Demagogia punitiva y avanzada mediática (2)

Demagogia punitiva y avanzada mediática (2)

Por J.P. Krabbe. Por 211 votos a favor y sólo uno en contra, ya es ley la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Demagogia punitiva que avanza al ritmo de la agenda mediática. El rol del sistema carcelario y el mito de la “re-socialización”.

No cabe duda que los delitos contra la integridad sexual resultan aberrantes, y generan en las víctimas y sus familias heridas psicológicas, físicas, emocionales irreparables, las que se ven reproducidas por las instituciones policiales y judiciales -fieles exponentes de la cultura patriarcal- a lo largo de la investigación penal, poniendo a la víctima bajo sospecha, incurriendo en prácticas y medidas probatorias que la revictimizan y atentan contra su dignidad, exigiendo así a la víctima o sus familiares que deban demostrar justamente eso: su condición de víctima.

Sobre esos aspectos y otros que hacen a la cuestión, el Congreso de la Nación no se ha expedido, cuando podría haber avanzado en proyectos que ayuden a terminar con esas prácticas agraviantes y discriminatorias, lo que demuestra cuáles son los motivos que impulsan este tipo de medidas: el temor a un eventual linchamiento mediático en caso de oponerse o plantear siquiera algún tipo de duda o disidencia ante este tipo de medidas, y/o la oportunidad de avanzar en la construcción de una sociedad cada vez más coercitiva y paranoica. “Nadie puede oponerse a que haya un registro de violadores”, sostuvo la presidenta de la comisión de Familia, Silvia Risko. “De aprobarse el proyecto, no habrá más Ángeles Rawson. Este proyecto protege a las víctimas y combate el delito mediante la patología del violador que siempre es serial”, aseguró el duhaldista y actual candidato de Rodriguez Saá en la provincia de Buenos Aires, Eduardo Amadeo. Amenaza de linchamiento mediático y avanzada represiva: delatores y verdugos.

En la primer parte de este artículo hablábamos de cómo la ausencia de estadísticas sistematizadas permite la proliferación de discursos alarmistas y de dudosa veracidad, propiciando respuestas demagógicas que profundizan la proliferación de políticas de seguridad represivas. A esta situación debemos agregar que muchas veces las escasas estadísticas existentes son registradas y difundidas por las mismas fuerzas de seguridad -que son parte del problema y no de la solución-, con las consabidas posibilidades de abuso, “dibujo” de números para mostrar una supuesta “eficiencia” que no es más que acumulación de apremios ilegales, ausencia de registro cuando nos les conviene por estar involucradas en el delito que se debería registrar, etc.

Actuando en coordinación con determinados medios de comunicación, las fuerzas de seguridad difunden esas supuestas estadísticas de dudosa legitimidad, logrando generar estados colectivos de intranquilidad y su consecuencia “lógica”: el reclamo de una intervención política y policial más fuerte en el control de la seguridad, así como de un aumento del poder autónomo de la instancia policial en la investigación de los delitos (incrementar los poderes policiales en materia de identificación, arresto e interrogatorio de las personas sospechosas, así como de allanamientos, requisas y utilización de la fuerza), además de más presupuesto y manejo de “cajas” (legales e ilegales), más y mejores armas, más patrulleros, aumento del número de efectivos en la calle, etc., todo lo cual es precisamente lo que querían obtener.

También decíamos que un ejemplo de esa producción de desconocimiento social es el argumento que repetidamente esgrimen algunas organizaciones de familiares y víctimas de delitos contra la integridad sexual, y que los medios de comunicación, supuestos especialistas provenientes del campo de la psiquiatría, y referentes políticos irresponsables, suelen abonar y reproducir -sobre todo en años electorales-, el cual sostiene que el registro de datos genéticos se justifica a partir de estadísticas que dan cuenta de los elevados niveles de reincidencia que se contabilizan en casos de agresores sexuales. Estadísticas sobre las cuales, vale aclarar, no existen registros oficiales. Lo que nos interesa ahora es intentar encontrar allí, en esa insistencia argumental, algún “núcleo de buen sentido” a rescatar (concepto desarrollado por el marxista italiano Antonio Gramsci) a rescatar.

Desde una perspectiva político-criminal, tanto este argumento como el registro convertido en ley el pasado día miércoles, pone en evidencia el rotundo “fracaso” del sistema penal-punitivo, es decir, la supuesta “re-socialización” como fin del tratamiento penitenciario.

Por supuesto no resulta razonable que, ante la certeza de semejante “fracaso” (que no es más que la expresión última de una ideología política represiva que no tiene nada más para ofrecer), debamos esperar que esas “buenas conciencias” deban orientar su pensamiento hacia el siguiente paso en la cadena lógica: el abolicionismo penal.

La imposibilidad de comprender ese estado de situación (constitutivo) del sistema penal-punitivo-carcelario por parte de quienes esgrimen semejantes argumentos, se expresa en la presuposición de que el individuo necesariamente reincidirá en su accionar, entendiendo en tal sentido que los condenados por delitos contra la integridad sexual tienen una natural predisposición a la comisión de este tipo de delitos.

El hecho de que en pleno siglo XXI sigamos hablando de comportamientos socio-culturales fundados en supuestos patrones naturales habla más de los fundamentos político-ideológicos de quienes profieren semejantes aseveraciones arbitrarias y estigmatizantes, que de una supuesta psicopatología que no pretendemos ni nos consideramos capacitados de abordar aquí. Lo que sí podemos afirmar al respecto es que quien comete un delito de esa naturaleza difícilmente sea “rehabilitado” si carece de un tratamiento acorde.

La realidad demuestra que las cárceles son replicadoras de violencia, sobre todo hacia aquellos condenados por delitos sexuales. La pregunta entonces podría ser: ¿Sirve una propuesta como ésta para paliar la ausencia de políticas de prevención de delitos contra la integridad sexual y revertir el evidente “fracaso” del sistema penal-punitivo-penitenciario argentino?