Ecuador: neoliberalismo y negligencia

Ecuador es noticia regional al mostrar una de las tasas más altas de fallecimientos por contagios de COVID-19, sólo por detrás de Panamá, y esto sin que sepamos en realidad cuántas personas infectadas y difuntas hay porque existe un subregistro que el mismo gobierno se encargó de confirmar. 

Por Carlos R. Andrade

Más allá de espectáculo, la situación es paradójica: existe la infraestructura sanitaria necesaria en buena parte del territorio nacional, sin embargo, el modelo económico  impuesto, el neoliberalismo, en menos de tres años dejó sin capacidad de respuesta al aparato público ante la pandemia y ahora sufrimos estas consecuencias. 

Pero este cuento no es nuevo, ya en octubre del 2019 la protesta social sobrepasó al gobierno e identificó estos problemas y otros, al punto que el presidente Moreno se vio forzado a retroceder en todas las medidas antipopulares que pretendía tomar, mostrando el verdadero rostro del proyecto político de la oligarquía: el conservadurismo moral y el neoliberalismo económico.

El arranque de la pandemia: un asunto de clase

El relato de la paciente cero en el Ecuador es un elemento clave para entender el carácter de clase y la caja de pandora que se abrió. El lugar común de los medios de comunicación identificó a una mujer migrante de la provincia de los Ríos, a lado del Guayas, quien estaba en tránsito desde Italia visitando a su familia, quien trajo el virus.

A la par, y como un rumor que luego se confirmó, se supo que en un exclusivo lugar de Samborondón, ciudad satélite de Guayaquil donde vive gran parte de la élite porteña, se llevó a cabo la calificada boda del año, donde se reunieron los hijos e hijas de quienes controlan la economía nacional y que contó con una importante comitiva de invitados que residen en Italia.

Este foco de infección que ha dejado a más de 176 personas afectadas. Incluyendo la propia alcaldesa de Guayaquil, fue invisibilizada por los medios de comunicación, obviamente, haciendo eco del discurso oficial, culpando a la ciudadanía de los sectores populares del crecimiento del contagio, como lo pudimos ver en la entrevista de la ministra de gobierno en CNN.

Pero la irresponsabilidad no se queda allí, ya que estas mismas cúpulas, que son dirigentes políticos, gremiales o deportivos, días después de la boda y ya con casos registrados en la ciudad, decidieron que el partido de Copa Libertadores del Barcelona (Gye) con el Independiente del Valle se jugaría con público, poniendo, como es de costumbre, sus ganancias sobre la situación de salubridad local. 

Este relato introductorio es importante para entender la crisis integral que vivimos, ya que a los medios de comunicación cada vez se les hace más complejo mantener la fiabilidad de sus discursos para tapar la inequidad en la redistribución de la riqueza existente, primera razón de la crisis del COVID, siendo que el pacto social neoliberal, cuidadosamente cultivado en Guayaquil en los últimos 20 años, se quebró, mostrando el clasismo intrínseco en una ciudad manejada desde la esfera de lo privado. 

Un gobierno débil que fortalece liderazgos locales

 Mientras los sistemas de salud colapsan junto con la fuerza política del Partido Social Cristiano –último de los partidos tradicionales de la oligarquía agro exportadora que aún tiene una fuerte base territorial en las zonas más deprimidas de la costa ecuatoriana y es un aliado clave para sostener al gobierno-, el presidente Moreno está ausente, dejando en el poder al vicepresidente Otto Sonnenholzner, a la ministra del Interior, María Paulara Romo, y, en las calles, a los militares. 

Esta debilidad no se expresa únicamente en las mediciones de aceptación del gobierno, sino en la falta de capacidad para dar una respuesta apropiada a la crisis. De hecho, como si se tratase de un nuevo momento político en el escenario preelectoral, han decidido potenciar la imagen de candidato del vicepresidente, quien actúa como delfín político del ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y actualmente está encargado de gestionar la crisis, con claras intenciones presidenciables para el 2021. 

Pero la realidad es que el gobierno continúa con la implementación del esquema neoliberal. Por ejemplo, a pesar de necesitar recursos financieros para la compra de equipos, recolección e incineración de cadáveres, entre otros gastos emergentes, se prefirió pagar 324 millones al Fondo Monetario Internacional, y  los despidos masivos al cerrar y fusionar ministerios; así mismo, en medio de la emergencia, la ministra de Salud, quien estaba encargada de enfrentar desde el sistema de salud pública, se vio obligada a renunciar por la falta de recursos.

De la misma manera, en el Instituto Nacional de Seguridad Social, con el dinero de los aportantes, el gerente del mismo, pretendió hacer compras de mascarillas con sobreprecio. Estos ejemplos son una muestra de la descomposición del Estado. A la par, se siguen avanzando en normativas y regulaciones que son desconocidas por la ciudadanía, separando, aún más, al gobierno de la gente. 

Finalmente esta situación de descontrol en el gobierno central tiene su reflejo en los gobiernos locales, muchos de los cuales, han tomado decisiones incluso por sobre las directrices del Comité de Emergencias –Instancia adhoc que reúne a los decisores del ejecutivo, legislativo y otros para comandar la emergencia-, como es el caso del alcalde Yunda de la ciudad de Quito, quien ha sabido posicionarse correctamente en la coyuntura tomando la delantera y fortaleciendo las medidas de aislamiento social. 

Octubre del 2019 y la respuesta social

No se puede pensar los sucesos actuales sin entender algunos elementos de la política ecuatoriana en los últimos años. Después de la salida de Correa, el régimen de continuidad de la tendencia encabezado por Lenin Moreno, se encargó de desarmar planes, programas de inversión, llegando incluso a afectar remuneraciones y estabilidad laboral de sectores claves como el de educación y salud pública. 

Como parte de su agenda de neoliberalización del Ecuador, a inicio de octubre pasado, se pretendió vía decreto, eliminar los subsidios al diésel y gasolina, entre otras medidas antipopulares, siendo que meses antes perdonó 4500 millones de dólares en impuestos impagos, moras e intereses a las más grandes industrias del Ecuador.

En ese marco y dirigido por el movimiento indígena representado en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), se dieron 12 días de paralización total y luchas callejeras como respuesta a que la policía y fuerzas armadas actuaron de forma extralimitada, atacando con suma violencia a quienes reclamaban por sus legítimos derechos, para posteriormente judicializar a la dirigencia social.

Producto de esta situación la ruptura entre las organizaciones del bloque popular frente a las fuerzas del orden y la esfera de los políticos es completa, por lo que, al llegar a este confinamiento por el COVID aún persiste dicha división y molestias, lo que provoca una casi nula coordinación ante una serie de imposiciones políticas que no tienen legitimidad y un gobierno que perdió cualquier capacidad de diálogo político con los sectores populares.

De esta manera, desde varios frentes se sostienen una serie de iniciativas, las que a todas luces, por la magnitud de la pandemia, son necesarias pero insuficientes, por lo que, las redes de solidaridad, de contención y distribución de alimentos están en una condición precaria de funcionamiento, peor aún en la ciudad de Guayaquil, en donde de forma sistemática se ha destruido por parte de las autoridades la capacidad de respuesta colectiva de la gente. 

Conclusión: la crisis es del sistema

Si, al contrario de lo declarado por la Ministra de Gobierno, la crisis no es culpa del troll center del ex presidente Rafael Correa, sino responsabilidad del sistema de generación, acumulación y redistribución del capital, pero de forma más precisa del neoliberalismo y sus efectos sobre la salud pública, y para muestra un botón: Guayaquil, cuidad en la que los últimos veinte años se ha implementado dicho sistema, y en donde los casos no pueden ser controlados. 

Y queda claro, que en la brecha entre el sector público y el privado, la primacía de este último, es un factor clave para el incremento de la pandemia. La gente no tiene donde atenderse, las pruebas de COVID no dan abasto y el sistema público está en una crisis sin precedentes que recién comienza, tomando en cuenta que el 44% de infectadas e infectados son parte del personal de salud. 

No es una simple coincidencia que Ecuador, Brasil, los Estados Unidos y Chile son los países que más casos tienen, ya que todos responden a gobiernos que tienen en el neoliberalismo y la protección a ultranza del sector privado en detrimento del público.

Así las cosas la situación en el Ecuador no tiene por el momento una salida desde la política pública, al punto que el mismo vicepresidente ha dicho que a la mayor parte de la población ecuatoriana le dará el virus, y no tenemos solución frente a esto. Ahora, solo queda esperar el momento en que las personas, empobrecidas por no poder salir a trabajar –recordemos que la mayor parte de la población es autónoma perteneciente al sector informal de la economía-, salga a conseguir, por las buenas o las malas, los alimentos, medicinas y vituallas necesarias para que sus familias sigan en confinamiento obligatorio y, retorne a la calle, donde nos volveremos a ver. 

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