Deuda de la dictadura refinanciada(II)

Deuda de la dictadura refinanciada(II)

Por Alejandro Olmos Gaona. Para el autor es de vital importancia conocer el origen de la deuda que el Gobierno argentino pretende honrar, y también identificar cuál es la deuda privada ilegalmente estatizada.

Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada por la dictadura era de 5500 millones de dólares al 10 de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de Cogasco que era de 918 millones de dólares, la que fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que sumadas ambas obligaciones nos da un stock de deuda proveniente de la dictadura de 6418 millones de dólares.

A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones contraídas con Alemania para la construcción de la Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los 1000 millones de dólares, que si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre del 1983. Es decir que este crédito recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único no cuestionable, por haber sido empleado para los fines por los cuales fue solicitado y el carácter democrático del gobierno que intervino en su efectivización. Para no citar varios documentos que así lo determinan, solo haremos referencia a la nota enviada por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, al presidente del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la propuesta de la “reprogramación de los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas antes del 10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio”.

Debemos hacer un paréntesis para referirnos a la deuda de la empresa Cogasco, actualmente reclamada por Holanda, que es una evidencia más de los manejos especulativos de los inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura, la que fue investigada por un cuerpo de auditores del Banco Central en 1984.

La empresa, fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste que unía a las provincias de Neuquén y Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba estando controlada la sociedad por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares se recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank, de los cuales entraron al país 292, siendo depositado el resto en el exterior, el que fue utilizado por la empresa para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban movimiento de divisas, con el dinero de la empresa existente en el exterior. Los auditores encontraron una serie de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas por el Amro Bank de Holanda, que como integrante conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a los negociadores argentinos, para transformar deudas inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la suma de 2000 millones de dólares.

En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de U$D 918.3 millones, debido a “fondos no ingresados al país no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo de pases” Sin embargo y a pesar de las evidencias incontrovertibles que surgían de toda la documentación analizada, el jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, Carlos Melconian, elevó con fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía textualmente: “No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro Oeste (informe 480/160 (Expediente 105.322/86) serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A. al 31 de diciembre de 1985 (…) Todo ello implica registrar como deuda de la República Argentina y de Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por un monto estimado de UD$ 955 millones”. El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N° 2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los directores Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada luego por el doctor Marcelo Kiguel, vicepresidente a cargo de la presidencia del Banco Central con fecha 21 de septiembre del referido año.

A la deuda de la dictadura refinanciada en el año 1992, se sumaron otras obligaciones contraídas por el gobierno de Menem, lo que explicaría el incremento de la deuda, hasta la cifra que actualmente se conoce. En lo que hace a la que provenía de la dictadura, como lo consignara anteriormente habría quedado en 1879 millones de dólares en el año 2001, por lo cual si se suman los intereses hasta la fecha, que pretende cobrar el Club de París, el resultado sería la deuda neta dejada por la dictadura que correspondería impugnar, dejando sujetas a revisión las otras obligaciones de la década del 90.

Quizás lo difícil para desentrañar la exactitud de las cifras, y mostrar las nuevas deudas, que ayer se acordaron con el Club de París, lo constituye la inexistencia de documentación verificable en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Las cifras que he consignado en los párrafos anteriores son solo datos estadísticos tomados de la Subsecretaría de Financiamiento y del Boletín Fiscal de la Nación. Y decimos esto porque en el año 2009, se solicitó al Ministerio datos sobre las deudas, sin que se me pudiera informar nada al respecto. En el año 2011, se pidió al ministro de Economía información sobre lo que se iba a pagar, sin merecer respuesta alguna. Se volvió a insistir, y el director de Deuda Pública del Banco Central, contestó que se debía pedir la información al Banco Central de la República Argentina. Enviada la nota correspondiente a la licenciada Marcó del Pont, presidenta del banco, se informó, que ellos no tenían ninguna documentación y que había que pedirla en el Ministerio de Economía. Como en una verdadera comedia de enredos, cada una de esas instituciones le adjudicaba a la otra la posesión de documentos que aparentemente ninguna tenía. Finalmente a los pocos meses recibí una nota del contador Amado, director del Departamento de Deuda Externa del Ministerio, acompañando un listado de acreedores, con montos, indicando que esos datos eran toda la documentación que tenían. Ello significa que el gobierno a negociado la deuda, sobre unos pocos e insuficientes datos, sin que exista documentación respaldatoria alguna, dejando nuevamente al arbitrio de los acreedores la fijación de los intereses, y los punitorios, como ya ocurriera en otro momento.

La Base Sigade del Ministerio de Economía, da los montos pormenorizados de los acreedores bilaterales, pero como decimos son solo informaciones estadísticas, porque la documentación no se encuentra, según la información oficial en nuestro poder. Ello supone, como en otras épocas negociar sobre la base de la documentación en poder de los acreedores, lo que supone un verdadero despropósito.

Esto de la inexistencia de documentación sobre la deuda, no es algo nuevo, ya que en diversas oportunidades el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, solicitó al Banco Central, datos sobre la deuda externa pública y privada, informándosele, que no tenían documentación alguna, y solo datos estadísticos, sin valor contable.

La conclusión final es el acuerdo del ministro Kicillof, reconociendo una deuda de 9700 millones de dólares, pagaderos en julio 650, en el 2015, 500 millones de dólares más y cinco cuotas, con intereses, aunque excepto un escueto comunicado, no se conocen los detalles del cálculo sobre la deuda, y los intereses, más los punitorios reconocidos.

El habitual exitismo del gobierno, muestra este acuerdo como un gran triunfo y la presidencia, se nos indica que ahora las inversiones van a llover, debido a que hemos legalizado un delito. Esta es la forma habitual de manejar las cuentas públicas por parte de los funcionarios del Estado, y después como resultado de la violación de sus deberes, se debe pagar una deuda que solo tiene como fundamento la exigencia de los acreedores, y sus propios registros, utilizándose para ello el dinero proveniente del trabajo de todos los argentinos, que el gobierno maneja con total discrecionalidad. Sobre las supuestas inversiones, el tiempo mostrará cual es la realidad de las mismas.