Comenzaron los primeros diálogos entre el gobierno colombiano y las organizaciones campesinas de paro hace tres semanas. Luego de detenciones arbitrarias y asesinatos por parte de la policía, se vislumbra una posible solución al conflicto.
Luego de 22 días de Paro Agrario y Popular en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha dado los primeros signos de acercamiento para resolver el conflicto, en torno a la situación de los trabajadores del campo en el país. El vicepresidente Argelino Garzón, fue autorizado por el mandatario, para encabezar las primeras negociaciones con las organizaciones que promueven la medida que mantiene paralizado el país caribeño. Para ello, se han debido registrar 485 heridos -11 de ellos con armas de fuego- 262 detenidos, y doce fallecidos por la represión desatada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), primera respuesta gubernamental ante el conflicto.
En el día de ayer se reunieron en la Gobernación de Popayan, los gobernadores de Caquetá (sureste), Nariño y Putumayo (suroeste), Tolima (centro occidente), Cauca y Huila, el coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), una delegación de representantes del Defensor Nacional del Pueblo, el mismo Garzón y representantes de las organizaciones campesinas, nucleados en la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA).
Allí, se firmó en la tarde de ayer una acta de acuerdo entre las partes, que prevé el fin de los bloqueos que mantienen paralizadas aún 13 regiones colombianas, y la designación de una “Comisión de Alto Nivel”, que discutirá en profundidad los seis puntos presentados por la MIA al comenzar el paro el pasado 19 de agosto.
El levantamiento de los cortes, medida que ha centralizado la atención en los últimos días, “no significa el fin del proceso de movilización, por parte de las comunidades”, aclararon desde la MIA, que exigió que la Comisión esté integrada por el ex presidente liberal Ernesto Samper; el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, el legislador Iván Cepeda, el superior de los jesuitas en Colombia, Francisco de Roux y dos delegados de la ONU.
“Entraremos en proceso de negociación con el gobierno, las asambleas, reuniones y concentraciones se mantendrán. No habrán tomas de carreteras, pero si el Gobierno nos incumple volveremos a ellas”, explicó al salir de la reunión Andrés Gil, vocero nacional de Marcha Patriótica y de la MIA. La comisión debería comenzar sus labores a partir del próximo miércoles. Para ello, las organizaciones promotoras del paro llamaron para este martes a celebrar la Cumbre agraria campesina y popular.
Según expresó Eberto Díaz, otro de los voceros de la MIA, durante la conferencia de prensa de lanzamiento de la cumbre, allí “participaran todas las fuerzas que hoy estamos en el paro agrario y popular, e invitamos a todos los colombianos a acompañar esta gran cumbre, como la posibilidad de encontrar un acuerdo, no entre las cúpula gobernantes y los empresarios del campo, sino como un acuerdo de salvación entre los sectores que hoy estamos sufriendo la crisis”.
Durante el mismo evento, el representante de la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas, Carlos García, explicó que el objetivo es “que se instale la Mesa Nacional de Negociación con los sectores en conflicto; segundo, que esa mesa entre a discutir de inmediato el Pliego Nacional Agropecuario y que el gobierno conoce antes de iniciarse el paro el 19 de agosto, y el tercer aspecto, es que este proceso de negociación e interlocución tiene que ser con los 17 puntos de protesta que existen en la geografía nacional, pues no vamos a asumir una negociación por separado”.
Según el acta firmada en horas de la tarde del domingo, el gobierno se comprometió a gestionar ante el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, una reunión para negociar formas de protección a los dirigentes campesinos, amenazados tanto por las fuerzas de seguridad como por paramilitares y matones a sueldo de los principales terratenientes colombianos. Asimismo, consta en el documento oficial, el rechazo de la MIA a participar del Pacto Nacional Agrario organizado por Santos para el próximo jueves en Bogotá. “Este país debe entender que cuando hay propósito de diálogo, no puede haber persecución social y política. El pacto agrario del Gobierno nos genera desconfianza, no ha sido claro el Gobierno, por eso por ahora hemos dicho que no asistiremos y estaremos las comunidades afro, indígenas y campesinas en la Cumbre Social, Campesina y Agraria”.