Ecuador: nuevo conflicto abierto entre el gobierno y la CONAIE

Por Blanca Fernández, Melisa Argento y Adriana Rodríguez. El gobierno ecuatoriano abrió otro capítulo en el camino de desencuentros con la CONAIE (histórica organización indígena) al anunciar el desalojo de su sede en Quito. La denuncia de una “política de hostigamiento” y el repudio internacional.

 

El 11 de diciembre de 2014, el gobierno dispuso el fin del convenio de comodato mediante el cual otorgaba una sede en Quito a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El presidente Rafael Correa justificó la medida diciendo que la CONAIE mantenía un “uso político” del inmueble y no un fin organizativo, para el cual había sido entregado hace más de dos décadas. La decisión fue tomada desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), argumentando que precisaban el edificio para destinarlo a un centro de recuperación contra las drogas.

La CONAIE es una organización que nuclea a una heterogénea diversidad de pueblos indígenas. Fue creada en 1986 como resultado de un largo trayecto organizativo y bajo el consenso de impulsar un proyecto político hacia la sociedad ecuatoriana que buscara crear un Estado Plurinacional. A partir del levantamiento indígena en 1990, la CONAIE se fue convirtiendo en la principal organización social que supo liderar la resistencia al neoliberalismo, impulsando un discurso de lucha anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista.

También fue referente de la campaña por los “500 Años de Resistencia India” contra la celebración de los 500 años por el “Descubrimiento de América” y partícipe del I Encuentro Continental de los Pueblos Indios que suscribió la Declaración de Quito en 1990. Su organización y demandas son centrales en la comprensión de la Constitución de 1998 y, en ella, de la posibilidad de inclusión de determinados mecanismos de democracia directa, que fueron reforzados en la nueva Carta Magna de 2008.

“Una decisión unilateral, autoritaria y hasta ridícula”

En 1991, el Estado ecuatoriano accedió a entregar un inmueble en comodato para el funcionamiento de la organización; es decir que el espacio físico constituye también una reivindicación territorial simbólica de los pueblos en lucha. El edificio se ubica al norte de la ciudad de Quito y, si bien no se encuentra en un lugar céntrico ni cercano a los tradicionales edificios del centro político-administrativo, con los años se convirtió en sede principal, casa y punto de referencia del movimiento en el país y a nivel internacional.

La notificación del desalojo forzoso del histórico edificio dejó absortos a los indígenas, y su reacción no se hizo esperar. Luego de pedir infructuosamente al gobierno que desistiera de la medida, se movilizaron desde el 4 de enero con la convicción de respaldar la decisión de no entregar el inmueble. En algunos casos no pudieron llegar por trabas policiales en el camino. Dado que el 6 de enero vencía el plazo para abandonar el edificio, organizaron una vigilia para ocupar y defender la casa. En dicho contexto, los dirigentes del movimiento afirmaron que la medida formaba parte de una política de hostigamiento por parte del gobierno, y que la decisión ministerial había sido unilateral, autoritaria y hasta ridícula.

La movilización indígena recibió también apoyo internacional. Varias cartas firmadas por organizaciones políticas, académicos y militantes de derechos humanos circularon a través de las redes sociales anunciando solidaridad y pidiendo al gobierno que diera marcha atrás con la medida. Algunas de ellas denunciaron la contradicción frente a los principios establecidos en la Constitución, como la misma idea del Estado plurinacional. Otra de ellas argumentaba que “el interés superior para construir un centro contra las drogas no depende de un inmueble, y no se equipara con el daño tentativo que causaría a los derechos colectivos”.

Por otra parte, el conocido investigador social Boaventura de Sousa Santos expresó en una carta abierta al presidente Rafael Correa su rechazo al despojo del inmueble al que calificó como “un acto injusto y políticamente insensato”. El apoyo recibido da cuenta, también, de la capacidad articulatoria como referente que continua teniendo la CONAIE luego de casi 30 años de su fundación.

Como resultado de la resistencia y la denuncia, y luego de que la CONAIE presentara un recurso de reposición, la ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Betty Tola, anunció que el gobierno no desalojaría a la CONAIE. En ese momento el presidente Correa se encontraba en China firmando nuevos acuerdos económicos. Por su parte, la CONAIE declaró a los pueblos y nacionalidades indígenas en estado de emergencia, la continuidad de la vigilia en la casa, y la conformación de una Asamblea General Permanente hasta la resolución definitiva del conflicto.

A mediados de enero, la CONAIE recibió la decisión negativa del recurso de reposición interpuesto. El nuevo plazo máximo para que abandonen el edificio, anunciado por la ministra Tola, sería el 6 de marzo. En los próximos días presentarán una Acción de Protección para hacerle frente al desalojo, aludiendo la falta de argumentos jurídicos para suspender la revocatoria del comodato.

Para ese entonces, la CONAIE organiza junto otras organizaciones sociales y sindicales (FUT, UGTE, Frente Popular) una Cumbre de los Pueblos, Nacionalidades y organizaciones sindicales-sociales. Entre los temas conflictivos que debatirán estas organizaciones se encuentran las enmiendas a la Constitución y el mecanismo de consulta pre-legislativa, las leyes de Aguas y Tierras así como las reformas al Código Laboral.

Una relación conflictiva

El gobierno de Correa asumió en enero de 2007 y ha promovido importantes conquistas y transformaciones sociales reconocidas en toda la región. Sin embargo, luego de ocho años en el poder, el proceso de cambios ha mostrado límites y contradicciones. Las que han suscitado más desacuerdos, incluso hacia el interior de Alianza País, han sido el final de la iniciativa Yasuní ITT (tal vez su proyecto más revolucionario) que fue abortado en agosto de 2013, y la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Desde el inicio de la “revolución ciudadana”, se observa una relación conflictiva entre el líder presidencial y la CONAIE, algo que llama la atención porque ambos se reivindican “de izquierda”. Sin embargo, medidas como el fin del comodato rozan el absurdo. Y abre otros interrogantes acerca de las características del proceso fronteras adentro, su articulación hegemónica y la capacidad que esta tiene de interlocutar con los actores movilizados, y específicamente acerca de la CONAIE y su porvenir en este contexto.

Nota: En las próximas semanas compartiremos entrevistas a las partes del conflicto aquí presentado, para conocer sus posiciones con mayor detalle.