Diputados y la media sanción al pago buitres

Por Francisco J. Cantamutto/ Foto por Nayko Fotos

Tras una maratónica jornada, Diputados aprobó el pre-acuerdo del gobierno con los fondos buitres.

Tras más de 20 horas de debate, finalmente triunfó la habilidad política de Cambiemos por sobre las razones y argumentos. Diputados aprobó el miércoles el pre-acuerdo del gobierno con los fondos buitres, por 165 votos afirmativos y 86 en contra.

Sin importar lo que se dijera –porque no había argumentos serios a favor del acuerdo, sólo consignas– los acuerdos alcanzados tras bambalinas fueron la regla. No sólo dieron resultado las extensas negociaciones del Gerente de la Nación con los gobernadores y lo urdido por el ex Ucedé y actual presidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó. También surtieron efecto los arreglos sospechados de cohecho entre Diego Bossio y Nicolás Massot (heredero de los dueños del diario de extrema derecha La Nueva Provincia), que parecen haber costado algo más que “cinco sanguchitos de miga y tres mates fríos”, según se supo por el diálogo de whatsapp entre ambos diputados. Además de este arreglo, que ya está siendo investigado por el presunto delito, la negociación requirió conseguir el apoyo del Frente Renovador, que pretendió hacer valer sus votos, tratando de simular desacuerdos irrelevantes. Cambiemos mostró que sabe hacer política de poker y rosca.

Votaron a favor entre otros (el detalle está aquí): la alianza Cambiemos (89 votos propios), el interbloque del Frente Renovador (33 votos), 17 del Bloque Peronista liderado por Bossio, 5 votos del FAP (4 socialistas y 1 del GEN) y 6 nuevos fugados del Frente para la Victoria. En contra, se expresaron el resto del kirchnerismo (77 votos), Libres del Sur (3 votos), el Frente de Izquierda (4 votos), y Alcira Argumendo por Proyecto Sur. Se ausentaron los sindicalistas Héctor Daer y Facundo Moyano, y el ex gobernador Felipe Solá.

Como señalamos, poco importó lo dicho. El gobierno amenazó expresamente la votación, al señalar que no había “plan B”, y si no se conseguía el acuerdo, la alternativa era la hiperinflación. El plan completo de Cambiemos depende de una nueva ola de endeudamiento, que hasta ahora se ha dado a tasas de interés carísimas: 7,8% en dólares al año en los bonos emitidos en diciembre, 9,5% en los bonos emitidos por la provincia de Buenos Aires la semana pasada. Según el ministro Prat Gay, resultado de los acuerdos, la tasa bajaría entre 1,5% y 2%. Según nuestros cálculos, esto implicaría que el Estado debería emitir nueva deuda por el equivalente a dos PBI completos para amortizar el costo del arreglo, estimado en 11.648 millones de dólares. Al aceptar el acuerdo, la mayor parte de Diputados se hizo socio del programa de ajuste social de Cambiemos y su lógica de endeudamiento, conformando un auténtico “partido de la deuda”.

La incómoda posición del kirchnerismo residió en buscar mostrar lo excesivo de este acuerdo frente a la gestión propia. Es real que el gobierno kirchnerista mejoró la gestión financiera de la deuda, al pasar a pesos y volver intra-estatal la deuda, pero no es menos cierto que se convalidó así la peligrosa idea de que era correcto pagar cualquier deuda, y que incluso esto se podía hacer sin sacrificio social. Los 192.000 millones de dólares pagados, los acuerdos con el Club de París, el CIADI del Banco Mundial, el pago el FMI, los canjes de 2005, 2010 y 2013, así como la declaración de “interés público” del pago de la deuda (Ley de “pago soberano”) atestiguan este problema. Por eso no fue creíble su intento de último minuto por llamar a una consulta popular sobre este acuerdo: porque el propio Kirchner se negó a escuchar los casi dos millones de votos expresados por no pagar la deuda en la consulta de la CTA de 2003.

Pero no por ello deja de ser cierto que este acuerdo expresa una versión menos sostenible de la gestión de deuda, tal como explicó en la sesión el ex ministro Kicillof. No hay garantía alguna sobre posibles nuevos juicios: ni del 93% que ya ingresó en canjes previos, ni del cerca del 3% de holdouts que no están en negociación en el preacuerdo. Tampoco se entiende cómo no llevaría a nuevos juicios el tratamiento desigual en el propio acuerdo entre diferentes fondos buitres, donde Paul Singer se ve claramente beneficiado por su capacidad de lobby y litigio. Tampoco se explica por qué se les paga ganancias que llegan al 3.184%. Tampoco se entiende por qué se derogan las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, pero no la que declara de orden público la resolución de la ONU sobre la reestructuración de deuda soberana: ésta última es la única que de hecho abre la posibilidad de nuevos juicios.

Penosamente, la mayor parte de los legisladores expresaron su apoyo sin haber leído en detalle el proyecto. Argumentos muy pobres –como el de Margarita Stolbizer– remitían a la mala gestión del kirchnerismo, como si eso habilitara a peores arreglos. Votos vergonzosos, pero votos al fin. Un Congreso advenedizo, con muchos legisladores que votaron las mismas leyes que ahora derogaron, mostró el escaso compromiso con las decisiones que toman. Los abogados Barcesat, Corti y Cholvis han presentado una denuncia contra el presidente Macri, su gabinete y los legisladores que votaron el acuerdo por traición a la patria y defraudación de las arcas públicas. El fiscal federal Federico Delgado y el juez federal Sebastián Casanello tomaron la denuncia, y ya han pedido información para darle curso.

El trámite ahora sigue en el Senado, donde el kirchnerismo tiene mayoría propia. Pero también es cierto que la mayor parte de los senadores responde a los gobernadores, actualmente en negociación con Macri por fondos de coparticipación. Si el Senado hace modificaciones, el proyecto vuelve a Diputados y se demora para los planes oficiales. El gobierno busca no sólo lograr la aprobación antes del 14 de abril –requerida por el juez Griesa– sino antes de la visita de Obama a fines de marzo. La visita del presidente estadounidense no es casual, viene a apoyar a Macri, considerado cabeza de playa en el actual “giro a la derecha” en la región, y el Gerente de la Nación quiere mostrar resultados.

En una entrevista reciente con Morales Solá, entre otros exabruptos, Macri confesó que Obama actuó en su favor “generando un clima de opinión favorable” y que además –en un gesto de osada provocación– piensa enviar a capacitar fuerzas de seguridad con agentes estadounidenses y franceses (ver minuto 39:14 aquí). Macri piensa festejar el 40 aniversario del golpe renovando aquel programa: ajuste, endeudamiento, represión y silenciamiento. Urge una oposición frontal y coordinada contra el gobierno.

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