Las horas de tensión no han desaparecido en Egipto. En poco más de 24 horas, los hechos se suceden con la rapidez de tiempos pasados, cuando las masivas movilizaciones populares terminaban con el régimen de Hosni Mubarak, quien gobernó la nación africana durante treinta años.
Como en ese entonces, las Fuerzas Armadas fueron un factor desequilibrante para definir de quién es el poder en la potencia regional, principal aliada de Estados Unidos e Israel. Tras dar un golpe de Estado el miércoles pasado contra el presidente Mohamed Mursi, representante de la organización Hermandad Musulmana (HM), las fichas políticas en Egipto se mueven de forma permanente, pero sin conocer todavía hacia dónde.
Entre la noche del lunes y el martes, el país vivió nuevas represiones, fue designado Hazem El Beldawi como primer ministro interino, y el mandatario provisional, Adli Mansour, fue investido con una Declaración Constitucional que le da amplios poderes. Este dictamen establece que el período de transición durará entre seis meses y un año, mientras que Mansour tiene reservadas las facultades legislativas. La declaración fue difundida pocas horas después de que una manifestación al cuartel general de la Guardia Republicana finalizara con represión y enfrentamientos, dejando como saldo 51 muertos y alrededor de 450 heridos.
El texto oficial que intenta poner un marco legal y legítimo a la crisis que atraviesa Egipto está conformado por 33 artículos, y tendrá validez hasta la aprobación en referendo de la próxima Constitución. La actual Carta Magna, impulsada por el ex presidente Mursi y la HM, fue aprobada en diciembre pasado, en una consulta rodeada de duras críticas por parte de los partidos políticos laicos y de izquierda, que acusaron al gobierno de intentar islamizar la sociedad.
Las facultades legislativas que ahora poseerá el presidente interino deberán ser consultadas a su gabinete de ministros, todavía en formación, hasta que se realicen los comicios parlamentarios, estipulados para el próximo año, al igual que las elecciones presidenciales. Mansour además tendrá la facultad de definir la política de Estado, el presupuesto para todo el país y la declaración del Estado de Emergencia hasta por tres meses.
Conocida la Declaración Constitucional, las Fuerzas Armadas expresaron su apoyo al texto, según manifestó en un comunicado el general Abdel Fattah Al Sisi, quien encabezó el golpe contra Mursi. El militar alertó que el Ejército responderá a los “intentos de obstruir (la declaración) empleando métodos no pacíficos”.
“Los militares son capaces de cumplir sus responsabilidades y están al tanto de los peligros del período que se avecina”, aseveró Al Sisi. El general egipcio agregó que “ninguna de las partes debe actuar contra el deseo de la nación, no importa cuál sea la excusa (porque) el pueblo no aceptará tales acciones”.
Mientras tanto, Cecile Pouilly, portavoz de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamó al cese de la violencia en territorio egipcio y deploró las muertes registradas entre el viernes pasado y este lunes, que ascienden a 80, a lo que se suman más de mil heridos. “Exhortamos a todas las partes a frenar la violencia y a los manifestantes a mantener la naturaleza pacífica de sus demostraciones”, declaró la funcionaria. Pouilly demandó “una investigación rápida, imparcial y transparente de todos los incidentes que ocasionaron víctimas fatales y el procesamiento judicial de sus responsables”.
¿Quién es el primer ministro?
Economista, ex funcionario de Hosni Mubarak y Mohamed Mursi, el primer ministro designado, Hazem El Beldawi, deberá pilotear un país sumido en una fuerte crisis política y económica, endeudado con el Fondo Monetario Internacional y con una profunda pobreza y creciente desocupación.
Entre julio y diciembre de 2011, El Beldawi se desempeñó como viceprimer ministro y titular de Finanzas, momentos en que el gobierno de Mursi había negociado préstamos con organismos internacionales, medida fuertemente criticada por diversos sectores.
El actual primer ministro, de 77 años, es miembro del Partido Social Democrático (PSD) y tendrá entre sus primeras tareas conformar un gabinete que responda a los intereses cruzados, el poderío de las Fuerzas Armadas y los reclamos de los partidos opositores a Mursi.
El Beldawi, graduado en 1965 en la Universidad de Alejandría, fue subsecretario general de la ONU entre 1995 y 2000. Durante el régimen de Mubarak, estuvo a cargo en el período 1983-1995 del Banco de Desarrollo de las Exportaciones. Años antes, El Beldawi fue profesor en las universidades de El Cairo, Ain Shams y Americana, de Egipto, en la Sorbona de París, y en la de California, en Estados Unidos.
El designado primer ministro arriba al cargo con una noticia que podría generar nuevas expectativas: la monarquía de Arabia Saudita anunció un paquete de ayuda de cinco mil millones de dólares segmentados en un depósito de dos mil millones en el Banco Central de Egipto, una suma igual en productos energéticos y mil millones en efectivo. La monarquía de Emiratos Árabes Unidos también comunicó una donación de mil millones de dólares y un préstamo de dos mil millones para Egipto.
Movimientos internos
Luego del anuncio de la Declaración Constitucional que busca encaminar una transición, la HM rechazó la medida y advirtió que con las nuevas políticas el país retrocederá. Así lo señaló Essam Al Ariam, vicesecretario del partido Libertad y Justicia (LJ), agrupación legal de la HM. “Con el derrocamiento de Mohamed Mursi no sólo se está agrediendo a un presidente, sino también la identidad y los derechos de las personas en Egipto, su libertad y su democracia están en peligro”, consideró el dirigente. La Hermandad Musulmana llamó a continuar las protestas contra el derrocamiento de Mursi.
En tanto, el partido Al-Nur aceptó el nombramiento de El Beldawi, mientras que el movimiento Tamarod (Rebelión, en árabe) rechazó la Declaración Constitucional porque “sienta las bases de una nueva dictadura”. Tamarod anunció que en los próximos días entregará al gobierno interino un proyecto nuevo de Declaración Constitucional.