Educación pública, violencia y precarización

Por Julia Carlana y Pablo Barboza

En las últimas semanas se multiplicaron los casos de violencia policial sobre estudiantes o dentro de establecimientos educativos. Esta escalada represiva es acompañada de todo un arsenal de argumentos y verborragia reaccionaria contra la educación pública y los que “tenemos que caer en ella“.

El 20 de abril en el Colegio Mariano Acosta durante el mediodía los estudiantes realizaban una clase pública al interior del colegio en apoyo a la lucha docente mientras policías uniformados y armados estaban en la esquina del mismo controlando que no salgan a cortar la calle con la justificación de que, si así llegar a ser, pudieran prevenir cualquier tipo de accidente. Por la tarde, finalizada la clase pública, un policía armado ingresó al Colegio Mariano Acosta con una supuesta orden para impedir que los alumnos del establecimiento salieran a cortar la calle. “Le digo que no podía estar armado en un colegio donde hay menores, bajo ningún motivo, y le pedí que se retire” contó un docente del Colegio, a lo que el policía le contestó que era un profesional y que sabía qué hacer si había un incendio, “¿sí hay un incendio lo vas a apagar a balazos?” fue la respuesta del docente. El repudio fue inmediato y las autoridades del establecimiento junto al Centro de Estudiantes realizaron la denuncia correspondiente ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.

Dos semanas después, el 16 de mayo, la policía de la Ciudad ingresó armada al Colegio Mariano Moreno con el objetivo de disolver una sentada de los alumnos convocada por el Centro de Estudiantes en repudio a las sanciones a los alumnos impulsadas desde la dirección del colegio por haber votado en asamblea suspender las clases del turno tarde del miércoles 10 para poder asistir a la marcha contra el 2×1. La dirección fue cómplice al haber sido la encargada de llamar a la policía con la clara intención de atemorizar a los chicos ya que según ellos habían cometido “actos delictivos” incitándolos a que les “prohibieran la militancia”.

Ese mismo día pero en el conurbano sur al menos cinco policías, sin identificación, dispararon balas de goma a los estudiantes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield. Ingresaron a la escuela mientras perseguían a tres alumnos que se habían rateado. A uno de ellos lo detuvieron antes de ingresar, lo amenazaron, y le dijeron que por su apariencia física “iba a ser pollo en la cárcel”, lo obligaron a dar el nombre de sus compañeros y a indicar dónde los podían encontrar para llevárselos detenidos a ellos también. Fueron los estudiantes del ENAM los que ante este hecho reaccionaron inmediatamente e impidieron que se lleven a los chicos.

Dos días después en Berisso alumnos secundarios de la Escuela Media Nº1 se manifestaban frente a la intendencia para reclamar por los problemas edilicios de su escuela y encontrar mediante el diálogo una solución a la demanda concreta. Tras la nula respuesta por parte de la intendencia decidieron quedarse en la vereda a esperar a que alguna autoridad los atienda, realizaron un cordón de seguridad y los policías comenzaron a golpear y atacar de manera violenta sin consideración alguna sobre los menores.

El hecho más reciente fue el pasado 22 de mayo cuando en la intersección de Callo y Córdoba (CABA) dos jóvenes de la Escuela Carlos Pellegrini fueron interceptados por dos policías sin identificación. Uno de los efectivos les pidió su documentación pero el chico, menor, no llevaba su DNI, a lo que el policía al intentar revisarle su mochila expresó: “si no querés que te sigan pasando estas cosas, mejor no andes con eso” al ver que tenía en su mochila un pin del Partido Comunista.

En el Artículo 31 de la Ley N° 24521 de Educación Superior se expresa que: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Pero no existe una norma que impida a la policía ingresar a un establecimiento escolar, sólo podrían solicitar el ingreso si es para efectuar un allanamiento, para lo que requerirían una orden escrita de un juez, con sello del juzgado y su firma, donde se aclare el domicilio a inspeccionar, la fecha y hora en la que se hace esa inspección, la identificación de la causa judicial y la finalidad con que se practicará el registro y la autoridad que lo llevará a cabo. Cambiemos parece desconocer este artículo: en lo que va del año, al menos ocho veces las fuerzas de seguridad actuaron ingresando a escuela y universidades o requisando y reprimiendo estudiantes.

Este ataque directo no es ni más ni menos que un paso más en la carrera del gobierno para romper la resistencia que ofrece la comunidad educativa frente a la precarización y la mercantilización de la educación. Tiene por fin último diezmar y amedrentar  a los y las jóvenes estudiantes para profundizar el ajuste sin inconvenientes.

Esta estrategia, sumada a la persecución de los y las docentes que luchan, la estigmatización de las organizaciones estudiantiles y el desprecio por la escuela pública, requiere una respuesta unitaria y contundente, para quebrar el sesgo de retroceso que se plantea teniendo en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri incumple la Ley de Financiamiento Educativo, no convoca a paritarias y tiene los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza. Lo que está en juego no es sólo el salario, sino también el sentido de la educación y las condiciones en las que estudiamos.

¿De dónde viene este desmedro de la educación pública, gratuita y de calidad? 

La educación fue siempre uno de los factores de ajuste primarios, fuera cual fuera el gobierno de turno. Es en 1993, con la Ley Federal de Educación de Carlos Menem, que este desprecio por la escuela se tradujo en Política de Estado: la Ley Federal pasa la educación al ámbito provincial y, bajo la excusa de la descentralización, genera un retiro del Estado federal con la misma matriz ideológica que auspician los abandonos del actual gobierno.

Esta idea que se mantuvo de achicamiento del Estado quiere ser profundizada por este gobierno de ricos: el proyecto de Ley educativa que enviará al Congreso el oficialismo el próximo 30 de mayo, contiene un anexo que elimina la Ley de Financiamiento Educativo. El mismo sostiene: “De esta forma, cada jurisdicción, según sus posibilidades y realidad económica, será responsable de negociar los salarios docentes en los respectivos acuerdos marco jurisdiccionales”, sincerando de este modo el desentendimiento del Estado Nacional en los asuntos educativos.

Es tarea de toda la Comunidad Educativa multiplicar los esfuerzos y el compromiso para frenar esta avanzada de derecha, no sólo como una expresión meramente contestataria o testimonial, sino en términos políticamente concretos: en la calle, en unidad y retomando las mejores tradiciones de lucha de los movimientos estudiantiles que se sucedieron a lo largo de la historia.

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