Por Pablo Heiber. SOPA es un proyecto de ley actualmente en debate en el congreso de EEUU que mantiene despiertos a todos los cabilderos de tecnología en Washington.
La ley SOPA (siglas en inglés de “ley de detención de la piratería online”) fue presentada por el legislador republicano Lamar Smith el 26 de octubre de 2011. Según Smith su objetivo es “aumentar las posibilidades del Estado para combatir el tráfico online de propiedad intelectual y el comercio de productos fraudulentos”.
Esta legislación autorizaría al departamento de justicia de Estados Unidos a buscar fallos judiciales en contra de sitios no estadounidenses acusados de infringir leyes de copyright. Conseguido esto, se procedería a sancionar indirectamente a esos sitios. Podrían prohibir a servicios que procesan pagos online (como PayPal o Visa) o que facilitan poner publicidad paga en los sitios (como Google AdSense) a hacer negocios con el sitio en cuestión. También se considera en el proyecto intentar bloquear el acceso mediante órdenes a los proveedores de internet o eliminando los sitios de los resultados de los buscadores.
El texto además responsabiliza a los sitios que muestran contenido producido por los usuarios (redes sociales, blogs, sitios de video) de detectar y eliminar violaciones a la propiedad intelectual, estableciendo castigos para los sitios que no lo hagan. Además la ley aumentaría notablemente las penas existentes por reproducir contenido registrado sin autorización.
A favor
El proyecto es patrocinado actualmente por 24 legisladores, tanto republicanos como demócratas. Fuera de la cámara, las organizaciones que dependen del copyright apoyan ampliamente la medida; especialmente las asociaciones que nuclean a los estudios de cine, a los editores de música, a las compañías de televisión por cable y a editoras de libros. Un conglomerado de compañías tecnológicas como Microsoft, Apple, Dell e Intel también han favorecido la idea a través de asociaciones de las que forman parte. Algunas compañías multinacionales de otros rubros como Nike, L’oreal, Pfizer y Ford también apoyan la iniciativa.
Los argumentos oficiales se basan en la defensa de la propiedad intelectual para favorecer los negocios. En el caso de los medios de comunicación, el uso de nuevas tecnologías de acceso a la información atenta directamente contra sus ganancias por venta directa en formatos offline. Dentro de los rubros no informáticos, el interés se debe principalmente a que muchas marcas alternativas comercializan sus productos de forma online, por ser una forma con amplia llegada y económica para pequeños y medianos negocios.
En contra
Entre los opositores al proyecto de ley hay una gran diversidad de entidades y de grupos. Entre ellos se encuentran principalmente las organizaciones que bregan por la libertad de información y especialmente aquellas que trabajan sobre la libertad en internet y los software. En este grupo se incluyen también algunas corporaciones grandes como Mozilla (desarrolladora del navegador Firefox) y organizaciones como Periodistas sin Fronteras y Human Rights Watch.
Entre quienes se oponen al proyecto de ley, se encuentran algunas de las empresas más grandes de internet: Google (dueña además de YouTube), Yahoo!, eBay, Facebook, Twitter, LinkedIn y AOL. Estas empresas se han pronunciado públicamente en contra del proyecto y presionan a los legisladores para que desestimen la iniciativa. Aunque llame la atención que este grupo de empresas esté del lado opositor, la razón es concretamente económica. Si bien cuestionan el proyecto desde posturas ideológicas y resaltan los inconvenientes técnicos que presupone su implementación, la ley atenta directamente contra sus intereses sin darles a cambio ningún beneficio, por el contrario aumenta sus responsabilidades por la violación de copyright. De todos modos este reagrupamiento ha dejado a Microsoft como la única gran empresa de negocios online que apoya el proyecto.
Los argumentos de los opositores responden a distintos aspectos de la ley. Los más reitereados tienen que ver con asuntos técnicos e ideológicos. Respecto a la parte tecnológica aseguran que el bloqueo total es virtualmente imposible, y que los mecanismos que prevé la ley generarán molestias a todos los usuarios, pero que sin embargo no serán capaces de detener las descargas. En este sentido, se afirma que si la medida se efectiviza y y se pone práctica con dureza, el mecanismo conocido como DNS (servicio que traduce nombres amigables como google.com, marcha.org.ar o smn.gob.ar a direcciones de red) podría quedar inutilizado.
Por otro lado cabe recordar que en Estados Unidos el movimiento a favor del “free speech” es fuerte incluso entre algunas facciones conservadoras y liberales. Son éstos quienes con mayor fuerza vienen argumentando ideológicamente contra el proyecto de ley. Garantizado constitucionalmente a partir de la famosa primer enmienda, el derecho a la libertad de expresión ha sido clave en muchos enfrentamientos judiciales en Estados Unidos.
Si bien en Argentina no hay aún rumores de ninguna legislación similar, antecedentes recientes de los casos de Taringa! y Cuevana hacen pensar que los ecos del debate no se harán esperar.