Despidos en la planta de Cresta Roja

 Por Mario Hernández / Foto por Leon kobane

Panorama sindical en una semana de desalojos y resistencias: el cierre de la planta de Cresta Roja en Ezeiza y la resistencia de los trabajadores de la Línea 60 de colectivos.

 

“La planta de Cresta Roja en Ezeiza dejó de funcionar y ya no va a abrir sus puertas”, precisó Adolfo Etchehun del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y anunció para el lunes una movilización para reclamar por los 5.000 trabajadores que se verán afectados teniendo en cuenta el ciclo productivo.

La segunda mayor empresa avícola del país ya se había presentado el año pasado a concurso y según Etchehun, este año ya habían despedido a 680 empleados de los 2.900 trabajadores directos.

Los últimos 400 despidos generaron un conflicto sindical al que la empresa, que pertenece al grupo Rasic Hnos., culpó por sus crisis. “Luego de haber discutido durante seis meses distintas alternativas para achicar los costos insostenibles, en la actualidad sólo es factible producir esa reducción con el despido masivo de un 30% de la dotación actual”, señaló la compañía en una carta emitida hace apenas dos días y en la que había amenazado con cerrar sus puertas.

La maniobra fue interpretada como un elemento de presión tanto para el sindicato como para el Gobierno, al que reclaman mayores subsidios.

Línea 60: casi un mes de lock out patronal

Comisiones internas, sindicatos de base, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos rodearon de solidaridad a los trabajadores de la Línea 60 que llevan adelante un conflicto por la reincorporación de 53 choferes, en una asamblea abierta realizada el pasado miércoles en Constitución, en la que además se decidió una gran marcha que se llevó adelante el jueves desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo.

Finalizada la asamblea se marchó hasta la cabecera Constitución de la empresa para apoyar a los choferes encerrados dentro de la valla dispuesta por la Policía Federal por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría, que impide la circulación de colectivos, en un fallo que avala a los empresarios.

Por su parte, la compañera del delegado Héctor Cáceres, uno de los choferes encerrados en la cabecera, indicó: “estamos viviendo una situación de angustia con mis hijos, pero vamos a seguir con la lucha, resistiendo. Hoy quise pasarle cigarrillos, porque aparentemente sería algo así como un terrorista, y no me dejaron. Acá hay muchas irregularidades, esto es la violencia institucionalizada por parte de la patronal, de la justicia clasista, de la burocracia de la UTA, del Ministerio de Trabajo, del de Transporte, de la CNRT. Esta es la complicidad de todo el aparato del Estado, que la única respuesta que nos da es mandarnos 200 efectivos de infantería para que los compañeros estén ahí sufriendo el encierro”.

Acindar

En Villa Constitución, a 55 kilómetros de Rosario, una huelga por tiempo indeterminado puso en alerta a una ciudad que gira en torno a Acindar, la siderúrgica que es líder en la producción de acero y hoy está en manos de capitales indios.
Después de los primeros despidos, los operarios comenzaron con asambleas en la fábrica y Acindar decidió redoblar la apuesta: le prohibió el ingreso a otros 6 trabajadores efectivos que tenían más de 10 años de antigüedad. Después de 7 días de paro, la semana pasada, el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria, pero la solución sigue lejos.
“La empresa hace dos años que viene planteando que tiene que achicar costos y aumentar productividad por la competencia con el acero chino. El problema es que buscan ser competitivos a costilla nuestra y ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores”, declaró Silvio Acosta, miembro de la comisión interna y secretario general de la CTA autónoma en Villa Constitución. Cuenta que los despedidos pertenecen al sector de colada continua, uno de los que implica más riesgo de accidentes y alta peligrosidad, donde se trabaja con acero líquido. Y afirma que ya existen antecedentes que refuerzan la posición del sindicato. “Es un sector que no se puede achicar porque tiene que ver con la seguridad. Nosotros manipulamos hierro y acero líquido. Hace dos meses, explotó la planta de reducción directa y hace un mes se pinchó una colada, una especie de cuchara gigante, y derramó todo el acero. No hubo muertos de milagro”.

En la planta de Villa Constitución, hay 2400 obreros: 1200 son empleados por Acindar y otros 1200 son tercerizados que realizan tareas de limpieza y reparaciones. Los despidos que comenzaron el 1º de julio no fueron justificados. Para la CTA, se trata de persecución gremial aunque también existe un trasfondo económico. La empresa afirma que al parate que genera la crisis energética se le sumó en el último tiempo una baja de producción a causa del ingreso de 50.000 toneladas de acero chino para la construcción de dos obras fundamentales a las que abastecía: la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner, en Santa Cruz, y Atucha III, en la provincia de Buenos Aires.

“Este año fue difícil. Antes de este paro que duró 7 días, ya habíamos tenido otros 7 paros por diversas situaciones y cambios de política de la empresa. Hay ajustes que se están sufriendo y como trabajadores tenemos que rechazarlos. Hay un enfriamiento de la economía y lo vemos nosotros también pero la gerencia de Recursos Humanos cambió su política y ahora viene con la mano dura”. El que habla es Pablo González, de 35 años, miembro de la comisión directiva de la UOM de Villa Constitución, alineada a nivel nacional con el jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló.

“La empresa esparce el miedo. Quieren instalar el fantasma de Paraná Metal”, agrega Pablo González. Se refiere a la autopartista que pertenece al empresario kirchnerista de Cristóbal López, una compañía que además de cargar con una historia negra de despidos y suspensiones, sigue con conflictos y amenaza incluso con cerrar sus puertas.
La conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo vence el 28 de julio. Tanto Acosta como González coinciden en que durante ese lapso, no habrá nuevas medidas de fuerza en la fábrica. Pero anticipan que si no hay acuerdo, lo que viene serán más días de paro.

La Confederación del Transporte se reunió con el candidato presidencial de la izquierda

Jorge Altamira fue invitado por la CATT en lo que constituye un reconocimiento al desarrollo sindical y político del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

La delegación que acompañó a Altamira, integrada por Juan Carlos Giordano (candidato a vicepresidente), Néstor Pitrola (candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires), Rubén “Pollo” Sobrero (a vicegobernador), Carlos Pacheco (Transporte del Oeste) y David Carballo (Subtes), se valió de este encuentro para desarrollar sus posiciones y difundirlas a través de los medios de comunicación.

En particular, los despidos en Acindar, Siderca, Lear y tercerizados telefónicos, entre otros. El sabotaje a las empresas recuperadas y a las cooperativas de trabajo como Zanón. El establecimiento de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Un mínimo de $ 8.500 para las jubilaciones y el 82% móvil. La nacionalización de la gran propiedad agraria y el repudio definitivo a la deuda externa.

En lo inmediato plantearon la urgencia de apoyar mediante un paro del sector la reincorporación de los choferes de la Línea 60, con quienes se reunieron inmediatamente después del encuentro.

Aunque expresaron el reconocimiento por la invitación, destacaron que un número elevado de dirigentes sindicales participan de las listas de los partidos patronales para las próximas elecciones, lo cual no solo refuerza su pérdida de autonomía, sino que tiene lugar cuando los candidatos principales anuncian un ajuste feroz contra los trabajadores. También señalaron la falta de apoyo a las luchas fabriles y reivindicaron la independencia del Estado y la democracia sindical.