“El gobierno está tomando medidas de probada ineficacia respecto a la migración”

Por Juan Manuel Boccacci / Foto por Ana Laura Martín Rodríguez

Luego de la asunción de Mauricio Macri como presidente de Argentina, vivir en nuestro país se tornó difícil a causa de un Decreto sancionado este año que implica un serio retroceso en materia de derechos para las y los migrantes. Al respecto, charlamos con Pablo Ceriani, de la ONU y UnLa.

Desde la llegada de Cambiemos a la Presidencia de la Nación, vivir en la Argentina se volvió aún más difícil para las personas extranjeras. La sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, generó una situación de notorio retroceso para los derechos de las y los migrantes en el territorio argentino, especialmente de los sectores más pobres.

El gobierno presenta este DNU como una respuesta al problema del narcotráfico. Realiza cambios a la Ley de Migraciones (25871) para apresurar la expulsión de extranjeros, así como para imposibilitar el ingreso de aquellos ligados a causas penales (vinculadas o no al narcotráfico). Para ello da atribuciones extraordinarias a la Dirección Nacional de Migraciones, que a partir de trámites de extrema velocidad (y dudosa legalidad) puede decir la expulsión de un extranjero. El Decreto impacta de manera más violenta sobre los sectores vulnerables de nuestra sociedad, ya que, entre otras cosas, se les recorta la posibilidad de acceder a la defensa gratuita otorgada por el Estado, pueden no ser notificados sobre las causas de expulsión en trámite y al acercase a Migraciones quedar detenidos.

Charlamos sobre este Decreto con Pablo Ceriani, coordinador del Programa de Migraciones y Asilo de la Universidad de Lanús, y Vicepresidente del Comité de Protección de los Derechos de los y las Migrantes y sus familias de la Organización de las Naciones Unidas.

“Este DNU viene a constituir en política de Estado la xenofobia argentina”

Para Ceriani, la modalidad elegida para modificar la Ley de Migraciones, a través de un DNU, presenta un escenario problemático: “es un grave daño para la democracia y el Estado de Derecho en la Argentina. El DNU reforma una Ley que fue aprobada unánimemente por ambas cámaras en el 2003, luego de años de un proceso de participación social muy amplio. Distintos sectores de la sociedad, incluso ministerios, participaron en la elaboración y discusión de la Ley de Migraciones. Contrariamente a eso tenemos un DNU que se aprueba de un día para otro, sin ningún debate, sin participación social, nadie pudo ver el borrador del decreto antes de que se apruebe. Ahí hay un daño concreto”.

Para justificar el uso de un DNU, el Poder Ejecutivo planteó a una situación alarmante: se utilizaron datos estadísticos para mostrar un aumento de la participación de migrantes en el delito organizado; la existencia de mecanismos administrativos que demoran la expulsión de extranjeros; vincularon a las personas migrantes con el crimen organizado, en especial el narcotráfico. Respecto a esto Ceriani advierte: “las estadísticas actuales en la Argentina dan cuenta que no hay una sobrerrepresentación de los migrantes en el delito. También muestran que desde el 2002 hasta el 2017 no hubo cambio en esas estadísticas. No hubo un problema y tampoco ha habido un cambio en la realidad. Los discursos han falseado o tergiversado la interpretación de estadísticas para crear un problema que no existía”.

“El otro problema, aún más grave del DNU, es lo impacto que tiene en la sociedad, especialmente cuando esta arrastra un problema de xenofobia de larga data, como en el caso argentino. El mensaje del DNU viene a constituir o a darle características de política de Estado a la xenofobia latente en la sociedad argentina”.

La situación se agrava por el hecho de que la Comisión Bicameral del Congreso encargada de expedirse sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia aún no lo ha hecho. Con la cual, en la práctica, la realidad de la población migrante se volvió más problemática por la inacción de las fuerzas políticas encargadas de rever la situación en esta instancia.

El narcotráfico y la estigmatización de las y los extranjeros

Si bien el DNU se planteó como una herramienta para atacar el problema del narcotráfico, en su aplicación real está yendo mucho más allá: “el DNU supuestamente vino combatir esa presencia sobrerrepresentada de los inmigrantes en el crimen organizado y en los crimines graves, y en realidad esa persecución o la posibilidad de negar el ingreso a Argentina de esas personas, ya estaba en la Ley de Migraciones existente. Así que los cambios implementados respecto a la posibilidad de expulsar una persona del territorio, a no permitirle ingresar o permanecer, que impulsa el DNU, recaerá sobre quienes se vean involucrados en los delitos más bajos de la escala del código penal. Con la cual la nueva legislación afecta a todos los migrantes por cualquier delito, lo más leve que sea, o por la imputación de un delito. Alguien a quien se recuse o procese por resistencia a la autoridad, ante una intervención de la policía, por ejemplo, en una manifestación social o un accidente de tráfico, se le podría aplicar estas sanciones severas que supuestamente, venía a combatir el crimen organizado”.

A su vez el DNU otorga enormes atribuciones a la Dirección Nacional de Migraciones para llevar adelante estas medidas: “los que trabajamos este tema denominamos a esto el uso del Derecho Penal como herramienta de control migratorio. Ya hemos recibido información sobre casos de deportación o detenciones de extranjeros que se acercan a Migraciones a tramitar la residencia o informarse sobre un trámite. Resulta que había una orden de expulsión en su contra, sin que hubiera sido notificada, entonces estas personas son privadas de su libertad. Como no sabían de su expulsión, esta quedó firme, es decir, no pueden apelarla, y son expulsadas del territorio, aún teniendo familiares en el país”.

“Migrar es un de Derecho Humano”

Este cambio en la legislación produce un viraje en la forma en que Argentina se ubica en el contexto internacional con respecto a la migración. El gobierno de Macri adopta medidas ligadas a los planteos xenófobos de la gestión Trump en Estados Unidos. Para Ceriani “este cambio en Argentina viene a pensar que una manera de insertarse en el mundo es adoptar estas políticas restrictivas, xenófobas, que no sólo han generado un impacto muy fuerte en la violación de derechos, el aumento de la violencia y de los riesgos en la migración, sino que han probado no tener eficacia en detener la migración irregular. Es por eso que este tipo de migración sigue aumentando, a pesar de que aumentan las muertes, por ejemplo con el negocio en el traslado de migrantes que se aprovechan de las restricciones del control. Estas políticas migratorias restrictivas, ineficaces, estigmatizantes, generan violaciones de derechos. Argentina parecería tomar algunas medidas de este tipo, a pesar de que la realidad muestra que no es el camino”.

Para Pablo Ceriani es necesario dar un nuevo enfoque sobre la movilidad humana “partiendo de que la migración es un derecho humano, y que la respuesta a eso tiene que ser con otra clave para entender las causas estructurales que están generando el movimiento de la población”.

“Los datos de Argentina en cuanto a la migración que recibe y a los procesos de integración, el aporte laboral que hacen los migrantes en el país, las diferentes formas de inserción social, económica, familiar, cultural, laboral, evidencian que hay elementos de sobra para poder diseñar e implementar políticas migratorias de inclusión integrales. Cuando digo integrales es poder lidiar con una deuda que tiene la política migratoria Argentina y que es institucional. Ya que la migración recae en un solo organismo de competencia, la Dirección de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior. Entendiendo que la migración no es sólo ingresar a Argentina y tener un documento, sino que es trabajo, educación, familia, niñez, género, temas culturales, habitacionales, etcétera, la política migratoria debería estar trasversalmente imbuida en todos los ministerios que trabajan esos temas, y luego los gobiernos provinciales y locales. Es casi absurdo seguir pensando la migración desde esa mirada tan recortada, en vez de pensar en largo plazo, a partir de políticas laborales, de inserción social, inclusión, acceso a la educación, igualdad de derechos y participación política”.