Dependencia, conflicto social e inflación

Por Francisco J. Cantamutto*

Hace tiempo que en Argentina se instaló el debate de la inflación como uno de los problemas macroeconómicos claves. Las particularidades del fenómeno.

 

La región, el mundo

América Latina ha sido históricamente una región inflacionaria, aunque cada país vivió esta experiencia como propia. De estos y otros puntos compartidos de realidad, emergió hace más de cuatro décadas la llamadaTeoría de la Dependencia, con autores como Gunder Frank, dos Santos, Bambirria, Marini, entre otros. Según sus análisis, nuestra región se inserta en la acumulación mundial creando lazos de subordinación en los planos comercial, financiero, productivo, tecnológico -y también cultural, político, etc.

Con los recientes conflictos desatados por medidas sobre el cambio del dólar, queda en evidencia que las monedas de nuestros países no logran funcionar como reserva de valor en un sistema mundial de acumulación. Esto se debe a que Argentina, y los países de la región, aún no poseen la capacidad tecnológica, militar, ni política para respaldar frente a los países centrales el valor generado en la producción. Sistemáticamente, nuestros países exportan valores a través de la remisión de regalías, intereses, dividendos y también por el pago a la fuerza de trabajo y de los recursos naturales locales por debajo de su costo de reproducción.

La moneda local entonces no funciona como reserva de valor. Si no es capaz de “retener” la referencia a los valores producidos, esa moneda compra cada vez menos bienes y servicios. Así, los precios de las mercancías suben en relación a la moneda, esto es lo que genera inflación. La dependencia dentro del sistema mundial de acumulación significa que la inflación es una amenaza permanente, administrable, pero no eliminable. Mientras nuestra región esté atravesada por esta subordinación, la moneda está destinada a perder referencia de valor. A las iniciativas de “pesificar” la economía argentina, no pueden escapar estas reflexiones: no alcanza con la voluntad de “pensar” en moneda local, es necesario alterar el circuito de inserción externa del país.

Restricción externa

En Argentina, también en esos años se empezó a hablar de restricción externa a la acumulación, al dar con que el crecimiento era limitado por el acceso a recursos externos: valores intercambiables y acumulables a escala mundial. Diamand -autor muy citado entre defensores del actual modelo kirchnerista- señalaba la existencia de distintas productividades sectoriales, que favorecían un crecimiento más que proporcional de las importaciones. Este empresario industrial proponía la aplicación de tipos de cambio múltiples, según las distintas productividades. Esto implicaba el empleo de devaluaciones, que generaban una inflación de tipo cambiario, no por demanda ni por oferta. Este componente no sólo explica la inflación de 2002/03, sino también el impulso de las pequeñas devaluaciones permitidas desde 2008: el tipo de cambio pasó de $3 por dólar a una cifra mayor a los $4,50, lo cual implicó una devaluación del 50%.

Oscar Braun señalaba a esta restricción como una expresión de dependencia comercial, tecnológica y productiva. El control monopólico -mayormente extranjero- de la estructura productiva, y su rezago tecnológico respecto de los países centrales, hace que estos empresarios obtengan sus cuantiosas ganancias sobre la base de desvalorizar el precio de la mano de obra y de los recursos naturales locales. El objetivo último de una devaluación es desvalorizar la fuerza de trabajo. Hablar, como hoy lo hacen algunos referentes de la derecha, de “ajustar el tipo de cambio” atrasado es un eufemismo para pedir ajuste salarial.

Conflicto social

A partir de este enfoque hay que señalar otro componente de la inserción externa dependiente: el conflicto social. Ni los trabajadores aceptarán fácilmente el ajuste, ni todos los empresarios están de acuerdo con la devaluación e inflación a tolerar. La protesta y movilización social fueron el motor para la recuperación salarial post-Convertibilidad. Esta recuperación, aunque resistida, fue tolerada por los empresarios hasta que el salario real alcanzó su nivel de 2001. No en vano, el llamado al Pacto Social en la campaña presidencial de 2007 conciliaba a todos los empresarios.

Desde ese año, usando la inflación calculada a partir de los institutos provinciales de estadística -y no del INDEC-, el salario real promedio se ha estancado. Esto indica una dinámica de disputa social por el excedente donde ninguna clase -o fracción o alianza- se logra aún imponer de modo claro sobre el resto. Cada sindicato pelea por superar la inflación real, posicionándose respecto de una disputa interna. Los empresarios trasladan a precios los aumentos otorgados, y el poder de mercado es la herramienta clave para evitar “pagar el pato”. En este sentido, la inflación de estos últimos años tiene un elevado componente de disputa social por el excedente.

El gobierno, desde 2007, ha implementado algunas medidas de política social muy relevantes -la Asignación Universal por Hijo podría ser un hito de ellas-, pero no ha intercedido de modo terminante en esta disputa a nivel estructural. Al no haber alterado la estructura productiva altamente concentrada y extranjerizada, permite la carrera de aumentos de precios, siempre más veloces que la lucha por subir el salario. El retraso de los salarios públicos y sus interferencias en las internas sindicales no son buenas señales. Puede señalarse a su favor que “sólo” devaluó un 50%.

Según parece, existe espacio para definir la disputa social por el excedente, pero no se puede confiar y esperar por definiciones favorables del gobierno: es necesario presionar activamente por ello. En el mismo sentido, y para evitar nuevos brotes inflacionarios que esterilicen las mejoras nominales del salario, es necesario exigir medidas efectivas contra la dependencia externa, en sus expresiones comerciales, productiva, tecnológica, financiera.


*Economista. Profesor de la Universidad Nacional del Sur