El Gobierno, empresarios y sindicalistas K, “encadenados”

Por Mario Hernández

El secretario general de la CGT oficialista, Antonio Caló admitió a Clarín que Gobierno y empresarios siempre tuvieron una postura casi común, “pero ahora… estuvieron encadenados”. Le faltó agregar que los sindicalistas K también fueron parte de la Santa Alianza antiobrera.

La UOM (metalúrgicos), Comercio, Suterh (encargados de edificios), UPCN (estatales) y UOCRA (construcción), que comprenden alrededor de 2 millones de trabajadores y trabajadoras, acordaron el 27% de aumento que el gobierno busca generalizar a todas las negociaciones paritarias. El vice de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, salió inmediatamente a aplaudir el acuerdo. Es el mismo que, hace pocas semanas, había pedido que el gobierno diera un aumento salarial del 25% por decreto. Lo acordado por estos cinco gremios de la CGT oficialista lejos está, sin embargo, de generar conformidad entre la base de los trabajadores.

El metalúrgico Antonio Caló declaraba, luego de la reunión con la presidenta Cristina Fernández, en La Rosada: “los compañeros no están contentos, están un poco enojados”. Cuando Caló planteó la oferta ante una veintena de secretarios generales de su gremio, fue cuestionado por varios dirigentes. Por eso se terminó votando y la postura del líder metalúrgico se impuso de manera reñida. No obstante, la sumisión de Antonio Caló a la política oficial terminó de envalentonar a los empresarios del sector y surgieron complicaciones: al menos dos de las cámaras empresarias involucradas se niegan a firmar. Las diferencias no pasan por el porcentaje de aumento (27,8%, en dos tramos, un 17,8% desde abril y un 10% en julio), sino en la propuesta de la UOM para llegar a los $ 8.500 de mínimo garantizado, lo que representa una mejora extra para quienes menos ganan y representan cerca del 10% de la fuerza laboral de la actividad.

En el caso de Comercio, la paritaria del gremio más numeroso por la cantidad de afiliados, tampoco tuvo acuerdo formal aún. El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, advirtió que “todavía no se firmó nada” y destacó que lo acordado “solo consiste en el 27% de aumento más las dos sumas fijas de $ 1.524”, dando a entender que todavía no hay aval de los empresarios para el aporte extra a la obra social, porque temían que en los comercios más chicos tuvieran que hacerse cargo de pagar un monto de $ 100, luego rebajado a $ 75 por trabajador.

Continúa la huelga aceitera

En la audiencia realizada el pasado viernes 22 en la sede del Ministerio de Trabajo, entre la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, y las cámaras patronales del sector, se había alcanzado un acuerdo de aumento que llevaría el salario inicial a $14.300 en un solo tramo, que entre básico y adicionales implicaba un 36%.

Sin embargo, las empresas condicionaron el acuerdo a un aval del Ministro de Trabajo que manifestó que no se aprobaría un convenio de esas características.

Por tal motivo, hoy la huelga continúa, pero ya no solo contra las patronales, sino también para que el Ministerio de Trabajo destrabe el acuerdo y garantice la vigencia de paritarias libres.

El Secretario Gremial de la Federación de Aceiteros y Desmotadores de Algodón, que recordemos llevan 20 días de paro en los puertos de exportación de granos y derivados del polo agroexportador más importante de América Latina, planteó que han decidido, luego del rechazo del gobierno nacional al acuerdo al que lograron arribar con los empresarios -temerosos de que se vea afectada una cosecha de soja que alcanzaría los 60 millones de toneladas-, convocar a una asamblea nacional de trabajadores aceiteros para el 25 de mayo, en la ciudad de Rosario, para discutir y definir los pasos a seguir, con el fin de conquistar lo que consideran un derecho elemental: que los trabajadores ganen el valor de una canasta familiar.

En plena cosecha de soja, más de 35 barcos están varados en el Paraná y no pueden cargar granos por la protesta. Cuarenta plantas están paralizadas en el marco de la medida de fuerza. En tanto, el viernes entró otro gremio en conflicto, la Federación Marítima, Portuaria y de Industria Naval, que tiene gremios adheridos en la región.
Son varios los acuerdos por encima de los 27% aún no homologados

Esta situación afecta a la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) que en enero acordó un 30% en 3 cuotas (15% en enero que ya fue pagado). A la Federación de Trabajadores del Tabaco que a mediados de abril acordó un 33% y a la Federación del Personal de la Industria de la Carne que a fines del mismo mes acordó un 31,5% de incremento en 3 tramos. Otro caso es el de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (Foesgra), donde el Ministerio de Trabajo dio marcha atrás con el segundo tramo del aumento, un 8% que se iba a pagar en julio. Los trabajadores ya cobraron el 20% en abril. La resolución se justifica en “razones de interés público”.

De todos modos, se aprestan otros reclamos por encima del 27%. La Asociación Bancaria que reclama el 33% más compensación por el Impuesto a las Ganancias que realizará un paro nacional de 48 horas los próximos días martes y miércoles. El gremio de la Alimentación que exige un 43% y el de Petroleros con un 35%. El jueves comenzó la huelga de 48 horas de la docencia de 26 universidades nacionales del país. El día anterior, el gobierno hizo una nueva oferta: 17% de aumento en junio y 10% en octubre, que está muy lejos del 35% de incremento salarial que exigen como piso las federaciones del sector.

También es el caso de Camioneros con un 35% y que ya convocó a un paro nacional para el 4 de junio y un acto en el Club Deportivo Español ese mismo día. Además, participará de la huelga convocada por las centrales opositoras junto a los gremios del transporte el 9 de junio.

Hacia el paro nacional: por el apoyo a todas las luchas

Mientras se realizaba una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Nación, donde la multinacional World Color ratificó el cierre de su planta de Pilar, dejando en la calle a 280 familias, una numerosa fuerza represiva de la Policía Bonaerense desalojó violentamente el piquete que los trabajadores de mantenían frente a la planta de Morvillo, desde el miércoles. El viernes cortaron la Panamericana junto a los obreros de la ex Donnelley que exigen la expropiación de su planta.

Las centrales sindicales opositoras convocan después de una larga tregua al paro nacional del 9 de junio, sin embargo, más allá de sus diferencias, opositores y oficialistas tienen en común que dejan a las luchas como las de los obreros gráficos abandonadas a su suerte. Los que enfrentan despidos masivos o suspensiones como los 1.800 trabajadores de la Fiat, los que sufren la represión, sólo cuentan con el apoyo de la izquierda y el sindicalismo combativo. Desde ese sector llaman a participar activamente del paro nacional ya que las demandas son justas, pero de forma diferenciada de las cúpulas sindicales, votando en asambleas los reclamos de todos los trabajadores y el apoyo a todas las luchas, con una perspectiva independiente de todos los candidatos patronales del ajuste. Además proponen que el paro sea de 36 horas y con movilización a Plaza de Mayo.