Derrame en Jáchal: ¿La contaminación sustentable?

Por Melisa Argento/ Foto por Natalia Saá

Conversamos con dos integrantes de la Asamblea Ciudadana de Jáchal, donde un mes atrás se produjo un derrame de cianuro en el río cercano a la mina sanjuanina que explota la Barrick Gold.

En el marco de las actividades convocadas para el taller “Territorio y maldesarrollo” organizado los días 7 y 8 de octubre por la Fundación Rosa Luxemburgo en la recientemente creada oficina de Enlace Buenos Aires, pudimos dialogar con integrantes de las diferentes asambleas ciudadanas en lucha contra la mega minería de múltiples ciudades y localidades argentinas: como Mendoza, Jáchal (San Juan), Esquel (Chubut), comunidad Winkul Newen (Neuquén), las 33 Comunidades de Salinas Grandes y Salinas de Guayatayoc (Salta y Jujuy) y la Mesa Provincial “no a las represas” (Misiones).

Entre los diferentes testimonios de los presentes resaltaremos aquí la palabra de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Jáchal, Domingo Jofré y Saúl Ceballos, habitantes de la localidad sanjuanina donde un mes atrás se produjo el derrame de solución cianurada sobre el río Potrerillos.

Jofré y Ceballos relataron que fue el domingo 13 de septiembre cuando los habitantes del poblado comenzaron a recibir mensajes por Watsap, donde se les informaba que había ocurrido un accidente en la empresa Barrick Gold, por el cual se había producido la rotura de una válvula que es parte de un caño que traslada agua cianurada al llamado valle de lixiviación, parte del proceso de explotación de oro de la mina Veladero. Los pobladores sintieron que el horror los invadía.

Un poco después, la plaza del pueblo era sede de una reunión auto convocada de 100 personas que querían hablar con el Intendente. Al no recibir respuesta satisfactoria, a la mañana siguiente los movilizados ascendían a 500 personas. En asamblea decidirían los cursos de acción, pedidos de informes, monitoreos, controles y programación de actividades con el objetivo de conscientizar a los ciudadanos. Mientras tanto, representantes de la Barrick Gold salieron de manera inmediata, a comunicar que se había tratado solamente de un “problema técnico”, específicamente en una válvula, pero que de ninguna manera se había producido contaminación del agua. El mismo gobernador, José Luis Gioja, ratificó por esos días el mensaje de la contingencia técnica que fue rápidamente controlada.

Sin lograr conciliar tranquilidad, los Jáchalinos continuaron exigiendo la realización de estudios y peritajes sobre los niveles del agua. El martes 15, el Gobierno provincial informó que se iniciaría una denuncia penal por el derrame de cianuro generado por la Barrick Gold, pidiendo además a las comunidades de El Chinguillo, Malimán y Angualasto estricta precaución con el consumo de agua.

Pero tuvieron que pasar varios días hasta que la empresa canadiense elevara un informe preliminar para el Ministerio de Minería de San Juan. En concreto, se habrían vertido 224 metros cúbicos (224 mil litros) de solución cianurada por el lapso de 1 hora y 45 minutos, tiempo en el cual se identificó el derrame y se cerró la compuerta del canal norte, que es el que conduce el agua a un sistema de piletas más abajo y termina en el río Potrerillos, uno de los afluentes de la cuenca del río Jáchal.

Verdades que salen a la luz

En adelante, una serie de informes de diferentes entidades y organismos públicos determinarían valores y conclusiones contradictorias sobre los riesgos para el consumo humano. Pero los habitantes de Jáchal se rehúsan a consumirla.

Uno de los informes mencionados es el de la UNOPS, organismo dependiente de la ONU, para el cual el gobierno de San Juan desembolsó una cifra estipulada en 2.147.346 dólares más un costo de “administración” de 64.420 dólares en 2011, provenientes del Fondo de Regalías Mineras del Ministerio de Minería de la Provincia.

El director Regional de América Latina y el Caribe de UNOPS, Fabricio Feliciano, comentó que los primeros informes estarán para el mes de octubre (aunque pasados 16 días del mes todavía no estén). A su vez, afirmó que aunque no fue presentado el informe, el proceso de “auditoría en campo para los proyectos Lama y Veladero” están concluidos, pero no los de Gualcamayo y Casposo. Por último, el representante solicitó una prórroga para la vigencia del proyecto hasta junio de 2016. La realidad es que, pese a las enormes cifras invertidas en este organismo, los resultados del trabajo de ese equipo son aún desconocidos, así como la responsabilidad que le compete en la prevención del derrame de solución cianurada.

Por otra parte, la Universidad Nacional de Cuyo presentó en su portal web un informe en el que asegura que el Río Jáchal tiene una contaminación con metales “en dosis de hasta 1400 % por encima de los valores tolerables”; lo cual revela que sí hubo contaminación del suministro local de agua en la localidad de Jáchal. El trabajo se realizó por encargo de la Municipalidad de Jáchal y las muestras fueron tomadas al día siguiente del derrame. El informe de la Universidad describe que “se encontraron aluminio y manganeso (en gran proporción), además de arsénico, boro, cloruros y sulfatos, peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona. Además, se detectaron bacterias muy nocivas y difundidas, como la Escherichia coli, en el fluido en la zona donde se originan los ríos montañosos”. Las razones avalan, así, la preocupación y la denuncia de los vecinos.

El juez civil en la causa que investiga la negligencia de la empresa imputó al jefe de Procesos de la mina Veladero. Leandro Poblete habría sido uno de los responsables que firmó el acta de apertura de la compuerta del canal del Norte, sitio por donde se filtró la solución cianurada hacia los cauces del río.

El fin de los discursos bonitos

Efectivamente, lo que está pasando en Jáchal es un claro ejemplo de uno de los por qué de las luchas y resistencias sociales contra los proyectos de minería que abundan en todo el territorio argentino. Así lo cuentan Jofré y Ceballos: “Nosotros tenemos dos objetivos: por un lado, en lo urgente, clamar un plan de remediación y que se escuche a nuestro pueblo cuando se hable de un nuevo proyecto[1]. Es en este sentido que exigimos ¡remediación ya! El segundo objetivo que tenemos es el de contar nuestra experiencia a otras comunidades que están amenazadas por este tipo de emprendimientos, para que de ninguna manera den la ‘Licencia social’ a las empresas, para que nunca les ocurra lo que nos acaba de ocurrir a nosotros”.

Como si faltaran más argumentos, los asambleístas continúan explicando que los proyectos mineros les ganan la licencia social a los pueblos bajo la promesa de la generación de empleo y del desarrollo sustentable. “Nosotros podemos decir que el desarrollo sustentable es tan solo un discurso bonito para algunos, porque no lo tenemos, no se ha dado la generación de empleo genuino en forma permanente en la población de Jáchal y ahora tenemos un problema ambiental que quién sabe cuánto tiempo lleve reparar y hasta dónde se extienda”, explican.

Y también amplían diciendo que la empresa “llegó con la promesa de generación de pleno empleo mientras se iniciaba la explotación de Veladero. Hoy la mina ya ha cumplido 10 años, le deben quedar pocos años de vida útil y lo primero con lo que se quiere argumentar la llegada de ‘nuevos’ emprendimientos es, otra vez, que se generaran puestos de empleo de forma permanente. Se produce, así, una suerte de encadenamiento de mentiras que mantiene a los pueblos sacrificados prácticamente de rehenes. La gente acepta por la pobreza y porque no tiene otras alternativas, lamentablemente nosotros somos el ejemplo de lo que verdaderamente ocurre”. Y cierran de forma contundente: “Jáchal, como muchos pueblos empobrecidos, sistemáticamente se tragó la minería, pero se la tragó de la misma manera que el pez se traga la carnada, por hambre y por inocencia”.

 

[1] Si bien se dice que ya se está trabajando sobre el proyecto del Carmen y el proyecto Chita, que son muy cercanos a este proyecto minero, existen además muchísimos proyectos “en carpeta” en el territorio de la provincia de San Juan.