Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia: EE.UU y la OEA en la cocina del golpe de estado

La lectura del informe de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia permite constatar el carácter racista, patriarcal, colonial, imperialista del golpe de estado. Y, en esta segunda entrega, se puede ver al mismo como parte de la estrategia norteamericana de recuperación de su espacio de dominio mundial.

Por Claudia Korol | Foto: Nadia Petrizzo

En las conclusiones con que finaliza el informe se dice: “La Delegación ratifica que el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado planificado por agentes internacionales y grupos locales denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de derrocar al Presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto, en el que se han asesinado a 36 personas”.

1. El papel de los Estados Unidos

Es necesario mirar la realidad convulsionada de Bolivia, sin desligarla de la situación continental y mundial. Observar la iniciativa imperialista norteamericana, en disputa con otros poderes mundiales, buscando recuperar la hegemonía e intentar controlar lo que siempre consideraron su patio trasero. Recordar que la actividad sediciosa de Estados Unidos ha sido muy intensa en los siglos 20 y 21, y que tiene responsabilidad en invasiones, golpes de estado, crímenes de líderes populares, desestabilización de las democracias, guerras e intervenciones.
En 1970, el escritor latinoamericanista Gregorio Selser, publicó el libro “La CIA en Bolivia”, donde da cuenta de la intervención norteamericana en ese país, corazón del continente, a partir de su participación directa en la búsqueda y captura del Che, en 1967.

El intervencionismo norteamericano nunca se interrumpió, y los ataques contra el gobierno de Evo han sido sistemáticos desde su llegada al poder. Desde acusaciones de narcotraficante, planes de asesinarlo, y el golpe de estado, son parte de la agenda gringa para el país que intentó caminos de descolonización y de autodeterminación.

En 2008, a dos años de la asunción del Gobierno de Evo Morales, como “castigo” por la nacionalización de industrias, el gobierno de George W. Bush decidió suspender de forma indefinida a Bolivia de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA por su sigla en inglés). La excusa fue que Evo no “colaboraba” en la lucha antidrogas con la nación norteamericana. Evo Morales calificó esta decisión como una “venganza política” de EE.UU, e informó que las hectáreas de coca se habían reducido en los dos primeros años de gestión en aproximadamente seis mil hectáreas según datos de las Naciones Unidas.

En agosto de 2008 hubo un tira y afloje que anticipó la estrategia golpista de este tiempo. En el referéndum revocatorio, el 67.43 por ciento de los votantes ratificaron a Evo como el primer presidente indígena en el Poder Ejecutivo de Bolivia. Sin embargo la oposición no respetó el resultado y el 19 de agosto de ese año desató un paro cívico, criticando las medidas de Evo Morales de destinar recursos a programas sociales. En ese contexto, se conocieron las reuniones del embajador de Estados Unidos Phillip Goldberg, con líderes opositores, entre ellos Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz desde 2005.

Un momento especial de la crisis se dio cuando la derecha promovió la llamada “Masacre de Porvenir”, el 11 de septiembre del 2008, donde 13 indígenas de distintas comunidades, que eran parte de las movilizaciones contra Leopoldo Fernández, gobernador de Pando, fueron asesinados. Leopoldo Fernández, condenado por esa masacre a 15 años de prisión, es un terrateniente explotador considerado el dueño hacendado de esos territorios.
Vale señalar que en la historia colonial de Bolivia, las masacres son siempre racistas. Lo mismo –el exterminio de indígenas- sucederá en las masacres de Senkata y Sacaba, después de la asunción de la gobernadora golpista Jeanine Añez.

No por casualidad, una de las primeras medidas que tomó la usurpadora del gobierno, Jeanine Añez, fue precisamente liberar a Leopoldo Fernández. La masacradora de Senkata y Sacaba, necesitaba liberar al masacrador de Pando.
En ese momento de la masacre de Pando, y en medio de otras acciones golpistas, Evo decidió expulsar a Goldberg, el embajador gringo, por su complicidad en las políticas desestabilizadoras. En solidaridad con esa resolución, Hugo Chávez decidió también la expulsión del embajador norteamericano en Venezuela, dando ejemplo de cómo es posible hacer política popular y antimperialista, sin arrodillarse ante los poderes mundiales.
En noviembre de ese mismo año, Evo Morales expulsó a la DEA de Bolivia, como medida de defensa de su soberanía, señalando que “la política contra el narcotráfico no puede convertirse en un elemento de colonización”. Criticó la participación política de la DEA financiando grupos para atacar a líderes latinoamericanos, y para realizar golpes de Estado. En 2013 resolvió la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Expresó entonces: “Estados Unidos sigue conspirando. Por eso, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va. Nunca más va a seguir manipulando y utilizando a nuestros hermanos dirigentes”. Y agregó que “no se sometería a los chantajes de EE.UU.”. Se refería a la acción de la USAID de entregar millones de dólares para cooptar a líderes sociales y utilizar recursos para políticas golpistas.
En septiembre de ese año, Estados Unidos anunció que Bolivia formaba parte de la “Lista Negra” conformada por 22 países, entre ellos Venezuela, Haití, Ecuador y Nicaragua, como países productores y tráfico de droga.
Año a año, se conocieron documentos que informaban de los planes de asesinato de Evo Morales (2008), ataques a los gasoductos, y estímulo a movilizaciones contra el gobierno.
Se denuncia en el informe de la Delegación Argentina: “Estados Unidos intenta por diversos medios mantener el dominio de territorios y zonas claves para sostener su poder. En esa carrera, la administración Trump ha retomado con fuerza su presencia al sur del Río Bravo con actitudes injerencistas y mayor rigurosidad y presencia diplomática, militar, comercial, mediática y cultural en la zona. En este marco debe entenderse que Bolivia es una pieza geo-estratégica clave en la región, tanto por su posición geográfica central en Sudamérica como por sus bienes comunes naturales, especialmente el litio”.
Se agrega más adelante: “El nuevo gobierno de facto, tuvo un inmediato reconocimiento de parte del gobierno de los EEUU, de Brasil, Rusia y de otros países de la Unión Europea. Quién asume, cómo asume y quiénes acompañan la asunción serán elementos a considerar para argumentar a favor de que se trate de un gobierno de facto. También nos ayudarán a demostrar el apoyo directo y las complicidades internacionales con la asonada golpista”.

2. El papel de la OEA

En la presentación del informe, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel exigió la renuncia del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. En el informe de la Delegación Argentina se denuncia el papel jugado por la OEA, como instrumento de la política de EE.UU.. El mismo papel nefasto que tuvo en la legitimación del golpe de estado en Honduras, en 2009.
“La OEA es cosa de risa”, recordaba Berta Cáceres la canción del cubano Carlos Puebla cuando después del golpe y de las elecciones fraudulentas con las que se lavaron la cara, se reunió la OEA para reintegrar a Honduras al sistema de relaciones internacionales porque supuestamente se había “restablecido la democracia” a partir del hecho electoral.
En el informe de la Delegación se señala: “El 23 de octubre el gobierno denuncia el inicio de un Golpe de Estado por parte de la oposición de derecha, y que dicho proceso contaba con apoyo internacional. La huelga destituyente se extiende en todo el país y comienzan a darse incidentes entre oficialistas y opositores… El 24 de octubre la Organización de Estados Americanos (OEA) y veedores internacionales de la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Argentina legitiman que se habilite una segunda vuelta, argumentando la necesidad de restablecer la confianza en el proceso electoral. El 25 de octubre, mientras se anuncian los resultados de la elección que daban ganador a la fórmula Morales-Linera con el 47,08% de los votos frente a 36,51% de Mesa, la oposición ya estaba movilizando a nivel nacional desconociendo los resultados y deslegitimando la elección por “fraude”. El 31 de octubre se da curso a la auditoría de la OEA sobre el recuento de votos. La misma fue solicitada por el propio gobierno, pero fue rechazada por la oposición. Como consecuencia, se suceden quemas de varios Tribunales Electorales en las localidades de Santa Cruz, Potosí y Sucre, presuntamente por grupos golpistas. … La OEA el 9 de noviembre emite su informe preliminar donde argumentó “manipulaciones al sistema informático”, puso en dudas que la diferencia fuera del 10 % para evitar la segunda vuelta y fundamentalmente pasó a “recomendar otro proceso electoral…con nuevas autoridades electorales”. Al adelantar el informe preliminar previsto para el 11 de noviembre, acelera el desenlace del golpe y favorece la intervención militar para destituir al presidente.”
Llama la atención, que la OEA adelante inesperadamente el informe preliminar y lo presente el 9 de noviembre, en el momento de mayor conflicto, cuando la policía se había amotinado. En ese informe preliminar deja en la sombra el proceso electoral, y luego tarda más de un mes en presentar su informe oficial, dejando espacio para que este proceso se consolide. Queda claro el papel de la OEA en la creación de las condiciones que favorecieron el golpe de estado.
Resultan absurdas en ese marco, las posiciones de quienes diciendo defender la democracia se hicieron parte de ese escenario golpista, y luego no asumieron las consecuencias en las que derivó el mismo: una dictadura feroz, dirigida sobre todo contra los pueblos originarios, las “mujeres de pollera”, los sectores políticos que formaron parte del gobierno del MAS, y quienes fueron parte de experiencias de poder popular.
Frente a ello, es imprescindible que los movimientos populares que han escrito páginas históricas de solidaridad, continúen denunciando, informando y formando sobre esta dimensión de la política continental, y poniendo el cuerpo en acciones que abracen a los caídos y caídas, que sostengan a sus familias, que atiendan a los heridos/as, que liberen a las y los presos políticos/as, que quiebren el silencio impuesto por el control de los medios de comunicación y la persecución al periodismo de la “palabra verdadera”, y que puedan colocar las luchas por la Unidad de Nuestra América, con toda la fuerza rebelde que requieren las gestas emancipatorias de los pueblos.