El fin de la jubilación para “amas de casa”

El gobierno nacional analiza no extender el plazo de la ley de moratoria previsional, que permitió acceder a la jubilación a más de 3 millones de personas. El fin de esta ley sería un duro golpe para los y las trabajadoras informales y, especialmente, para las mujeres, que tienen más dificultades para acceder el mercado laboral formal. Un análisis desde Economía Feminista.

Por Laura Farcy* y Patricia Laterra**

El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa”, es un hecho y el Gobierno Nacional no piensa revertirla, aunque este evaluando extender el plazo para presentarse. Hace tres años, el macrismo decidió instaurar la PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor) y así converger el fin de la moratoria previsional N°26.970 junto con la ley de “reparación histórica”. Aunque la ley de moratoria no incluyera explícitamente ninguna referencia a las mujeres sino únicamente a los “trabajadores autónomos” o “asalariados que no cumplieran con los requisitos de aportes”, desde su creación concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta. El mote se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres; en mayo de 2010, por tomar un ejemplo, del total de beneficios otorgados un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones (Observatorio para la Seguridad Social, 2011:14).

La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy. Entre otras desigualdades relativas a los roles que se asignan en las familias, las mujeres realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia de las mismas sin ningún tipo de remuneración y, por lo tanto, sin aportes ni contribuciones. Al mismo tiempo, aún hoy las mujeres y el colectivo LGTBNB+ presentan trayectorias de informalidad e intermitencia en el mercado laboral mucho mayores que los varones – cis. Para el primer caso, el ex Ministerio de Trabajo de la Nación informó que las mujeres desocupadas son alrededor del 10%. Si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, llega a casi el 50% de las mujeres para el 3er trimestre de 2017. Existe, entonces, una evidente desventaja: acumulan menos aportes y contribuciones y, por lo tanto, no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación después de haber trabajado durante toda su vida.

La Economía Feminista provee evidencia en torno sobre cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado injusta que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el doble de horas de los varones-cis dedicado a estos trabajos, agravando la participación de las mujeres tanto en el mercado formal e informal del trabajo remunerado, lo que implica una situación diferencial de quienes sí pudieron acceder al trabajo registrado y sostenido. A partir de la moratoria, cualquier persona podía inscribirse para poder percibir un seguro social, lo que implicaba el pago de cuotas a la ANSES supliendo los registros contributivos por los años no aportados. Es importante destacar que los aportes se pagaban y que no consistían en jubilaciones “gratuitas”, como se difunde a menudo.

El Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, ha dicho que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”, en alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal y por lo tanto creen que tales prestaciones se estarían financiando con la “licuación” de los registros contributivos de quienes sí aportaron. Lo que resulta paradójico, si observamos las cifras del Reporte de Trabajo Registrado para febrero de 2019 que muestra una caída del 2% del trabajo registrado (en su mayoría, varones – cis) con respecto al mismo mes de 2018, mientras que se observa un aumento del 3.6% de trabajadoras en casas particulares (en su mayoría son mujeres dedicadas a reemplazar a otras mujeres en las tareas de cuidado, limpieza y mantenimiento del hogar). ¿Quiénes sostienen realmente las cifras de empleo de los últimos años?

Este planteo invisibiliza, por un lado, que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al Plan de Inclusión Previsional (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y por el otro, que les beneficiaries que a través del PIP lograron un alivio económico al poder contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor, fueron perjudicades previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privándoles del derecho jubilatorio que todes les trabajadorxs registrados poseen. Esta más que claro que les trabajadores no deciden en qué condiciones trabajar, sino que lo hacen los empleadores.

La alternativa de la PUAM profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “Pensión Universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostienen nuestras sociedades, sino que además proyecta prestaciones aún más bajas. Prevé el pago mensual del 80% de la jubilación mínima, creando una discriminación entre quienes pudieron contribuir en su historia laboral y quienes no; aumenta la edad a partir de la cual se percibe el beneficio de 60 a 65 años para todes les aportantes y no es compatible con la percepción de otro prestación, únicamente con la Asignación Universal por Hijo/a, por Hijo/a con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual. En el caso que, por ejemplo, una adulta mayor tenga una pensión derivada de un familiar difunto debe optar por uno u otro.

Desde la economía con una mirada feminista son muchas las voces que creemos en la centralidad de la ampliación de la protección social, sin segmentaciones ni distribuciones inequitativas atadas a la suerte y meritocracia de trayectorias laborales inestables y erráticas, constitutivas de la división sexual del trabajo y de la época. Una propuesta que implique reducir las brechas de género no requiere sólo políticas focalizadas sino la ampliación y robustez de un sistema de bienestar que abarque la extensión de lo que entendemos como protección social, además del ingreso monetario que cada persona obtiene para sostenerse. En ese sentido, garantizar políticas públicas y el derecho al cuidado de todas las personas con pleno reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una medida nodal para empezar a construir una justicia económica y de género para quienes sostienen día a día las vidas en nuestro cotidiano. “Eso que llaman amor”, que está invisibilizado y que genera desigualdad, se puede reconocer, reducir y redistribuir.

*Integrante del espacio de Economía Feminista de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)

**Integrante del espacio de Economía Feminista regional C.A.B.A.