Dispositivos penales al servicio de la criminalización

Por Agustín Bontempo – @agusbontempo / Foto por Josefina Gonzalez

Grave denuncia del Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado (CSRC) a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, por la adopción de medidas perjudiciales en los dispositivos penales juveniles.

Es moneda corriente en nuestra sociedad y en las diferentes instituciones que la conforman, el hecho de que el eslabón más débil en la cadena que conforma un acto delictivo, sea juzgado como único y último responsable.

Así, sin perjuicio de quienes cometen algún tipo de delito y la necesidad de que haya mecanismos que afronten esa situación, nos encontramos con prisiones y dispositivos penales abarrotados de jóvenes y pobres, con procedimientos dinámicos para su juzgamiento, mientras que aquellos delincuentes de elite, de operaciones trasnacionales o de crímenes de lesa humanidad desarrollados por sus decisiones políticas o empresariales, transitan caminos de impunidad.

En sintonía con este funcionamiento del tejido social, hace algunos días las y los trabajadores del Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano (CSRC), ubicado en el barrio de Balvanera en la ciudad de Buenos Aires, denunciaron la decisión de la Secretaría Nacional de Niñez,  Adolescencia y Familia (SENNAF), a cargo de Yael Silvana Bendel, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, de haber solicitado a todos los juzgados y tribunales la adopción de medidas que permitan cesar los alojamientos  de mayores de 18 años en el centro donde ellos y ellas realizan sus tareas.

Cambios normativos y exclusión

En el año 2009 se promulgó la Ley N° 26.579 que, entre otras cuestiones, disminuyó la edad de imputabilidad de los 21 años a los 18. En aquella oportunidad, en el contexto donde los sectores más reaccionarios de la sociedad clamaban (y lo siguen haciendo) por la reducción a 14 o 16 años, la SENNAF adoptó la determinación de continuar alojando a los jóvenes de entre 18 y 21 años en el CSRC. La discusión hegemónica, naturalmente, no pasaba ni lo sigue haciendo por la escolarización garantizada, por la vivienda digna, por el pleno y digno empleo. Es decir, en buenas condiciones de desarrollo personal, familiar y social. El argumento de “No cambia más”, prevalece.

Sin embargo, desde el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano redoblaron su compromiso y esfuerzo y garantizaron la buena permanencia de estas y estos jóvenes que hoy corren el riesgo de ser trasladados a unidades penitenciarias. En un comunicado circulado por las y los trabajadores del CSRC, destacan que “Algunos de los objetivos de nuestra intervención han sido orientados  en relación con la comunicación, la construcción de sentidos, la apertura y el afianzamiento de relaciones entre el Centro y la comunidad, el eje en el trabajo colectivo y cooperativo, etc.  Algunos de los indicadores que permiten evaluar la mencionada intervención son: en el aspecto educativo, la finalización del ciclo secundario de varios de los jóvenes que transitaron el dispositivo, la inclusión de los estudios universitarios, la realización de salidas culturales y socioeducativas que posibilitó el intercambio de experiencias y producciones con la comunidad.  Por otra parte, también se han llevado adelante proyectos solidarios dirigidos a la comunidad, proyectos autogestivos de formación laboral, espacios de capacitación coordinados por los jóvenes para sus pares, proyectos de paternidad responsable”.

En la misma línea, el documento afirma que “Es importante señalar también que hemos logrado que la totalidad de los jóvenes alojados en este dispositivo participen en promedio 8 horas diarias de lunes a viernes de espacios de educación formal y no formal, así como de actividades recreativas los fines de semana contando todo esto con acompañamiento de docentes de los equipos o personal docente idóneo.  Cabe señalar también el marcado descenso de la conflictividad que se ha registrado en los últimos años”.

Preocupaciones y exigencias

El documento difundido por el CSRC plantea cuatro aristas que generan preocupación frente a la decisión del SENNAF. En primer lugar, “Que de admitirse tales pautas por parte de los jueces esto podría tener efectos negativos en los jóvenes infractores o presuntos infractores a la ley penal de entre 18 y 21 años alojados en nuestra institución en tanto y en cuanto el cese del alojamiento implicaría mecánicamente el traslado a un dispositivo penal carente de criterios de intervención y con escenarios en donde, a todas luces, se verían agravadas sus condiciones de detención y vulneradas y obturadas sus posibilidades de acceder al ejercicio de determinados derechos”

En segundo orden “Que de adoptarse tales medidas se estarían fracturando en forma violenta e intempestiva  planes singulares de trabajo e interrumpiendo procesos y proyectos vitales de los jóvenes que actualmente se encuentran en nuestro Centro. Asimismo se estaría provocando un efecto similar en niños y niñas alojados en otros dispositivos de esta Secretaría que, próximos a cumplir los 18 años, no encontrarían otro horizonte de posibilidades que el de las Unidades Penales”.

En tercer lugar “Que de avanzarse con medidas orientadas en este sentido se estaría desmontando una política pública orientada a la inclusión y el reforzamiento de los lazos sociocomunitarios y menoscabando el trabajo de los distintos agentes y operadores del sistema penal juvenil”.

Finalmente “Que en el caso de aquellos tribunales que ya determinaron medidas de traslado, éstas se realizaron sin que medie ninguna instancia de articulación entre nuestro Centro y la institución de destino”.

Frente a este panorama, las y los trabajadores del CSRC exigen que se revise la decisión tomada, que la revisión tenga carácter retroactivo para considerar a jóvenes que ya han sido trasladados y que el SENNAF explicite cuales serán los lineamientos de políticas públicas para abordar estas cuestiones.

No caben dudas que esta decisión va en sintonía con poner todos los problemas de un solo lado de la balanza. No está mal la desigualdad, ni la violación de derechos, ni la ausencia de garantías constitucionales. No está mal obturar los deseos de las y los jóvenes por tener una vida digna y prometedora. Lo único que está mal es que aquellas y aquellos chiquilines que cometieron algún delito o tentativa del mismo (en la mayoría de los casos de baja gravedad), no tengan una nueva oportunidad, no puedan estudiar, trabajar ni reincorporarse a la sociedad. No pueden dar semejante ejemplo de organización y de superación. La sociedad no les guarda su lugar. Ellas y ellos son el estigma.