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Por Inés María Correa. La explotación minera se encuentra en debate para distintos actores políticos y sociales. A continuación un recorrido sobre diversos argumentos de un lado y otro.
Hace unos meses, a raíz de la amenaza de continuar con otra fase de extracción de minerales en el Cerro Famatina, se ha instalado en la agenda de todos los medios la discusión sobre la explotación minera a cielo abierto. Es un buen comienzo para que el tema se ubique también en la agenda de las políticas públicas. El debate parece estar planteado entre los que apoyan esta explotación -empresas y gobiernos, tanto nacional como provinciales-, por un lado, y los pobladores de las zonas donde se desarrolla esta actividad, por otro. Estos últimos nucleados, por ejemplo, en asambleas como la del Algarrobo (con una importante actividad de difusión a través de la Radio del mismo nombre) que confluyen en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
Recientemente el tema resonó por la inexplicable represión que sufrieron los vecinos de Aldalgalá, donde se encuentra ubicada la mina Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Resulta poco menos que extraña la falta de transparencia en un asunto en el que, mientras empresas y gobiernos hablan de progreso, los vecinos saben que podría verse afectada su salud y la de próximas generaciones.
Para tener algunos datos, fuimos en búsqueda de algunas respuestas.
Soledad Sede, coordinadora de la Red de Asistencia Jurídica (RedAJ), explicaba que “según un relevamiento de la Red, existen en el país 136 proyectos en fase de exploración avanzada y 18 proyectos en explotación. Pero como nota distintiva del perfil de la actividad en el territorio, los proyectos son propiedad de 51 empresas, 49 de capital transnacional y sólo 2 de capital nacional”.
Y seguía: “Comparada con otras actividades extractivas, la megaminería tiene altísimos requerimientos territoriales y ambientales. Una minera consume mínimamente sesenta mil litros de agua por segundo, es decir, consume en un segundo lo que una familia promedio podría utilizar en varios meses. Además, Minera Alumbrera es el principal consumidor independiente de energía eléctrica del país, consumiendo el 80,2% de la energía de Tucumán”. (Estos y otros datos son relevados por el sitio http://www.noalamina.org/)
En el documento del grupo de sacerdotes Opción por los Pobres, que sienta posición luego de la represión a los vecinos, se expresa: “La economía, el desarrollo y la producción no pueden ni deben estar desconectadas del bien común y del estado de bienestar de la sociedad. Los proyectos mineros en cuestión amenazan recursos vitales para la subsistencia humana, como el agua y la energía. Nos preocupa que sólo se evalúen los costos económicos y no se eviten posibles graves costos socio-ambientales como la usurpación de tierras habitadas, contaminación de aguas y tierras a causa de los procesos de lixiviado de los minerales extraídos, etc”.
Al preguntarle a la RedAj si existen explotaciones mineras a cielo abierto que no generen daño ambiental, la respuesta de Sede fue negativa. “Todas las políticas públicas que se elaboran tienen una falla fundamental que es ignorar el reclamo de la gente o vapulearlo con contraargumentos que atrasan la discusión. Por ejemplo: no podemos vivir sin minería, podemos hacer minería sustentable, vamos a cobrar un poquito más de regalías. Mientras los pobladores están diciendo: ¡El agua vale más que el oro!. Esta lógica no se escucha ni desde el Poder Ejecutivo ni desde el Judicial. Sí en algunos casos desde el Legislativo, por eso tuvimos 9 provincias que sancionaron leyes prohibitivas”, explicó.
El asunto es que estos emprendimientos ya están funcionando y se están llevando los minerales y metales de los suelos, dejando los residuos peligrosos en las napas. Pero, ¿quién se ocupa de controlar esto?: “No hay control. La Secretaría de Minería de la Provincia, la Policía minera u organismos unipersonales carentes de presupuesto, de formación técnica actualizada y principalmente de personal. En principio tendría que existir la voluntad política de controlar la actividad seriamente”, precisó Sede.
Existen también denuncias hechas en sede judicial y es el fiscal federal Gustavo Gómez, de Tucumán, quien lleva adelante varios expedientes donde consta la contaminación de la Minera La Alumbrera, entre otros antecedentes judiciales, mientras los gobernantes siguen sosteniendo que no existe contaminación