Deuda externa: complejidades en el mundo del Coronavirus

En los próximos días el Ministro de Economía, Martín Guzman, reiniciará las negociaciones de la deuda externa en un escenario sustancialmente modificado por el Coronavirus y la volatilidad de las bolsas internacionales y el precio del petroleo. Opina Francisco Cantamutto.

Por Agustín Bontempo

La deuda externa argentina es una de las cargas más pesadas que cae sobre la población a lo largo de nuestra historia. Esta situación ha tenido vaivenes, con el colapso reciente que nos deja como herencia el gobierno de Mauricio Macri que, entre otras cosas, tomó la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A diferencia de la deuda preexistente al macrismo que demandaba también su investigación, en este caso es evidente a los ojos de cualquier ciudadano. Al mismo tiempo que ingresaban los prestamos del organismo financiero, miles de millones de dolares se fugaban del país amparados por las facilidades que le otorgaba el gobierno de turno. Mientras, crecía una herencia que condenaba a la miseria a millones de argentinos y argentinas que se sumarían a la ya vergonzosa cifra de pobreza e indigencia que azota a nuestro país.

En ese sentido, el debate sobre qué hacer con la deuda externa está sobre la mesa. El gobierno reconoce la inviabilidad de la deuda, denuncia los mecanismos a través de los cuales se hizo posible contraerla e incluso se atreve a denunciar su ilegalidad e ilegitimidad, llegando a citar las bases y condiciones del propio FMI. Sin embargo, estos posicionamientos y la búsqueda de apoyo internacional tienen el objetivo de pagar la deuda pero buscando mejores condiciones para la negociación, orientando recursos indispensables para el desarrollo de la economía nacional y la inversión en servicios públicos a costa de una deuda odiosa que siembra más y más problemas.

Sin embargo, la situación tuvo una sustancial modificación en la coyuntura mundial: la propagación del coronavirus. Independientemente de cómo están abordando la situación los países (especialmente los más afectados), existieron medidas drásticas que movieron el tablero económico. Tal es así que en las últimas semanas todo el comercio internacional se vio trastocado por la pandemia, sumando jornadas negativas para las bolsas de todo el mundo, además de la delicada situación que se abrió luego de la falta de acuerdo en la cumbre de la OPEP, que generó un derrumbe en el precio del petroleo.

En ese marco, el gobierno debe renegociar la deuda. Francisco Cantamutto, economista e integrante de un nutrido grupo de especialistas que circularon una declaración en torno a la deuda, afirma que “el gobierno declaró la cantidad de bonos a reestructurar: 68 mil millones de dolares en jurisdicción extranjera. Básicamente en manos de tenedores privados que, de acuerdo a las leyes votadas, irá a renegociar Guzmán como la persona mandatada. Pero el road show que iba a empezar en estos días fue suspendido por el coronavirus y por lo tanto va a realizarse a través del contacto virtual. No obstante, se está avanzando en la negociación con un esquema que aunque no se sabe el detalle de la propuesta, va a constar de reducción en tasa de interés, montos y/o extensión de plazos”.

La negociación no se hará exenta de la participación de los buitres tenedores de bonos argentinos. Sin embargo, el escenario parece tornarse algo más favorable para la Argentina. Según Cantamutto, “el número que están hablando es de una reducción del 50%, considerando que los bonos están cotizando entre 35 y 40%, los tenedores podrían estar teniendo una ganancia capital”. Además, afirma que “muchos de los fondos buitres ya presentes estaban esperando si los bonos estaban por debajo del 35% para salir a comprar y repetir la lógica del juicio prolongado pero para eso necesitaban que el valor fuera muy bajo. Sin embargo, la situación del Coronavirus que acaba de estallar cambió la realidad porque al desplomarse las bolsas del mundo, incluso los papeles argentinos empiezan a ser más creíbles que otras tenencias, otros bienes”.

El señalamiento que hace Cantamutto no está al margen de las condiciones generales que se manifiestan al inicio del presente artículo. En la Declaración Pública titulada “La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa”, firmada además de Cantamutto, por diversos profesionales y especialistas como Claudio Katz, Claudio Lozano, Alejandro Bercovich y Alejandra Roffinelli, entre otros y otras, afirma que “aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias”.

Luego de cuatro años donde se profundizó la vulnerabilidad de sectores medios y populares de la población, estos ejes no son mera retórica. La principal deuda está con el pueblo. En ese sentido, la declaración asegura que “avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares”.

Contemplando este escenario, Cantamutto sentencia que “la caída de las bolsas en general lo que hace es que todos los papeles valgan menos y al generar una corrida de esa calidad afecta incluso a los especuladores con la deuda. En ese marco es posible que Guzmán consiga alguna mejora en la maduración de los bonos pero no obstante esto podría implicar continuar la lógica de pagos. Frente a esto es que surge la necesidad de ir por una política más radical y en base a eso, la declaración”.

Por la suspensión del pago y auditoria de la deuda

Así como manifestábamos la posición del gobierno entorno al pago de la deuda, también hay otros espacios políticos que proponen una alternativa. En ese marco se encuadra la “Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda”, un amplio espacio que nuclea organizaciones sociales y políticas que va desde la izquierda hasta algunos sectores vinculados e incluso integrados al gobierno actual.

En una reciente declaración del espacio, afirman que “la prioridad debe ser otra: garantizar nuestros derechos y necesidades básicas. Por eso planteamos suspender todo pago e iniciar una investigación integral y participativa de los reclamos. Cuestionar el origen y uso de la deuda y del acuerdo con el FMI, conocer las responsabilidades y los beneficiarios, denunciar su carácter fraudulento y su funcionamiento como mecanismo de dominación, antes de negociar su pago, es una necesidad para cualquier decisión soberana”. Además, asegura que “suspender los pagos, mientras se investiga, es necesario para no convalidar el fraude y para poder reactivar la economía, generar empleo, salarios dignos, educación, salud, vivienda y oportunidades. La exigencia para la sostenibilidad de la deuda pública, la imperiosa necesidad de acumular divisas para su pago, implica la aplicación de políticas de saqueo, contaminación, exclusión y pérdida de derechos laborales y sociales”.

Con esta base, la campaña viene desarrollando diversos espacios de difusión y debate sobre las posibilidades concretas de impulsar la suspensión del pago y su investigación. Por ejemplo, el último jueves, hubo una conferencia de prensa en la sede del Banco Central (BCRA) y decenas de mesas de difusión esparcidas por diferentes puntos del país. Esto se suma a diversas actividades que se vienen impulsando como la proyección del documental Fondo, de Alejandro Bercovich, charlas-debates, entre otras.

En la misma sintonía que la Autoconvocatoria, la Declaración Pública a la que hacíamos mención debate contra las posiciones apocalípticas y asegura: “¿Qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados ´voluntarios´ de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora”.

A continuación, transcribimos la Declaración Pública completa.

La deuda pública externa es impagable y en buena parte odiosa

Quienes firmamos esta declaración, profesionales, investigadores/as y docentes, todos/as del área de las ciencias económicas, queremos manifestar nuestra preocupación por el elevado endeudamiento público de la Argentina y el curso que está siguiendo la negociación. Somos conscientes que ello supone un gran condicionante de la política económica, que se constituye en una hipoteca que afecta a la mayoría empobrecida de la población. Tanto desde el Gobierno como desde el FMI se sostiene que la deuda no es sustentable, que no existe capacidad actual de cancelación y por ende se sugiere un proceso de renegociación que involucra posponer cancelaciones de deuda al FMI y a los prestamistas privados, en algunos casos estirando vencimientos y en otros, generando quita de intereses y de capital. En cualquier caso, aún en una exitosa “negociación”, el pago de la deuda se constituye en una gravosa obligación a costo del sacrifico social. Pagar la deuda, hoy o más adelante, supone pérdidas de derechos sociales y ajustes fiscales en desmedro de los más necesitados, con un impacto mayor en las mujeres y las disidencias. Es un resultado que escamotea a los grandes beneficiarios del endeudamiento, o sea, del uso de los dineros desembolsados por los prestamistas, sean privados o el propio FMI.

El Presidente de la Nación sostuvo, en la inauguración del periodo legislativo, que el destino de los fondos desembolsados entre 2015-2019 está en estudio en el Banco Central, lo que debería abonar para una tarea de la bicameral de la deuda y más aún para una comisión con participación popular de auditoría de la deuda. Se estima que gran parte de los desembolsos del FMI tuvieron como destino “fuga de capitales”, sea por pagos de intereses de deuda, remesas de utilidades al exterior o constitución de activos externos de residentes locales. Resulta así que un mínimo de esos recursos fue constituido como reservas internacionales. Esclarecer esta cuestión no es un tema menor, ya que podría accionarse judicialmente contra los responsables directos e indirectos de esta verdadera estafa al pueblo argentino. Sostenemos que hay responsabilidades en funcionarios nacionales intervinientes en la suscripción de diferentes modalidades de endeudamiento, también de los prestamistas externos, conocedores de la no sustentabilidad de la deuda pública del país. Es un argumento insoslayable al momento de definir a la deuda pública de la Argentina como Deuda Odiosa, ya que no satisfizo necesidades de la sociedad y tanto el prestatario como el prestador eran conscientes de la incapacidad de pago en los términos en que se asumieron los préstamos.

Avanzar en pagos de la deuda, aun con quitas de capital e intereses y corrimientos de los plazos de los vencimientos, supone volver a endeudarse para seguir pagando. Los pagos, aún menguados, demorarán la reactivación de la economía y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social afectada por la elevada inflación y la recesión. Incluso, más allá de cualquier negociación, nada asegura que en poco tiempo el país retome una nueva crisis de deuda, más aún cuando hay serios indicios que la economía global podría deslizarse hacia una nueva recesión, lo que perjudicaría nuestras exportaciones y por lo tanto el ingreso de dólares. Así un nuevo rescate del Fondo sería inevitable y colocaría a la Argentina en el rumbo de Grecia, con renovados ajustes tras ajustes que profundizarían la recesión, debilitarían la recaudación fiscal mientras crecerían el desempleo y la pobreza. También puede ocurrir que los poderosos fondos de inversión no acepten quitas importantes de deuda y exijan cobrar algo en efectivo, reducir poco o nada la carga de intereses y conocer el acuerdo con el Fondo antes que firmar su propio acuerdo. En este caso serían los propios fondos los que provocarían el default. Si así fuera la economía se dislocaría, el dólar blue estaría por las nubes y el precio de los bonos se derrumbaría.

Por el contrario ¿qué puede suceder si frente a la intransigencia de los fondos el gobierno tome una acción soberana y declara su propio default? Esto significaría suspender unilateralmente los pagos e iniciar una investigación integral. Se dice que quedaríamos aislados financiera, comercial y políticamente. ¿Acaso no estamos sin acceso a los mercados “voluntarios” de crédito desde marzo del 2018? ¿China o Brasil dejarían de comprarnos y vendernos? ¿El FMI, la OCDE, el G20 o la OMC nos expulsarían de sus filas? Nada de esto sucedió antes ni sucedería ahora.

Por lo antedicho proponemos:

  1. Que la Deuda Pública de la Argentina sea investigada, auditada de manera integral e independiente, con participación popular, para lo cual los organismos estatales deben estar al servicio de esa Auditoria Popular. Así lo ha establecido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012. En ese camino puede abonar la investigación en curso en el BCRA, para nutrir la bicameral y la participación popular.
  2. Que al tiempo que se investiga la deuda, se suspendan los pagos, contemplando una diferenciación entre los prestadores. Especialmente aquellos vinculados a la política de seguridad social. Aludimos a los títulos en poder de ANSES y otros ámbitos del Estado, a quienes deberá establecerse un régimen particular para evitar el colapso de la política social y/o de seguridad social.
  3. Que en la deuda con el FMI, sustentada en las consideraciones políticas de los principales accionistas del Fondo para otorgar el préstamo, en particular EE.UU., debe discutirse la legalidad de la actuación del Fondo y por lo tanto proponer la nulidad de lo actuado, claro, con las responsabilidades de los funcionarios y entidades involucradas en el accionar. Argentina debe denunciar al FMI ante la ONU por los incumplimientos de su Carta Orgánica.
  4. Que se organice un Censo de tenedores de títulos, con detalle de las operaciones de compra, relativas a los valores de adquisición y cruzando la información con entes de recaudación tributaria en diferentes países. Se busca evitar la legitimación de acciones especulativas y de evasión fiscal. Ello incluye investigar en detalle la fuga de capitales.
  5. Que es necesario derogar la Ley de Entidades Financieras vigente desde los tiempos de la dictadura y fuente de todas las maniobras bancarias y las sociedades financieras. También sancionar una legislación contra los fondos buitres, en el camino de las acciones internacionales impulsadas en 2014/5 en el ámbito de Naciones Unidas.

Nosotros y nosotras sostenemos que las medidas propuestas son la consecuencia lógica y coherente de haber declarado que la deuda es impagable e insostenible. Más aún, es odiosa. Que además está viciada de nulidad. No es legítima, ya que no ha sido autorizada por el Congreso Nacional.

Que constituyen una salida a la actual crisis, no exenta de problemas, pero basada en la defensa del interés nacional y de los intereses concretos de los/as trabajadores/as y los sectores más desprotegidos.

Buenos Aires, marzo de 2020.

Dr .Claudio Katz. Docente, investigador UBA-CONICET; Dr. Martín Schorr, IDAES/CONICET; Lic. Claudio Lozano, Coordinador de IPYPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas); Lic. Gabriela Roffinelli, Coordinadora del Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial de CLACSO, Docente UBA; Lic. Alejandro Bercovich, Periodista; Dr. Julio C. Gambina, SEPLA, UNR; Lic. Beverly Keene. Docente UBA; Dr. Enrique Elorza, Coordinador Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, UNSL; Lic. Andrea C. Haro Sly. UEDP-Tucumán; Lic. María Julia Eliosoff Ferrero. Economía Feminista, UNLP/SEC; Dr. Mariano Féliz. Investigador CONICET / UNLP / Sociedad de Economía Crítica (SEC); Dra. Agostina Costantino. Investigadora CONICET / UNS / SEC); Dr. Facundo Barrera. UNLP/CONICET/SEC; Lic. Sergio Arelovich, Docente UNR; Dra. Luciana Ghiotto. UNSAM-Conicet; Lic. Lucas Castiglioni, UNICEN, Tandil; Dr. Francisco Cantamutto. Investigador CONICET / UNS / SEC; Dr. Pablo Ernesto Pérez. Investigador CONICET / UNLP / SEC; Daniel Campione, UBA; Lic. Karina Forcinito. Docente investigadora UNLu/UNGS/UBA; Dr. Andrés Musacchio Idehesi-UBA/CONICET; Dr. Andrés Wainer. FLACSO/CONICET; Dr. Néstor Forero. Auditor Causa Olmos; Lic. Alejandro Marco del Pont, UNLP; Lic. Leonardo Pérez Esquivel. Auditor AGN: Lic. César Crocitto, UBA; Dr. Jesús Plaza y Guillermo Robledo, Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe; Eduardo Lucita, EDI; Lic. Demián García Orfanó, Del. ATE Min. de Economía; Lic. Rosario Escola, UBA; Dr. Jorge Francisco Cholvis. Lic. Luis Laferriere. UNER.