Drogas: alcances y desafíos de la despenalización

Drogas: alcances y desafíos de la despenalización

Por Sebastián Basalo*. El Sedronar anunció que presentará dos proyectos de ley sobre consumo de sustancias, la legislación más postergada del oficialismo durante una década. ¿El fin del paradigma prohibicionista? Alcances y desafíos de una política soberana sobre las drogas.

El Frente para la Victoria (FPV) parece decidido a afrontar una de sus deudas más postergadas: la reforma de una desastrosa ley de drogas que en un cuarto de siglo de vigencia multiplicó geométricamente el narcotráfico, encerró a miles de ciudadanos por una elección de consumo y arruinó la salud de otros tantos de miles al reprimirlos ferozmente, en lugar de ofrecerles una alternativa sanitaria. Desde la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) anunciaron que ya se elaboraron dos proyectos de ley para terminar con la criminalización de los usuarios de sustancias ilegales y que en los próximos días serán enviados al Congreso de la Nación para su discusión. Más allá de los límites y alcances de estos proyectos, la concreción de un cambio en la legislación de drogas que rige inalterada en Argentina desde el 21 de septiembre de 1989, implicaría un quiebre en el engranaje prohibicionista y abriría las puertas para que nuestro país encare de una vez por todas una salida hacia una política de drogas soberana más justa, humana y racional.

La represión al consumidor

La producción, el comercio y la adquisición de sustancias ilegales en Argentina se encuentran totalmente desregulados. La acción del Estado en torno a estos fenómenos está determinada por la ley 23.737 y se basa en la represión tanto de las personas que las producen y las venden, como de las que las consumen, lo que en un cuarto de siglo de vigencia generó consecuencias catastróficas. Miles de usuarios de drogas son criminalizados todos los años por parte de fuerzas policiales que utilizan estas estadísticas de detenciones para poder mostrarle a la sociedad un trabajo de persecución al narcotráfico que no realizan porque, precisamente, lo controlan y organizan, como se hizo evidente en los últimos años a partir de los casos de las cúpulas policiales descabezadas y procesadas en las provincias de Córdoba y Santa Fe, y del caso “Candela” en la provincia de Buenos Aires. A cambio de lo que el especialista Marcelo Saín da en llamar el “cobro de un impuesto ilegal”, las fuerzas policiales, de base territorial, establecen qué bandas de delincuentes llevan adelante la venta de drogas en cada sector de cada provincia del país. Y obviamente, como todo empresario, no van a atentar contra su propio negocio.

Todas las detenciones por drogas son registradas como “infracción a la ley 23.737” y, al estar penalizada la mera tenencia, las fuerzas policiales no tienen que especificar para qué tenía la droga la persona a la que se detuvo (eso lo hace un juez durante el proceso penal). Esto no solo habilita la detención masiva de consumidores y la vieja costumbre de plantarle sustancias a personas para armarles causas, sino que les permite a estas fuerzas mostrar en televisión grandes “acciones contra el narcotráfico” o megaoperativos contra narcopalomas donde luego se comprueba que no había pruebas de comercio.

Pero como efectivamente es un juez quien determina si la tenencia de drogas es para consumo o para comercio o una mera “tenencia”, basta con revisar las estadísticas del poder judicial para comprobar el funcionamiento de este sistema macabro. Según la Procuraduría de Narcocriminalidad, durante el año 2012 se detuvieron a 9.414 personas por tenencia de drogas para consumo personal, casi el 40 por ciento del total de causas iniciadas por “infracción a la ley 23.737”. Sólo el 3 por ciento de las causas iniciadas por infracción a dicha ley concluyó en una investigación por comercio. Estamos hablando de que en nuestro país se encierra a un consumidor de drogas por hora mientras que de cada cien causas por drogas, sólo tres son por tráfico.

Según consta en los expedientes judiciales, estos miles de usuarios criminalizados cada año son, en su mayoría, personas de estratos sociales bajos, quienes menos posibilidad tienen de defenderse de la policía o de contratar a un buen abogado, por lo que terminan dependiendo de que les toque un juez que bregue por sus derechos y garantías. Pero además se da un fenómeno particular, que estudió y fundamentó con estadísticas el fiscal Adrián García Lois: los consumidores detenidos, en su mayoría pobres, no son abordados en los barrios marginales donde van a dormir, sino en los grandes centros urbanos.

El sociólogo Emiliano Flores se pregunta con mucha pertinencia en su columna dominical del suplemento Ni a Palos (www.niapalos.org/?p=17527), si no será ésta la razón por la cual los curas villeros afirman que en sus barrios no ve a ningún pibe criminalizado. Desconociendo este fenómeno, el grupo de clérigos representados por el padre José “Pepe” Di Paola se oponen a la descriminalización argumentando que no es el momento ya que se estaría dando un mensaje incorrecto a los jóvenes que hoy sufren por consumir drogas. “¿Cómo decodifican los chicos de nuestros barrios la afirmación de que es legal la tenencia y el consumo personal?”, se pregunta este grupo de curas en uno de sus últimos comunicados. La concepción de la represión como base de la educación es una costumbre en la Iglesia, tan arraigada en algunos sectores del clero que hace que ante el fenómeno del consumo de drogas ilegales, al tiempo que reconocen la necesidad de descriminalizar al usuario afirman que no están dadas las condiciones de atención sociosanitaria para librar a las personas de un castigo injustificado. Algo así como aceptar la necesidad de abolir la esclavitud, pero oponerse a dar el primer paso en el reconocimiento de derechos argumentando que la plaza inmobiliaria no está en condiciones de ofrecer viviendas adecuadas para futuros hombres y mujeres libres.

En lo que parece ser un debate interno de la Iglesia en tiempos donde la figura papal renovó parte del poder simbólico de la institución milenaria, en oposición a la postura de los “curas villeros”, los “curas de la opción por los pobres” salieron a reclaman la necesidad imperiosa de terminar con la criminalización de los consumidores y centrar el accionar del estado en proteger la salud de esas personas. El razonamiento que formularon es tan simple como elocuente: “Nos parece que el tema es urgente y que este sí es momento de debate: ¿Si no cuándo? […] Es evidente que en estas condiciones, el único criminal es la víctima”.

En agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo unánime, declaró que la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal viola el artículo 19 de la Constitución y, por ende, es ilegal, a la vez que instó al Congreso a reformar la ley 23.737. Sin embargo, en Argentina los fallos de la Corte rigen sólo para el caso concreto y no son obligatorios para el resto de los jueces. Desde 2009 hasta ahora, el 60 por ciento de los magistrados aplicaron en sus fallos la doctrina suprema. Pero el otro 40 por ciento no, argumentando que la ley sigue vigente y en la misma se estipula claramente una pena de cárcel para quien tenga drogas o cultive marihuana para consumo personal. Hace 15 días, Fernando Colombini fue sentenciado a cuatro años de prisión por cultivar ocho plantas de marihuana para su propio consumo.

En 2012, luego de una marcha multitudinaria que reunió a 100 mil personas en 23 ciudades del país reclamando por la inmediata despenalización de la tenencia de drogas y el cultivo de cannabis para consumo personal, representantes Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y Frente Amplio Progresista acordaron un texto para reformar la ley de drogas en vías de terminar con la criminalización de los usuarios y cultivadores. Pero durante una de las dos jornadas de audiencias públicas en las que una abrumadora mayoría de los asistentes apoyó la reforma a la ley 23.737, el entonces Cardenal Jorge Bergoglio acusó en un acto a pocas cuadras del parlamento de “mercaderes de la muerte” a los que apoyaran la despenalización. Luego de esta dura postura de la Iglesia y las fuertes presiones recibidas por parte de las fuerzas policiales y varios intendentes del país, el oficialismo clausuró la discusión a días de que sea tratada en las comisiones del Congreso.

Fue precisamente ése el año del interinato de Rafael Bielsa al frente de la Sedronar, tras 8 años de gestión de José Ramón Granero, un acérrimo defensor de la prohibición y la criminalización de los usuarios que actualmente se encuentra procesado el tráfico de toneladas de efedrina (materia prima para el desarrollo de drogas sintéticas) cuando estaba al frente del organismo. En esos largos años, Granero había impedido que en el país se dé cualquier tipo de debate acerca de las políticas de drogas que se venían llevando a cabo desde 1989. Consecuentemente, la Sedronar no desarrolló ningún tipo de política tendiente a resolver la situación de los usuarios con problemas de consumo, a los que siguió destinando a entidades privadas carentes de protocolos sanitarios y a las que les pagó millones de pesos año a año. En marzo de 2013 Bielsa se retira de la Sedronar y la secretaría iniciaría una larga acefalía durante la cual el gobierno nacional no emitió señal alguna de un cambio en las políticas de drogas, más allá de las declaraciones aisladas del Secretario de Seguridad Sergio Berni y otros funcionarios respecto al fracaso de la prohibición y la necesidad de dejar de perseguir a los consumidores y regular los mercados hoy ilegales.

A fines de 2013 se produjo un hecho inimaginable. Un miembro de la Iglesia, fue nombrado por la presidenta Cristina Fernández al frente de la Sedronar. Era la primera vez en la historia democrática de nuestro país que un sacerdote formaba parte del gobierno. Y teniendo en cuenta la histórica posición eclesiástica respecto a la descriminalización de los usuarios de drogas y el hecho de que meses antes Jorge Bergoglio se había convertido en el Papa Francisco, el futuro parecía bastante oscuro. Sin embargo, a poco de asumir al frente del organismo, Juan Carlos Molina afirmó que la función de la Secretaría era “sacarse la gorra” y, hace algunas semanas, sorprendió a todos anunciando el envío al Congreso dos proyectos de ley para terminar con la criminalización de los usuarios de drogas y los cultivadores de cannabis para su consumo.

Según los borradores de los proyectos que circularon estas semanas, en uno de ellos se penalizaría sólo la tenencia de drogas y el cultivo de cannabis con fines de comercio, es decir que la policía y los jueces deberán probar que alguien está vendiendo la sustancia que tiene o el cannabis que cultiva antes de detenerlo o allanarle el domicilio, sin importar la cantidad de sustancia o plantas que tenga. En el otro proyecto, se fijaría una cantidad de cada sustancia ilegal por debajo de la cual se considerará que es para consumo personal y por ende no punible (50 gramos de marihuana, 6 plantas de cannabis, 5 gramos de cocaína y una cantidad aún no estipulada de éxtasis y LSD). En el caso de que alguien sea hallado con una cantidad de sustancia o plantas mayor a la fijada, podrá ser sometido a un proceso judicial y, si se comprueba que esa sustancia no es para consumo personal pero tampoco hay pruebas de comercio, la persona podrá acarrear con una pena de hasta 6 años de cárcel.

Las consecuencias de la sanción de ambos proyectos son bastante diferentes. En el primer caso, la obligación del Estado de acumular pruebas de venta antes de detener a una persona que tiene drogas en su poder o cultiva marihuana, implicaría un límite sólido a la corrupción policial y centraría el accionar de la fuerza y la Justicia en el comercio de drogas. En cambio, el modelo por cantidades, si bien fija límites que en principio parecerían seguros, le permitiría a la policía plantar la cantidad de sustancia necesaria para superar la cifra de consumo personal y así seguir inventando causas, a la vez que habilitaría que muchas personas que superen esas cantidades sigan siendo criminalizadas hasta que consigan un buen abogado para defenderse. Teniendo en cuenta el accionar policial, más que una posibilidad, hablamos de lo que serán futuras prácticas ilícitas.

En ninguno de los casos se terminará con el narcotráfico, algo que solo ocurrirá cuando el estado decida regular los mercado de drogas ilegales como comenzó a hacerlo recientemente Uruguay con la marihuana. Pero sí reduciría la criminalización de los 400 mil consumidores de drogas que, según cifras de ONGs, fueron detenidos en los últimos 25 años de vigencia de la actual ley 23.737, para que recién entonces el Estado pueda acercarse a ofrecerles una mano a los usuarios que lo necesitan. La posibilidad asistir socio-sanitariamente a quienes tienen problemas de consumo de drogas, en tanto no se deje de criminalizar a las personas por sus prácticas, es apenas una ilusión.

A semanas de que termine el periodo legislativo de 2014 y de que se inicie una carrera electoral donde todos los candidatos presidenciales con chances de triunfar ya hicieron pública su posición a favor de seguir mandando presos a quienes consumen sustancias ilegales, los diputados y senadores elegidos por el pueblo tienen en su manos la definición del futuro de la vida y la salud de cientos de miles de argentinos.

*Director de la Revista THC