Ecuador: “El gobierno nacional no ha tenido la capacidad de responder”

A una semana del comienzo del Paro Indígena contra el Paquetazo Económico de Lenin Moreno en Ecuador. Entrevista a Apawki Castro, vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Por Sonia Izquierdo – @izquierdosim / desde Ecuador 

“No venimos por la cabeza del presidente y tampoco estamos siendo manipulados por el expresidente (Rafael Correa), nos deslindamos de todas esas personas”, afirma Apawki Castro, vocero de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en entrevista con Marcha.

El vocero del movimiento, que estalló el 3 de octubre en el país andino, aclara que con las movilizaciones que mantienen a Ecuador en un estado de alerta, no se busca la dimisión de poderes, sino la derogación del decreto 883.

Ante la insistencia del gobierno encabezado por Lenín Moreno de mantener la política de ajuste económico a través del decreto, miles de indígenas siguen inundando las calles de Quito, que se han convertido en un campo de batalla para exigir la salida del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El vocero de la Conaie explica también que ya habían planteado otras formas de economía al gobierno, porque el modelo que opera actualmente es “extractivista”, es decir, que explota los recursos naturales para venderlos al extranjero. 

“La economía alternativa o un modelo económico alternativo ayudaría a quitarle de las manos a las trasnacionales nuestros territorios que han decaído en crisis durante mucho tiempo”, sostiene. 

Castro detalla que “el gobierno nacional no ha tenido la capacidad de responder (a sus exigencias), sino de decretar un ‘estado de excepción’, y ahora también el toque de queda”. 

Apawki Castro descarta bajarse del ring en esa batalla que han iniciado y, por contrario, llama a “radicalizar las protestas”, mediante bloqueos de vías principales y la toma de edificios públicos. 

Rechaza tajantemente la versión del presidente de Ecuador, quien afirma que la protesta es impulsada por el exmandatario Rafael Correa —quien gobernó de 2007 a 2017—, y sea apoyada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

“Diez años nos criminalizaron y nos reprimieron, y no podemos permitir que esa gente que estuvo dentro de la revolución ciudadana ahora pretenda liderar estas acciones de lucha que estamos haciendo las organizaciones, pueblos y los sectores populares; lo único que pedimos es que ellos tienen que pagar por lo que se han robado”. 

Castro asegura que esta crisis es, en parte, resultado de décadas de discriminación indígena, donde las autoridades “han omitido sus planteamientos y propuestas en las mesas de diálogo que han sostenido”.

“El problema es que se ha declarado el estado plurinacional (multiétnico), pero no se deja la participación activa y libre del pueblo y nacionalidades, prácticamente no hay una transformación real como se quería o se esperaba”, apunta. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Ecuador viven más de 1.4 millones de indígenas, quienes forman parte de una de las comunidades rurales más azotadas por la pobreza.

A medida que el descontento popular crece, los pueblos indígenas se convierten en actores decisivos para los equilibrios políticos del país sudamericano, ya que han sido determinantes en la caída de expresidentes. 

El vocero del Conaie señala que la única condición que piden para frenar las movilizaciones, que ya suman a cientos de detenidos y al menos cinco muertos —entre ellos Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas—, es la derogación del decreto 883. 

“Los dirigentes han dicho que esa es la condición; no vienen por la cabeza del presidente, sino a que se derogue el decreto 883, que hasta el momento ha provocado la muerte de los compañeros, y es eso lo que nos da más indignación y más fuerza para continuar en esta pelea, en esta defensa de los derechos colectivos y los derechos de toda la población ecuatoriana”, afirma. 

En un ambiente enrarecido, Ecuador cumplió su noveno día de protestas con un saldo negativo y las actividades productivas a la baja, donde el Ejecutivo no muestra señales de solución, tras la aplicación de un plan de ajuste económico ligado a un acuerdo con el FMI.