendrá que ir con ambas a otra aula de la escuela donde va a haber una notebook del programa Educ.ar, una impresora multifunción que escanea, va haber una conexión (que es lo que falló en la última prueba) y se va a a transmitir electrónicamente con este software de código fuente desconocido”.

Dado que la Cámara Nacional Electoral ya se expidió y dijo en términos formales que se lava las manos, lo único que queda por intentar es tirar abajo la acordada, apelando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta ahora los apoderados del Frente de Todos, Graciana Peña Fort y Jorge Landau, expresaron que no se puede fiscalizar el sistema nuevo pero no hubo ninguna presentación contra la acordada de la CNE ni documento alguno que exprese que se está violando el artículo 108.

Si los votos que determinarán el resultado de las próximas elecciones van a pasar por un software que los “tramitará” -para no decir ni manipular-, es derecho de todos los partidos políticos exigir conocer cómo es el sistema con que se hará y conocer su fiabilidad. Y de las y los ciudadanos querer saber. Hay un tema que la Justicia tiene que resolver en pos de garantizar el desenvolvimiento de las instituciones democráticas. El presidente de la Nación no es presidente de la Nación legalmente por el provisorio sino por el definitivo. Ahora, mediáticamente es otra historia: los medios de comunicación instalan a los ganadores y perdedores el día del comicio provisorio. Si dos semanas después (que es lo que demora el escrutinio definitivo), nos enteramos que el presidente electo es otro y no el que fue anunciado, vamos a tener un escenario que nunca se vivió en Argentina.