Por Sebastián Tafuro. Las políticas del macrismo en el área de Salud Mental han profundizado el deterioro del neuropsiquiátrico, que además se encuentra amenazado en su existencia por el proyecto del “Centro Cívico”.
“La salud mental al gobierno de la Ciudad no le interesa, es la salud mental de aquellos que están en un grado de vulnerabilidad mayor, y el macrismo ha demostrado que la vulnerabilidad – ya sea a nivel de la escuela, de la salud, de la cultura – no le interesa, le interesa satisfacer demandas de clase media para arriba, que es su fundamento de voto y existencia”. Según Ángel Barraco, licenciado en Psicología y participante clave en la confección de la ley 448 – ley de Salud Mental en la ciudad de Buenos Aires sancionada en julio de 2000 – ésta es la mirada del ejecutivo porteño sobre la temática, que se expresa en una serie de iniciativas recientes (y no tanto), cuya transgresión a los marcos legales ha generado preocupación entre aquellos sectores que impulsan políticas radicalmente distintas a las que viene llevando adelante el PRO.
El Hospital Borda está en el eje de la escena debido al proyecto del “Centro Cívico” que promueve la administración de Mauricio Macri y que significa, en concreto, el traslado de la Jefatura de Gobierno y varios ministerios al lugar exacto donde hoy están el neuropsiquiátrico y el ex Hospital Rawson, en una primera etapa que ya se ha licitado a un costo inicial de $280 millones. Este plan es considerado como un “fenomenal negocio inmobiliario”, de acuerdo a la visión de integrantes de la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental, que pretende valorizar financiera y económicamente la zona Sur.
En ese sentido, se vienen produciendo externaciones de pacientes a un ritmo más acelerado de lo habitual con el objetivo de contar cuanto antes con los terrenos para avanzar con las obras edilicias, algo que aparenta ir en la tendencia correcta de la desmanicomialización que propugnan las leyes (entre ellas, la 26.657 de Salud Mental a nivel nacional que fuera promulgada a fines de 2010) y recomiendan los especialistas, pero que debería realizarse sin un espíritu apremiante, sino de modo paulatino y con la evaluación de cada caso particular.
La falta de gas y el intempestivo intento de cierre del Taller “Pan del Borda” son otros dos puntos problemáticos que exhiben la peor cara (si es que hay una buena) de un gobierno que cuenta con la protección de los grandes medios hegemónicos, cuyas políticas editoriales producen la invisibilización de estos temas en pos de la salvaguarda del que consideran “su candidato” para derrotar al kirchnerismo en algún momento. En palabras de Leonardo Gorbacz (ex diputado nacional y autor del proyecto que dio lugar a la ley 26.657), “no se puede seguir siendo indiferente porque el nivel de atrocidad (…) pasa todos los límites: un año sin gas, mientras van demoliendo el edificio con ellos (los pacientes) adentro”.
En cuanto al Taller, ha sido el primer gran afectado del proyecto “Centro Cívico” ya que las topadoras comenzaron a demoler parte de las instalaciones en las que se desarrolla su funcionamiento, sin previo aviso. La resistencia de quienes participan del Taller – del que, en promedio, participan entre 15 y 20 pacientes – ha impedido la demolición total del lugar, en el que se sospecha se construirá el estacionamiento del nuevo complejo edilicio. Como comentaba un integrante del espacio, “la desmanicomialización es lo correcto de cara a un nuevo paradigma, pero no este cierre compulsivo, por derecha, que no le importa nada del paciente, de su dignidad… tiene que haber una estrategia de integración comunitaria”.
Hace pocos días, las legisladoras Virginia González Gass (presidenta de la Comisión de Salud Mental) y María Elena Naddeo se reunieron con el director del Borda, Ricardo Picasso, quien aseguró que “los terrenos que el Hospital cedería al Gobierno de la Ciudad son sólo el 10 por ciento del total” (una hectárea y media) y que “haciendo eso se acelerarían las obras que hacen falta”. Ambas parlamentarias manifestaron su desacuerdo con esa cesión y señalaron que “con los millones que costará en un principio realizar la obra del edificio gubernamental, se puede invertir para mejorar el Borda y otros hospitales que necesitan refacciones inmediatas”.
Por último, y en lo que constituye otra determinación polémica del macrismo, la Resolución 52/12 llama a licitación para contratar camas de internación en clínicas privadas, lo que constituye una contradicción respecto a los lineamientos de la Constitución de la Ciudad que indican que “no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector…”. Esta resolución parecería inclinar la balanza hacia una incipiente privatización del área, que ha sido muy cuestionada desde diversos ángulos.