Ecuador: continúan las movilizaciones contra enmiendas constitucionales

 Por Jacqueline Aimacaña

 El pasado 11 de noviembre, el gobierno de Rafael Correa enfrentó una movilización popular desde movimientos sociales, en rechazo a las enmiendas constitucionales, que permitirían la reelección del mandatario y críticas a la política extractiva.

 El Colectivo Unitario de Trabajadores Organizaciones Sociales e Indígenas encabezó un nuevo ciclo de movilizaciones que se llevaron a cabo el miércoles pasado en diferentes ciudades del Ecuador, en rechazo a las 16 enmiendas constitucionales que el oficialismo buscar aprobar en el segundo y definitivo debate que la Asamblea Nacional (órgano legislativo) llevará a cabo el próximo mes de diciembre.

A las 16 partió la movilización en la ciudad de Quito. Estuvieron presentes la  Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Unitario de Trabajadores -que agrupa a CEDOCUT, CEOSL, UGTE y CTE, estudiantes, jubilados y otros colectivos sociales. Se estima que más de 30 mil personas participaron de la movilización solo en Quito. También, hubo una amplia convocatoria en Imbabura, Guayaquil y Cuenca, así como en Puyo, Saraguro y Loja provincias del sur del país y las más afectadas por los proyectos mineros impulsados en la zona desde la aprobación de la Reforma a la Ley de Minería en 2013, que echó por tierra  las garantías que la constitución del 2008 había establecido sobre los derechos de la naturaleza, los pueblos indígenas y su territorio.

Las movilizaciones se reanudan tres meses después de la jornada que se inició el 2 de agosto con la “Marcha por la vida”, que partió del sur del país rumbo a la capital llevada adelante por la CONAIE. La marcha se articuló el 10 de Agosto en el Levantamiento Indígena y Popular, y en Quito el día 13 con el Paro Nacional del Pueblo convocado por el Colectivo.

El primer Paro Nacional que afronta el gobierno ecuatoriano  terminó con agresiones y detenidos, una cuestionada declaración de estado de sitio (por la expulsión de ceniza del volcán Cotopaxi ubicada en la provincia del mismo nombre) en todo el país, la militarización de zonas puntuales -en especial en las provincias del sur- y denuncias por allanamientos y empleo de la fuerza contra personas que no estaban armadas. Estos hechos están documentados y desarrollados en el informe sobre control social y represión elaborado por el colectivo de investigación y acción psicosocial de Ecuador.

Después del recorrido por el centro histórico de la ciudad capitalina de Ecuador, la movilización llegó a la plaza de Santo Domingo, donde dirigentes gremiales e indígenas se pronunciaron pidiendo el archivo del proyecto de enmiendas constitucionales impulsada desde el Ejecutivo. La carta magna ecuatoriana aprobada en 2008 señala tres formas en que puede ser reformada la Constitución. La primera es por enmiendas, la segunda como reforma parcial y la tercera por convocatoria a una nueva asamblea constituyente. En mayo de 2014 la convención de Alianza País (coalición de gobierno) solicitó a sus asambleístas que impulsen una serie de reformas a la Constitución vía enmiendas. Este hecho ha sido recibido con fuertes críticas por parte de amplios sectores de la sociedad que señalan que los cambios que se buscan alteran la estructura fundamental de la Constitución y el carácter del Estado, además de establecer restricciones a los derechos y garantías de los ciudadanos por lo cual han pedido se haga una Consulta Popular en todo el país.

El colectivo Montecristi Vive señala que los cambios que se pretenden hacer a la Constitución no son simples “enmiendas” sino cambios profundos, que afectan varios puntos y principios fundamentales. “Estas alteraciones contribuyen a que exista una mayor concentración del poder y, por lo tanto, representan un retroceso para la democracia, la participación y los derechos de las personas y los pueblos del Ecuador”. Por su parte, el presidente Rafael Correa ha desestimado la posibilidad de una consulta y la asamblea se prepara para su aprobación.

El proyecto denominado “Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador 2008”, consta de 16 propuestas de cambios; entre las principales están: la restricción del llamado a consulta popular -gran logro de la constituyente del 2008, que supone un mecanismo de democracia directa que permite que la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones sobre asuntos que considere de su interés-; la asignación de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, que, de ser aprobada no se requerirá de un decreto para declarar una emergencia ni el Gobierno estará obligado a explicar los derechos que restringe ni el tiempo de permanencia de los militares en las calles; la reelección presidencial, que es actualmente de un solo período y pasaría a ser indefinida; reducción de las competencias de la contraloría general para controlar a las instituciones del Estado; restricción de la capacidad de negociación y de derechos laborales de las y los trabajadores del sector público que pasarían a ser regulados ya no por el Código de Trabajo sino por la Ley orgánica de servicio público LOSEP, reformada en 2013 y que promueve la flexibilización, sanciones, acoso laboral, la cesación de funciones a las y los trabajadores del Estado por compra de renuncias, entre otras.

A este último punto se refirieron quienes representan los organismos gremiales nucleados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y que revalidaron sus reclamos para que la Corte nacional de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Justicia Laboral que entre otras cosas elimina el 40% del aporte obligatorio del Estado a la Seguridad Social.

Nelson Erazo, representante del Frente Popular, ha denunciado que se están llevando a cabo despidos masivos en el sector privado y público. En una entrevista televisiva el día anterior señaló que el gobierno miente al decir que no habrá despidos como consecuencia de la crisis económica. Por el contrario, según registros de la organización en enero de 2015 fueron despedidos más de 600 trabajadores/as en Petroamazonas y 300 en Petroecuador, los últimos números dan cuento de 2 mil despidos en tan solo 15 días.

Los anuncios que ha hecho el gobierno nacional con respecto a la eliminación del subsidio al gas y la regulación de precios de la gasolina, la reducción en la asignación de recursos para el bono de desarrollo humano, el congelamiento de sueldos y salarios ponen de manifiesto que los efectos de la crisis económica no van a afectar a los grandes grupos económicos en el poder sino que empiezan a ser pagados por los trabajadores y las trabajadoras.

Para Doris Solis secretaria ejecutiva de Alianza Pais las movilizaciones dan cuenta de “una oposición antidemocrática, que no respeta el proceso constitucional que se vivió por un año para tratar las enmiendas”. Dijo también que “hoy, supuestamente, las movilizaciones son en contra de las enmiendas constitucionales, pero también hay que ver los antecedentes que son las constantes reuniones con la derecha del país, lo que los une es definitivamente cómo combatir la Revolución Ciudadana.”

Sin embargo, para Apawki Castro, parte de la Comunicación de la Conaie, ”el gobierno se encuentra en un momento de desesperación por la crisis social y económica, dado que es notorio el trabajo de unidad de los sectores sociales (CONAIE, FUT, Frente Popular) lo que ha permitido consolidar una fuerza social importante en la que las y los trabajadores del campo y la cuidad participan de forma masiva y en las calles”.

El escenario próximo anuncia más movilizaciones. El 14 de noviembre se llevó a cabo con todas las organizaciones la VII Convención Nacional en Guayaquil para tomar decisiones frente a la aprobación de enmiendas y las jornadas de paro nacional que se anuncian para diciembre próximo.