El estado de excepción en las calles

Por María del Carmen Verdú* / @LaNegraVerdu

Cuando los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº 21 dictaron sentencia en el juicio por el ataque criminal que costó la vida al compañero Mariano Ferreyra, su presidente, el juez Horacio Días, quiso hacer un paralelo entre ese juicio y con otras causas trascendentes por hechos represivos, y dijo: “Con Carrasco se acabó la colimba, con Bulacio se acabaron las razzias, con Kosteky y Santillán se acabó un gobierno”. No era un día cualquiera. Era 19 de abril de 2013. Exactamente 22 años antes, casi a la misma hora, Walter Bulacio, un pibe de 17 años de Aldo Bonzi, era detenido en el operativo policial dirigido por el comisario Miguel Ángel Espósito en los alrededores del Estadio Obras. Una semana después, murió como consecuencia del apaleamiento recibido. Recién unos meses después, en septiembre de 2013, empezaría el tardío e incompleto juicio oral al comisario.

Minutos después de esa afirmación, lanzada a sabiendas de nuestra presencia en la sala, ya que éramos una de las querellas contra el burócrata José Pedraza, su patota y los comisarios de la PFA que cooperaron en el plan criminal, pudimos responder frente a la multitud de compañeros y compañeras movilizados desde temprano frente al edificio de Comodoro Py. Dijimos que ni CORREPI, ni nadie, necesitábamos más que caminar la calle para saber que nunca habían terminado las razzias, ni las detenciones arbitrarias, ni la tortura ni el gatillo fácil, ya que seguían vigentes las normas que permiten las primeras y a diario jueces y fiscales justificaban los últimos.

En aquel principio de 2013, nos indignó esa afirmación que ya estaba desmentida por los varios miles de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal registrados en el Archivo de CORREPI con posterioridad a 1991, con la comprobación de que la mayoría de las muertes en comisarías encontraba su origen en detenciones arbitrarias como la de Walter, es decir, sin imputación de delito (averiguación de antecedentes, razzias, detenciones de niños y niñas por ser “menores”, faltas o contravenciones).

Cinco años después, a poco más de dos años de gobierno de Cambiemos y 27 de la detención, tortura y muerte de Walter, enfrentamos un recrudecimiento tan exacerbado del escenario represivo que cuesta encontrar adjetivos adecuados para definirlo. Desde el minuto cero de su gestión, los funcionarios a cargo del área de “seguridad” de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, seguidos sin fisuras por sus pares de las demás provincias, gobernadas o no por la Alianza Cambiemos, lanzaron la orden de aplicar “a fondo”, masivamente, esas herramientas históricas con las que cuentan las fuerzas de seguridad para interceptar, identificar y detener personas arbitrariamente.

Hoy ya casi no es noticia que personal policial, de gendarmería o de otras fuerzas nos pare en la calle porque sí, nos pida el DNI, nos interrogue acerca de adónde vamos y de dónde venimos, nos revise mochilas, bolsos, carteras y bolsillos, y, según cómo se les canten las ganas, nos deje seguir o nos lleve a la comisaría. Circulan a diario videos del pasaje entero de colectivos de línea de corta, media o larga distancia obligado a bajar, mostrar sus pertenencias, identificarse. Nos enteramos hace escasas horas, por ejemplo, que un contingente escolar, de niños entre 10 y 12 años, pasó por esa “experiencia” ante la impotencia de sus docentes.

Con la misma frecuencia e intensidad, vemos retenes con uniformados de colores diversos, presentados como “control de rutina” en rutas y autopistas, avenidas y calles secundarias, en un marco de militarización del territorio que no disimula el objetivo de legitimación y naturalización de esas prácticas linealmente dirigidas a imponer el control social y el disciplinamiento. Pero no sólo nuestra libertad ambulatoria queda afectada con esta política, sino que sus consecuencias se reflejan en la cantidad de muertes a manos del aparato represivo.

La mayor presencia de personas en las comisarías viene aumentando exponencialmente, en el lapso de gobierno macrista, los índices de muertes en las celdas, generalmente presentados como esos “suicidios” sobre los que ironizó Rodolfo Walsh hace más de 50 años con estas palabras: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella”.

A su vez, la proliferación del poder de fuego estatal en los barrios multiplicó el gatillo fácil, siempre con los certeros tiros “defensivos” en la nuca o la espalda del “delincuente abatido”, como rápidamente justifican los medios hegemónicos, sea que se trate de un pibito de 12 años en Tucumán o de un adolescente en moto que, por temor a una multa porque no tenía seguro, pasó de largo uno de esos “controles de rutina”.

Por primera vez desde el fin de la dictadura, enfrentamos un escenario de excepción, que conjuga más de una muerte por día por el gatillo fácil y la tortura, récord absoluto en democracia, con un avance feroz contra los sectores organizados de la clase trabajadora, con el resultado de heridos de arma de fuego en las movilizaciones, presos y presas, y centenares de nuevas causas penales, con imputaciones federales de alto voltaje contra manifestantes. Vemos, cada día, cómo se preparan para ir por más, acopiando herramientas superadoras para la represión, como lo promete el proyecto de reforma del código procesal penal de la Nación que ya tiene dictamen de comisión, que incorpora al arsenal “investigativo” todas las formas imaginables de intrusión oficial en nuestras comunicaciones personales, dispositivos electrónicos y redes sociales, a imagen y semejanza de lo que los jueces federales vienen usando en las causas por las movilizaciones del año pasado.

El gobierno de Cambiemos se vio obligado a sacar un poco el pie del acelerador en sus proyectos de reformas estructurales después de las masivas e intensas jornadas de diciembre pasado, y ahora, con la complicidad del PJ y la burocracia sindical y frente a la “preocupación” de algunos de sus socios como el gobernador mendocino Cornejo, explora formas alternativas para profundizar el ajuste y el tarifazo. En materia represiva, en cambio, no encuentra oposición alguna en los partidos patronales, que se suman alegremente a todas las iniciativas oficiales, vengan por vía ejecutiva o legislativa. Contamos sólo con nuestras propias fuerzas, la de las trabajadoras y los trabajadores, para enfrentar todas las variantes de la política represiva estatal.

Confirmamos, así, que sólo a partir de la organización en el barrio, en las escuelas y universidades, en la fábrica, en la oficina, en unidad de acción pero conservando nuestra independencia de clase, podremos ir avanzando en la lucha por nuestra defensa cotidiana. Con protagonismo popular, debemos tomar en nuestras manos el imperioso problema de hacer crecer la lucha antirrepresiva.

*Militante de Correpi y Poder Popular