El decir y el hacer en torno a la educación en las presidenciales de 2015

Por Leandro Segado / Foto por Andrés Alvarez

Debates televisivos, entrevistas en diarios, actos de campaña: en todas las instancias se enuncian y prometen propuestas en torno a la educación, a la salud, a la seguridad, al trabajo, a protección social, entre otros ejes. En este caso, nos abocaremos al eje de educación a partir de las propuestas de Scioli, Massa y Macri.

Dime con quién andas…

Para empezar, Daniel Scioli. El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires –y quien encabeza las encuestas– hace hincapié (y promesas) en “mejorar el acceso en la calidad y en el acceso a la educación”, aumentar las horas de clase en la escolaridad primaria y ampliar al 80% el egreso de la escuela secundaria. Así como también que todos se incorporen al dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y al de una segunda lengua. Como consigna no suena mal, pero sí un poco abstracta.

Entonces, veamos qué pasó con la educación en la Provincia de Buenos Aires durante su gestión en los últimos ocho años. La Provincia fue el escenario de grandes luchas protagonizadas por las regionales combativas de Suteba-Ctera: recordemos los 17 días de huelga docente histórica en los inicios de 2014. Los reclamos fueron por la mejora en la infraestructura de las escuelas, las condiciones de enseñanza y aprendizaje, el cuestionamiento a los subsidios a las escuelas privadas, la discusión sobre el presupuesto educativo nacional, la equiparación de un cargo a la canasta familiar y el derecho a una educación pública de calidad, todos acompañados con movilización de los docentes y la comunidad educativa (sumado a familiares de los estudiantes).

Por otro lado, en esa jurisdicción se da una problemática con la Educación de Jóvenes y Adultos. La propuesta del Ministerio de Educación es el “Fines II”, un programa pensado con el objetivo de mejorar la cifra de egresados de la franja de jóvenes y adultos de escuela secundarios. Como puede funcionar en cualquier lugar físico (comedores, clubes barriales, locales partidarios y otros espacios no estatales), delega en la comunidad los gastos de infraestructura y administración escolar y precariza a las y los docentes que trabajan en él a través de contratos cuatrimestrales (distinto del resto). Se trata de una versión devaluada de lo que realmente debería hacer el Estado, que es construir escuelas con docentes que cobren como cualquier otro y con un lugar apropiado para desarrollar las clases. Y respecto de la propuesta superadora de los Fines II, que son los bachilleratos populares, se tardó muchísimo para lograr una gestión para sentarse a delinear posibilidades de reconocimientos parciales. Por el momento, no está la oferta del reconocimiento como un Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS), ni de la pareja pedagógica en contraste con el docente unipersonal de un curso, ni el financiamiento integral, que constituyen las reivindicaciones propias de los bachilleratos populares.

Como regla general, se da la situación de numerosos docentes que tardan muchísimo en cobrar (como el caso de Tigre este año) y paritarias atrasadas con respecto a la inflación.

En estos últimos días trascendió que el próximo ministro de educación nacional (si Scioli fuera presidente) podría ser Alberto Barbieri, quien actualmente detenta el cargo de rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Acusado de corrupción y negociados, había designado a Darío Richarte como vicerrector (ex miembro de la SIDE), quien tuvo que renunciar luego de una campaña en su contra; y tiene como Secretario de Hacienda a Emiliano Yacobitti, acusado de enriquecimiento ilícito y negociados, a partir de una investigación del periodista Alejandro Bercovich .

En este escenario de corrupción entre funcionarios de la salud y la educación, hace pocos días explotó un autoclave, artefacto esterilizador del Hospital de Clínicas. La designación de Barbieri sorprendió incluso a las filas oficialistas, que no ven reflejados en él la “continuidad del proyecto”.

Oda a la privatización

Por su parte, Mauricio Macri, como actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una gestión que va avanzando paso a paso sobre la autonomía docente y sobre la educación pública. Si Macri dice en su campaña que es el gobierno que más hizo por la educación pública, van como muestra algunos sucesos que desmienten esa tomada de pelo a los argentinos: se eliminaron las Juntas de Clasificación Docente, lo que anuló la participación de trabajadores y trabajadoras de la educación, elegidos de forma democrática en la tarea de calificar a los docentes que se inscriben para dar clase; se instituyeron las inscripciones online, que dejaron a miles de pibes y pibas sin poder inscribirse a la escuela inicial y primaria; se fue vaciando sistemáticamente al CePA, institución estatal para la formación y acrecentamiento del puntaje docente, al tiempo que se contrató a la Universidad de San Andrés para dar cursos de liderazgo a los directores de las escuelas públicas que paga con fondos públicos. En este año, se implementó la Inscripción Docente Online, por lo que también miles de docentes quedaron sin poder inscribirse o inscribiéndose por la mitad.

Además, se instituyó la Nueva Escuela Secundaria (NES) –aplicada unilateralmente por el gobierno sin la real participación de la comunidad educativa–, que quita horas a los docentes y expulsa a estudiantes.

Por otro lado, se omite la construcción de más escuelas públicas en la Zona Sur, que son muy necesarias para satisfacer el derecho básico del acceso a la escuela pública y para que cientos de pibas y pibes no sigan quedándose sin vacante todos los años. A la par que se construyeron “aulas container”

El aumento sistemático del porcentaje en los subsidios a las escuelas privadas en detrimento al de infraestructura en educación pública en cada presupuesto anual votado en la legislatura con la connivencia del bloque del FPV.

Hay un policía en la escuela

Por último, Sergio Massa, tiene propuestas muy generales como mejorar la calidad de la educación pública, entre otras –al igual que los otros dos candidatos–. Sin embargo sí nos interesa resaltar la propuesta de generar un sistema de premios y castigos a los docentes, con control de presentismo y capacitación con las nuevas tecnologías. En ese sentido, en el debate presidencial, fue interpelado por el también candidato a presidente, Nicolás del Caño, en referencia a su “presentismo” en el Congreso Nacional, con un porcentaje de ausencia que supera el 80%.

Sin que se explique mejor esta propuesta, puede leerse como un control sobre los trabajadores y trabajadoras de la educación, y un mecanismo que intenta contener o eliminar la huelga como medida de lucha. Esta política no ayuda en lo más mínimo a “mejorar la calidad de la educación pública”, sino todo lo contrario, ya que busca cercenar derechos básicos de las y los docentes.

Como vemos, si bien las propuestas discursivas apuntan a darle prioridad a la educación pública (a contramano de lo que se impone como realidad en el caso de las gestiones concretas), los tres candidatos se perfilan para gobernar controlando a los docentes, precarizando la educación y permitiendo y favoreciendo el avance de la educación privada.