Dulce condena, la protesta libre

Dulce condena, la protesta libre

Por Mario Hernández. En las últimas semanas diferentes luchadores sociales y gremiales se sentaron frente a la justicia a defender sus acciones en lo que se leía como un quiebre en la libertad a protestar. Un repaso de los fallos judiciales que por primera vez, liberaron.

Gendarmería nacional go home

Mientras el pasado miércoles se realizaba un nuevo corte en Panamericana, el trabajador despedido de Lear, Damián Gonzáles, declaró: “La Gendarmería que nos reprimió con balas de goma y con gendarmes caranchos, hoy se tuvo que retirar por orden de la jueza. Ganamos nuestro derecho a protestar, perdió en esta oportunidad la política represiva de Sergio Berni y el gobierno. Pero lo más importante para nosotros es volver a nuestros puestos de trabajo, para dar de comer a nuestras familias. Lear despidió a 240 trabajadores, se logró la reincorporación de 60 y somos 40 los que seguimos exigiendo nuestra reincorporación. También repudiamos las amenazas de expulsión de nuestros delegados por parte del SMATA, en su próximo Congreso del 19 de noviembre”.

La importante acción de los obreros y obreras de Lear junto a más de 500 personas que los acompañaron, entre ellos estudiantes, terminó con un emotivo acto. Allí los despedidos destacaron el triunfo que significó poder volver a manifestarse en Panamericana. Destacaron el apoyo de las organizaciones presentes y mencionaron que “el conflicto sólo se resuelve con la reincorporación de los despedidos a sus puestos de trabajo”. Por último, votaron una serie de medidas que cumplirán durante estos días en el km 31 de Panamericana.

La justicia determinó que los gendarmes a cargo del actual secretario de Seguridad, Sergio Berni, como el comandante Torales -conocido como “el carancho”- ya no podrán estar en servicio para impedir los cortes. La jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, tras una presentación del diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT) determinó que se investiguen las denuncias por el accionar de la fuerza, y a su vez determinó que la misma no participe de los reclamos que realizan los trabajadores despedidos.

El hecho que suscitó la denuncia fue la feroz represión que sufrieron los trabajadores y militantes sindicales y políticos el pasado 23 de octubre en un corte de ruta sobre Panamericana. Como señalaron en un comunicado difundido por los delegados Rubén Matu y Silvio Fanti, “la asamblea resolvió esta medida, junto a otras que realizaremos los días posteriores, exigiendo la reincorporación de todos los despedidos, repudiando la represión que sufrimos semanas atrás y denunciando que la patronal, con el anuncio de los turnos rotativos, ha demostrado que el plan de Lear con los despidos era avanzar en flexibilizar las condiciones de trabajo”.

Los trabajadores y distintas organizaciones sindicales y de derechos humanos también vienen realizando una campaña en rechazo del intento de expulsión de los delegados de Lear por parte del SMATA, en un congreso que la conducción de Ricardo Pignanelli convoca para el 19 de noviembre.

Los triunfos frente a los ataques a la libertad sindical ¡Extra, extra!

En lo que refiere a la organización de trabajadores y trabajadoras de prensa también hubo fallos favorables. La Sala 8 de la Cámara Nacional del Trabajo resolvió la reinstalación a sus puestos de trabajo de los periodistas Leonardo Nicosia, Pablo Senarega, Luis Vigo, Lorena Tapia Garzón, Ayelén Pujol y Cristian Scotellaro, despedidos por Editorial Perfil el 7 de enero pasado.

El fallo ordenó la reinstalación inmediata de estos trabajadores de prensa, los que fueron despedidos junto a integrantes de la Junta Electoral en el marco del paro de actividades desplegado en defensa de otros trabajadores. La decisión judicial llegó días después de otro fallo de la Cámara que dejó firme la reincorporación de todos los integrantes de la Junta Electoral. Ambas medidas fueron solicitadas en sede judicial por León Piasek, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Estas sentencias implican un golpe a la persecución sindical desarrollada por Editorial Perfil, cuya máxima expresión ha sido el intento de criminalizar la lucha por la defensa de los puestos de trabajo con la causa penal iniciada contra los delegados de los trabajadores. Este fallo en sede judicial, que resultó favorable al conjunto de trabajadores de prensa organizados, puso al descubierto la campaña de mentiras desplegadas por la editorial contra la organización gremial así como también confirmó la denuncia de la Comisión Gremial Interna respecto de un ataque a la libertad sindical.

Las petroleras no avanzarán

En la mañana del miércoles 12 de noviembre, la petrolera Shell debió reincorporar en su puesto de trabajo a Fernando Luna, un activista despedido el 30 de abril pasado. Había sido desvinculado de la multinacional junto a otros impulsores de la agrupación Naranja, opositora a la conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Avellaneda, liderado por el diputado Alberto Roberti del Frente Renovador.

Luna obtuvo en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo una medida cautelar de reinstalación impulsada por los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), la que se hizo efectiva tras la intervención de oficiales de Justicia luego de meses de incumplimiento por parte de la compañía anglo-holandesa. Una resolución similar tuvo el caso de la trabajadora Analía Portillo, despedida junto a Luna y reinstalada en sus tareas luego del apercibimiento de inicio de causa penal que pesara sobre Juan José Aranguren, CEO de la empresa.

Gomas quemadas

Hace casi tres años y medio, un vigilador privado de la empresa ARPA, que terceriza los servicios de seguridad en la planta de FATE de San Fernando, acusó a un grupo de delegados, de los que identificó a tres con nombre y apellido, de amenazarlo de muerte a él y a su familia, y de lesionarlo gravemente. Asistido por un abogado de la empresa de neumáticos, hizo la denuncia penal y se constituyó como querellante. El fiscal de San Fernando, Oscar Núñez Barreto, tomó los dichos del vigilador a libro cerrado y convocó a indagatoria a los tres delegados: Ariel Godoy, Alejandro Crespo y Víctor Ottoboni.

Obtenido el sobreseimiento de Godoy y Crespo, la patronal centró su ataque con Ottoboni y sumó a la causa penal un pedido de desafuero.

En las tres jornadas del juicio oral, que empezó el 3 de noviembre, quedó al descubierto la maniobra. Frente a las contradicciones y vacilaciones del acusador y de sus testigos, se alzaron las voces de los trabajadores y delegados de FATE y la seccional San Fernando del SUTNA.

Finalmente el lunes 10, la jueza Andrea Pagliani, tuvo que absolver a Ottoboni, después de admitir que ni el fiscal ni el denunciante habían probado una sola letra de su versión. Aún más importante, la sentencia reconoció que la causa se inició en el marco de un conflicto gremial, al punto que se hizo lugar a tres reclamos de la defensa: el fallo deberá ser notificado al juzgado que tramita el pedido de desafuero de Ottoboni, al ministerio de Trabajo de la Nación para a su vez informarlo a la OIT y al Ministerio de Seguridad provincial, ya que la ley que regula el ámbito de actuación de las agencias de seguridad privada prohíbe su intervención en conflictos sindicales.

La absolución definitiva fue un nuevo triunfo popular que no hubiera sido posible sin la larga campaña por su defensa, que cada trabajador asumió como propia, conscientes que el camino obligado es el de la lucha colectiva, la movilización y la solidaridad incondicional.

Los dirigentes gremiales que fueron absueltos por la justicia porteña

Mariano Skliar (delegado general de la Junta Interna de ATE Promoción Social) y Humberto Rodríguez (secretario adjunto de ATE Capital) habían sido enviados a juicio por ser los referentes sindicales de una lucha contra la precarización laboral en la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado jueves 13 de noviembre, la justicia porteña absolvió definitivamente a los dos referentes de un conflicto que se inició a fines de 2012. Fue en el marco de un reclamo por aumento salarial para los trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios, que conforman actualmente el 35 por ciento de los empleados de la C.A.B.A. Ante la falta de respuestas del gobierno porteño, un grupo de trabajadores definió llevar adelante un paro de 24 horas que incluía una movilización a la sede central del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Finalmente y en negociaciones con autoridades en cuanto al incremento de los salarios, se definió retirarse de las calles. Sin embargo, días después los dos delegados de mayor visibilidad durante esos días de conflicto fueron citados por la justicia ante la causa presentada por el gobierno de la Ciudad como una contravención.

Fue así que el juicio comenzó el jueves 6 de noviembre y la acusación contra los trabajadores se enmarcó en el artículo 68 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires por interrumpir u obstaculizar el tránsito.

Finalmente, en la audiencia del jueves pasado, la justicia resolvió absolver a los dos delegados, dando por tierra con un nuevo intento por parte del poder político porteño de armar una causa y judicializar a trabajadores que reclaman por sus derechos.