Por Leandro Cairuga. La historia de la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual volvió a dar un giro inesperado. Ayer la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial extendió la medida cautelar que le permite al juez en primera instancia tener más tiempo para dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. Otra vez, venció el monopolio.
El 7 de diciembre se había convertido en el símbolo político más importante del kirchnerismo en los últimos tiempos. La democratización de la palabra y de la comunicación llegaría con la adecuación de todos los grupos mediáticos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
Tan sólo faltaba que dos jueces fallaran en contra de extender la medida cautelar que presentó el Grupo Clarín para que la Autoridad Fiscal de Servicios de Comunicación Audiovisual comenzara a dar los primeros pasos en la plena implementación de la ley. El problema es que no sucedió tal cosa, ya que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, compuesta por los jueces María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, resolvieron prorrogar la medida cautelar hasta que el juez de primera instancia dicte una sanción definitiva. La cautelar tendría vigencia “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”, informaron desde la Cámara de Apelaciones.
En la espera de la resolución del juez civil y comercial de primera instancia Horacio Alfonso, se comenzó a construir la idea de que hoy comenzaba el fin de los monopolios mediáticos por un lado, y por el otro, que el 7 D “no pasa nada”. El segundo punto tal vez sea uno de los más destacados, ya que el Estado es quien debe garantizar el cumplimiento de las ley, en este caso, estando la misma en una disputa judicial se dieron todos los canales necesarios para buscar que se cumpla. De esta manera, tres años después de sancionada, los otros grupos mediáticos que tampoco se adaptaban a la LSCA presentaron sus planes de adecuación. Vale recordar que no todos los medios tenían conflictos de licencias en la ley, sino que podían también estar excedidos en cantidad de transmisiones al interior, en propiedad nacional de los medios, entre otras.
La reacción del gobierno ante el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal fue de “sorpresa” e “indignación”, aunque si uno analiza el día a día, cómo el gobierno montó un escenario donde si sucedía lo que efectivamente pasó en la tarde de ayer, le daría un mayor capital simbólico para encarar una nueva travesía en la justicia. El siguiente paso ya lo informó el ministro de Justicia, Julio Alak, “se va a requerir a la Corte Suprema que se expida sobre el caso mediante el ‘per saltum”. Con este mecanismo, que fue votado hace poco tiempo en el Congreso Nacional, se puede requerir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicte sentencia sobre un fallo salteando las partes previas para su resolución. En este caso, salteando la resolución de Juez Alfonso.
Además el ministro Alak puntualizó que la medida cautelar “es absurda” y que “se confirmó lo que veníamos diciendo hace 23 meses, cuando advertíamos que un sector de la Cámara pretendía, con diversas maniobras procesales, extender una cautelar por Clarín”. Con la sentencia dictada solo queda saber que es lo que decidirá el juez Alfonso, aunque también se sabe que si la sentencia fuera desfavorable para el Grupo Clarín, este podría nuevamente apelar ante la misma Cámara donde ya se ha visto cuál es su preferencia en estos temas.
La implementación total de la LSCA viene con importantes demoras si se tiene en cuenta que se sancionó hace ya más de tres años. El primer obstáculo para el cumplimiento de la norma lo puso el Grupo Clarín sobre los artículos 45 y 161, planteando la inconstitucionalidad de los mismos. Lo cierto es que en las últimas semanas estuvieron aumentando los esfuerzos del gobierno para poder darle un giro a la causa que permita que el 7 de diciembre se convirtiera en esa fecha que tanto venían preparando.
Sin dudas a partir de ese día no se terminaban los monopolios, pero lo que si comenzaba era un momento en donde el Grupo que mantuvo en vilo a los sucesivos gobiernos democráticos y que acompañó la última dictadura militar podía ser puesto “en jaque”. Esta vez podía darse el momento en que la ley valiera más que los intereses económicos. Pero no, por eso quedó demostrado el poder que tiene Clarín.
Lo que falta ahora es esperar dos cuestiones. Por un lado puede suceder que el juez Alfonso dicte sentencia estos días, ya que no se descarta que esto suceda pronto. Si no tendría sólo 40 días hábiles estipulados por la Corte Suprema para leer alguna resolución sobre el conflicto de constitucionalidad respecto a la ley.
La otra salida será la que anunció ayer Alak, si la Corte acepta el “per saltum”, será la que se encargue de resolver si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene o no, carácter constitucional.