Diez años sin Daniel Solano: si la justicia tarda, ¿es justicia?

El 5 de noviembre de 2011, Daniel Solano, trabajador temporario de Salta, fue secuestrado, asesinado y desaparecido por al menos siete policías en Choele Choel, Río Negro. A pesar de que fueron condenados, siguen libres. La causa está a la espera del dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Unas palabras para que no lo olvidemos, para que sea justicia.

Por Nadia Fink

Daniel Solano era un pibe joven, un laburante, que había llegado desde su Tartagal natal a Río Negro para trabajar en la cosecha de manzanas. Allí padeció desde adentro la explotación extrema, la discriminación, las condiciones de hacinamiento, las políticas de las grandes empresas fruteras que no se cansan de estafar a los trabajadores golondrinas. Pero Daniel sí se cansó, protestó, habló con sus compañeros, intentó organizar el reclamo. Le tendieron una trampa, se lo llevaron una noche y nunca más apareció. Un complejo entramado compuesto por compañías sin escrúpulos, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces a sueldo, es la punta del ovillo de una desaparición más en democracia. En Choele Choel sigue el acampe (antes de familiares, ahora de personas que se solidarizaron con la causa), los policías siguen sueltos (y portando armas), los trabajadores siguen padeciendo las condiciones en cada cosecha, los empresarios siguen contanto billetes. Pero falta Daniel. Y, también, Gualberto, su papá.

“He recalcado en todo este tiempo el pedido de mi tío Gualberto. Cuando él decía: ‘Dónde está mi chango?’, ‘¿Dónde habrán dejado mi chango?’, ‘¿Dónde está Daniel?’, ‘¿Dónde está el Nene?’, como le sabíamos decir todos”. Quien habla es Romina, prima de Daniel y vocera de la familia desde Tartagal. Y su simple pedido apunta a la pregunta del título: la justicia que se demora diez años, ¿es justicia? Gualberto llegó a Choele unos días después del 5 y se quedó a vivir allí durante años. La última vez que lo vimos fue en mayo de 2016: en ese entonces el frío empezaba a sentirse y el calentaba la pava para unos mates en la piecita destinada a las donaciones de Cáritas donde estaba alojado en la parroquia a cargo del cura Cristian Bonin. Gualberto falleció el 3 de abril de 2018 esperando llevarse el cuerpo de su hijo. Cristian dejó los hábitos y se fue a vivir a Viedma. Al padre de Daniel, la justicia no le llegó.

Hecha la ley, hecha la trampa

Si bien la causa tuvo sus idas y vueltas de la justicia Federal a la provincial, es importante destacar que los siete policías estuvieron detenidos y que posteriormente fueron excarcelados, pero aún siguen procesados: Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera por considerarlos autores de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Pablo Andrés Albarrán Arcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuell, como partícipes necesarios de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas. Héctor César Martínez como partícipe secundario en los mismo delitos pero se le suma el de “abuso de autoridad”, por haber sido Jefe de la Comisión Investigadora al inicio de la causa y que desvirtuó elementos de prueba ocultando, informando falsas hipótesis (por ejemplo, un viaje de Solano a otra provincia porque era “un picaflor”) y obstaculizando la investigación.

El querellante de la causa era Gualberto, por lo tanto, con su muerte empezaron a jugarse las trampas que el poder judicial podía utilizar. Así nos cuenta Cristian: “Las contrapartes, los abogados de los policías asesinos, trataron de disolver la presencia de la querella en el juicio. Porque la querella es la familia, es Gualberto Solano, con los abogados particulares. Al morir se logró hacer que se constituyera como querellante el abuelo de Daniel, Manuel Solano, como familiar en línea directa. Y, por supuesto, siguen acompañando Sergio y Leandro [Heredia y Aparicio, respectivamente, abogados de la familias desde fines de 2011 hasta la fecha]”.

Así el juicio siguió adelante y ell 1 de agosto de 2018, la Cámara Segunda de Roca condenó a los policías. El 23 de diciembre del 2018, el Superior Tribunal de Justicia –el máximo órgano judicial de la provincia de Río Negro– ratificó el fallo de la Cámara Segunda. Pero fue entonces que los abogados de la policía interpusieron un recurso de queja a ese fallo del Superior Tribunal de Justicia, que fue denegado por el Superior Tribunal de Justicia. Por eso sólo les quedó la instancia de la Corte Suprema. Una causa con tantas pruebas y tantas instancias condenatorias, ¿puede seguir siendo rechazada por los culpables? ¿Acaso es justicia?

Migrar para buscar laburo

“No solo son estos siete policías los responsables del asesinato y la desaparición de Daniel, sino que hay más actores, cómplices. Como, también, la misma empresa, los dueños de la empresa, que son responsables de lo que le pasó”, denuncia Romina.

Y es que el entramado es mucho mayor si entran en juego las empresas que intervinieron en el traslado de Daniel y sus 69 compañeros que subieron al micro para trabajar en la cosecha de manzanas. El reclutamiento se hizo desde Agrocosecha SRL (una empresa que falsamente se hace llamar “cooperativa”), que a su vez terceriza el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en Lamarque. La estadía de los trabajadores sucedería en las “gamelas”, una especie de carpas donde dormían apiñados. Allí llegan cada año 400 trabajadores golondrina de comunidades indígenas de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Allí, muy cerca de la casa natal del periodista Rodolfo Walsh.

El cobro del primer sueldo resulta el momento más crítico: los descuentos son excesivos y muchos no pueden girar el dinero a sus casas; el ciclo es inevitable: trabajan, no les pagan, son discriminados, son maltratados, muchos optan por el alcohol ante una situación sin salida. El grupo BORA (Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto), entonces, tiene su accionar justificado. La tropa de élite es tristemente conocida en Río Negro por su intervención en las matanzas durante las represiones de Bariloche, que derivaron del asesinato de Diego Bonefoi en 2010. El grupo que, como detentan sus siglas, es entrenado para estar en eventos multitudinarios y en manifestaciones, se encarga de custodiar a los trabajadores de las gamelas.

De esas complicidades habla Romina, de esa connivencia entre el poder económico, político y judicial. También, de la estafa que cada mes y cada año aplicaban a esos mismos trabajadores cuando cobraban su primer sueldo: descuentos por montones hacían que cobraran un cuarto del sueldo acordado. Esa fue la osadía que cometió Daniel: no callarse, amenazar con una huelga el lunes siguiente aquel viernes 4 de noviembre. Y los capos de la empresa Agrocosecha ya lo conocían: a Solano lo querían todos. Por eso, veinte minutos después de que entrara al boliche “Macuba” lo nombraron y lo señalaron desde la cabina. Así, las fuerzas policiales (sí, que también eran custodia en el boliche Macuba) lo empujaron hasta la vereda y lo llevaron hacia la esquina. En el fondo de la calle lateral lo subieron a un patrullero. Desde ese momento está desaparecido.

“Mi abuelo sigue esperando que entreguen el cuerpo de su nieto”

Esta historia que aún espera un fallo favorable de la Corte Suprema, cuenta desde el principio con una red enorme de solidaridades para romper la complicidad y el silencio de un lugar pequeño y tan lleno de poderes; en principio de quienes dieron sus testimonios para reconstruir los detalles luego de la desaparición de Daniel. Así lo cuenta Bonin: “ Cada pedacito de verdad observada es sustancial, porque eso arma el cuadro del evento. Hay personas que vieron momentitos, instantes y hay otras que pudieron ver el caudal de violencia de los siete esbirros de Daniel y que tuvieron el valor, el coraje, la audacia de no secuestrar –y menos desaparecer– ese pedacito de verdad que les tocó ver. Sino que, por el contrario, lo comprometieron con la causa, asumiendo los riesgos que se inauguran cuando uno tiene para compartir verdades que chocan de frente con los intereses corruptos de la Policía, del Poder Judicial y de otros sectores que suelen ser favorecedores de la impunidad”.

Pero también está la red que conformaron personas de la zona y que se comprometieron con Gualberto, con su familia, con la memoria de Daniel, con la justicia que nace del barro y no de los pedestales. De esa red es parte Cristian, y quiere nombrarles: “Algo interesante es el equipito que se fue conformando de personas muy distintas. Está Euge Rosi que, actualmente, está viviendo en Río Colorado. Jessica Visoqui, en Bahía Blanca; Nadia París, desde la zona de Neuquén; Marce Torres y Pablo desde Choele, con otros compañeros y compañeras; Olga Uso, también, desde acá, desde Viedma”.  Y menciona el término “nueva forma de ser querella” cuando las distancias son tantas y cuando las personas van quedando en el camino: “Son las personas que, desde distintos puntos, nos mantuvimos muy unidos para fortalecer denuncias, para amplificar la voz de la familia Solano, para pensar juntos estrategias y recursos orientados por los abogados, en conversación con ellos y con la familia”.

¿Y qué pasa con los tiempos de la justicia? Insistimos porque, claro, ya hemos hablado tanto durante estos diez años que lo repetimos porque no sabemos si nos escuchan, si nos entienden, si cada palabra rebota contra un muro imposible de traspasar. Romina habla de esos tiempos: “Lamentablemente, como digo y como decimos todos, la Justicia es muy tardía. Muchas veces se llevan por delante a otras personas también, porque las fuerzas se agotan. Las fuerzas se ve muy débil, la salud ya no es la misma cuando sos joven. Por ejemplo, lo que pasó con mi tío Gualberto, que esa fortaleza se fue debilitando por el dolor que sentía, por ese dolor que él tenía. Aunque muchas veces nos demostró, a cada uno de nosotros como familia, sentirse fuerte. Pero en la soledad, en el silencio, en la habitación, cuando se encontraba él solo, no se daba cuenta de cuánto dolor tenía él”. Ahora el que espera es Manuel. Que la justicia actúe (por fin), que los policías sean condenados, que se responsabilice a los cómplices (porque siguen viajando, cada años, trabajadores temporarios), que los asesinos hablen, que la familia pueda llevarse el cuerpo de Daniel a Tartagal para “tener un lugar donde ponerle una flor”.