Derrotero de la ley anti despidos

Por Francisco J Cantamutto

El debate del momento económico se centra en la llamada ley anti despidos. La idea de veto por parte del gobierno de Cambiemos frente a una ley que defienda el trabajo y al campo popular. ¿Qué hay en juego?

Por acuerdo entre diversos bloques de diputados, se espera aprobar en la sesión de mañana, jueves, el proyecto con media sanción enviado desde el Senado. El proyecto en cuestión prevé la suspensión de los despidos por 180 días, un plazo menor que el proyecto original discutido en la Cámara de Diputados. El presidente, Mauricio Macri, dio a entender –y lo confirmó el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio– que en caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo vetaría la ley.

El proyecto original, promovido por la izquierda en el Congreso, ganó impulso cuando las centrales sindicales se presentaron ante la Cámara de Diputados y reclamaron alguna medida de contención ante el deteriorado escenario social. A pesar de la negativa del gobierno de Cambiemos a reconocer el marcado deterioro social, y el bloqueo estadístico provocado por la no publicación de datos del INDEC, semana a semana se suman consultoras privadas que constatan la ola de despidos. Una de las últimas en sumarse fue Tendencias Económicas, que demostró casi 140.000 despidos en la etapa Cambiemos. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino de la AFIP confirman que la cantidad de empleados y empleadas en el sector privado bajo condiciones de formalidad cayó respecto de 2015 en no menos de 20.000 personas. La ola de despidos es una realidad y requiere una veloz respuesta. La propuesta era declarar la emergencia ocupacional nacional hasta fin de año –y retroactiva a marzo– y prohibir así los despidos.

La multiplicación de proyectos fue la jugada del gobierno para dilatar el debate mediante la confusión de posibilidades. Para esto, contó con la complicidad de diversas fuerzas políticas. La reunión de Macri con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, rindió frutos, pues esta fuerza inició una ronda de debate sobre una ley propia con supuesto énfasis en las PyMEs, que pasarían a ser el argumento de extorsión en el debate. La ley, sin embargo, sólo promovía mecanismos de contención de la crisis para este sector empresarial –que, vale la pena remarcar, abarca empresas de hasta 500 empleados– y dejaba el nudo del problema sin ninguna mención: los despidos en las grandes empresas. Este sector concentrado del poder, a pesar de haber recibido todos los beneficios de las políticas del gobierno, están aprovechando para suspender y cesantear masivamente. Como mecanismo de “purga” del capital, la idea de una crisis es suficiente para despedir, sin comprobación fáctica. La falta de control y la “señal” del Estado al despedir sin causa justa (toda la pantomima de los nunca comprobados “ñoquis”) promovieron esta práctica.

Por su parte, el gobierno presentó la ley de Primer Empleo, un revival de la flexibilización de la Convertibilidad, donde se quitaban contribuciones patronales para aquellas empresas que contratasen jóvenes. Aunque ciertamente este sector social es víctima de toda clase de abusos con la excusa del aprendizaje y la falta de experiencia (que se volvieron legales merced a las reformas laborales menemistas, que habilitaron los contratos basura aún vigentes), el proyecto del gobierno no apunta a resolver esto, sino a precarizar aún más. La pérdida de contribuciones patronales como mecanismo para abaratar el empleo no ha resultado antes en la Argentina ni en otros países, pues no reconoce límite para lo que el empresariado puede exigir sin dar nada a cambio. Lo único que produce es pérdida de recursos fiscales, situación que termina sirviendo para justificar la necesidad de nuevos ajustes.

El propio Frente para la Victoria (FpV) apuró el proyecto alternativo en el Senado, que sólo alcanza los 180 días a partir de la aprobación de la ley. Rápidamente aprobado, la presidenta de la Cámara, Gabriela Michetti, dilató lo más que pudo el envío a la otra Cámara, pero cedió ante la presión social. La mayoría de las fuerzas ha anunciado su interés por aprobar este proyecto, incluso el Frente Renovador. Se prevé por ello su aprobación, no sin debate. A los pedidos urgentes de que se le dé curso, por parte de las centrales sindicales, expresados en la masiva manifestación del 29 de abril, se sumó la semana pasada la presencia organizada de las PyMEs en el Congreso. Sus cámaras representativas (APYME, CEEN, CGERA, CAME y CADIEEL) dejaron claro que no se oponían a la ley, porque el problema no estaba en los despidos sino en el plexo de medidas tomadas desde el 10 de diciembre, que incluye, pero no se limita a, la devaluación, el tarifazo, el aumento del combustible, la liberalización del comercio y el aumento de las tasas de interés. Es que para una empresa pequeña, el costo de una indemnización es tan prohibitivo como su doble, no es el eje del problema.

En cambio, el llamado Grupo de los 6, una nueva confluencia organizada de lo más concentrado del capital, hizo expreso su repudio a la ley. El conjunto del empresariado más poderoso (la Unión Industrial, Adeba, la Bolsa de Comercio, Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción y la Cámara Argentina de Comercio) se encuentra despidiendo masivamente en este momento. Consideraron –en consonancia con el gobierno– que esta ley era una mala señal porque “modificaba las reglas de juego”. Bajo esta lógica, se debería cerrar el Congreso, pues toda nueva ley es por definición una regla. Haciendo abuso de la política de la expresión de deseos, el gobierno y el Grupo de los 6 afirma que es necesario cuidar el “clima de inversiones” para que el segundo semestre haya reactivación. Conocida excusa, este “clima” parece alterarse con cualquier política que toque sus intereses.

Por esto mismo, el gobierno ya ha expresado su decisión: vetará la ley. Esto es de suma gravedad y sirve de muestra de lo que Cambiemos entiende por democracia: cada quien dice lo que gusta o piensa, y luego se impone la decisión de quien tiene más poder. Se trata de una demagogia de la peor calaña.

Pero contra su propia voluntad, Macri se vio obligado a proponer alguna alternativa ante los despidos. Por eso, firmaron un pacto con cerca de 200 empresas, que expresaron “querer comprometerse en mantener la plantilla”. Además de ser notable cómo diluyen su responsabilidad, ni siquiera pudieron afirmar no despedir, sino mantener el número total –lo cual, en el contexto de falta de control estatal, permite las peores prácticas de reemplazo de trabajadores/as en peores condiciones. Las fuerzas organizadas del capital concentrado no están dispuestas a conceder, menos cuando tienen un gobierno que las defiende a toda costa.

Sin lugar a dudas, la ley antidespidos es una propuesta defensiva, que no puede alterar el rumbo de la valorización del capital y sus consecuencias. Pero es una ley necesaria para poner freno a la brutal ofensiva contra la clase trabajadora, y debe servir como punto de confluencia mínimo contra las ambiciones revanchistas de Cambiemos.