El Cóndor y las corporaciones, las complicidades en época de dictadura

Por Leandro Albani y Noelia Leiva / Foto por Verena Glass FRL

El entramado de poder que permitió que el terrorismo de estado cometiera actos de lesa humanidad fue sostenido por la colaboración entre fuerzas armadas de todo el sur de América, y por una participación civil entreguista, encabezada por las empresas. Así se lo analizó en dos paneles del seminario “Derechos humanos, ayer y hoy” que organizó la Fundación Rosa Luxemburgo.

Los actos que el terrorismo de estado cometió hace casi 40 años en Nuestra América necesitaron de un factor clave para concretarse: la complicidad. Un entramado que llevaba a militantes y sus familiares o amigos a la clandestinidad, los sometía a torturas y a la desaparición forzada, que perseguía el fin de la lucha por un mundo nuevo no podía sostenerse sólo por las armas. Al sur, los países alimentaron un plan compartido para la muerte y la instalación de ideales neoliberales, que se conoció como Plan Cóndor. Hacia adentro de cada Nación, las empresas aportaron a las dictaduras el componente “civil” del horror. Esos tejidos fueron analizados por personalidades del campo de los derechos humanos en el seminario “Derechos humanos, ayer y hoy” de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Colonia Dignidad fue una localidad chilena comandada por el alemán Paul Schafer, un pastor que había sido excomulgado de la iglesia luterana por actos de pederastia, a los mismos que sometió, según se investiga, para con los niños, niñas y jóvenes que integraban la población local, de cerca de 300 personas. Su complicidad con Arturo Pinochet no sólo se plasmó en los “métodos”, ya que como consecuencia de su venida a América se engrosó la cantidad de personas desaparecidas cuyos nombres y apellidos se desconocen, sino que también colaboraba en la venta de armas y en la investigación sobre posibles ataques bacteriológicos. Así lo expuso durante el panel “Injerencias, impunidad, memoria” Jan Stehle, un becario de la Universidad Libre de Berlín que desde 2010 investiga lo ocurrido en el lugar.

Según detalló el también integrante del Centro de Investigación y Documentación Chile-Latinoamérica-Berlín, los crímenes hacia adentro y hacia afuera de la Dignidad no pudieron pasar desapercibidos por la República Federal Alemana, lo que constituye un nuevo ejemplo de complicidad. “Chile se encuentra a 25 años del fin de la dictadura cívico militar y hasta el día de hoy la Justicia fue muy precaria, lo mismo que la memoria histórica. En Colonia Dignidad fueron ciudadanos alemanes que colaboraron con la dictadura, y recién en 2005 fue posible investigarlo. Las víctimas se encuentran con una situación muy difícil, que es que ellos van envejeciendo y hay perpetradores que van muriendo, lo que se conoce como impunidad biológica”, le explicó Stehle a Marcha.

A su turno, María Stella Cáceres de la Fundación Celestina Pérez de Almada relató cómo durante la dictadura de Alfredo Stroessner se produjo el exterminio de la comunidad originaria Aché, que a partir de las presentaciones del ex juez español Baltazar Garzón y de organizaciones de derechos humanos pudo ser evidenciado como “genocidio”. Amparada en el principio de jurisdicción universal, la Federación Nacional Aché decidió ampliar la querella presentada en 2013 ante el Juzgado Federal 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide.

Para la especialista, que fue acompañada por el abogado Juan Adolfo Maida y por el ganador del Premio Nobel de la Paz Alternativo, Martín Almada, otro factor para destacar es que este acto de lesa humanidad también debe considerarse como un “ecocidio”, y que para la “reparación” es preciso la proliferación de “sitios de memoria”, en una lógica similar a la empleada en la Argentina.

Para cerrar el panel, que fue coordinado por la representante del CELS, Luz Palmas Zaldúas, el integrante del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, Jair Krischke, repasó los engranajes del Plan Cóndor. Con la coordinación de la CIA y la Casa Blanca estadounidense, el programa contó con la participación de las cúpulas militares y corporativas de Brasil –aunque sus representantes sólo firmaron como oyentes en el acto que oficializó la tarea hace casi 40 años–, Chile, Argentina y Paraguay. En su exposición, relató cinco casos en los que, según consta en los archivos hallados sobre esa megaoperación, las acciones se coordinaron más allá de las fronteras.

“Necesitamos abrir todos los archivos. La Comisión Nacional por la verdad fue un fracaso en Brasil”, instó Krischke.

Las corporaciones, esa enemiga interior de las luchas

La implicancia y participación de las grandes compañías durante las dictaduras militares en la Argentina y Brasil fueron abordadas durante el panel “El rol de las empresas transnacionales, ayer y hoy”. Victoria Basualdo, historiadora y profesora de Flacso, y Sebastiao Neto, investigador y coordinador del proyecto “Memoria de la oposición sindical metalúrgica”, se encargaron de relatar las experiencias en ambos país, en los cuales las principales firmas internacionales tuvieron un estrecho vínculo con las políticas de terrorismo de Estado. Esta relación, no solo ideológica sino también operativa, funcionó como elemento fundamental para cortar el ascenso de los trabajadores y las trabajadoras, como también del movimiento sindical y sus proyecciones de cambio social.

Basualdo recordó que en la Argentina, a partir de las décadas de 1940 y 1950, el sindicalismo tuvo una “gran penetración en los lugares de trabajo”, que permitió una mayor radicalización política y el crecimiento del activismo obrero. Con los regímenes militares que se sucedieron entre 1955 y 1976 se intentó cortar el desarrollo sindical, como también la participación de los trabajadores en la economía del país. Ya con la dictadura de 1976 instalada, los objetivos principales fueron la transformación económica del país, la aplicación de política laborales regresivas y la expansión de la represión para detener los avances de las organizaciones políticas-militares y el movimiento sindical.

Con respecto a la participación empresarial en el golpe de Estado, Basualdo señaló que compañías como Ford, Ingenio Ledesma, Astarsa, Mercedez Benz y Acindar no sólo respaldaron a la dictadura en sus planes financieros, sino que realizaron una “multiplicidad de aportes” como la entrega a los militares de camionetas para secuestrar obreros, la instalación de centros clandestinos de detención dentro de las propias empresas (como los casos de Ford y el Ingenio Ledesma), financiamiento y hasta “banquetes” en los cuales participaban militares y empresarios. “En la actualidad hay 25 empresas de todo el país que están documentadas por su involucramiento con la dictadura”, resumió Basualdo. Y recordó que “en muchos casos, el poder de esas empresas sigue vigente”, como son los de Ford, Ledesma y Acindar.

A su turno, Neto explicó que en Brasil los hechos ocurridos durante la dictadura remiten “a la tortura y a la represión militar”, pero que no se profundizó sobre “el papel de los agentes económicos” que participaron. El investigador también indicó que en su país se conformó una Comisión de la Verdad, en la cual se pudo crear un grupo de investigación específico sobre la clase trabajadora, aunque Neto reconoció que este organismo no ha dado buenos resultados, al considerar que “tuvo poca fuerza política y estar enredada en los institucional”.

Con una clase obrera que crecía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Neto expresó que el poder militar efectuó golpes de Estado porque “no querían que los trabajadores se organizaran”. Además recordó que la Ley de Amnistía aprobada luego de la dictadura tiene una concepción conservadora y permite recrear la teoría de los dos demonios. A esto hay que sumar que los archivos militares están vedados al público.

A su entender, el intento de llevar a la justicia a las empresas implicadas en la represión debe sortear esa norma y basarse en la legislación internacional sobre violaciones a los derechos humanos. Desde el grupo que coordina, Neto detalló que trabajan sobre seis compañías, una de ellas la automotriz Volkswagen, de la cual obtuvieron archivos de comunicaciones internas que permiten reconstruir su vínculo con el poder militar.