El juicio por la “masacre de Curuguaty”: ni culpables ni inocentes, campesinos

Por Gustavo Torre* / Foto por Andrés Alvarez

Ante la contradicción de no poder declararlos culpables ni inocentes, el proceso judicial se dilata, se extiende, se aplaza, se suspende.

El viernes 31 de julio, la nueva defensa de los 12 campesinos acusados presentó un escrito de reposición apelando los tres días que le había otorgado el tribunal y pidiendo una prórroga de 15 días para estudiar los expedientes. De todos modos, el escaso tiempo para estudiar las 7500 fojas no impidió a la defensa destacar la incompatibilidad entre las balas que mataron a los 6 policías y las armas incautadas por la justicia.

El lunes 3 de agosto se reanudó el juicio a los 12 campesinos y, el mismo lunes, por quinta vez, se volvió a suspender el juicio. Esta vez por la presentación del nuevo abogado defensor de una recusación por preopinión del presidente del tribunal y al resto de los jueces por avalar esa preopinión con su silencio. La semana anterior, en el segundo día de audiencia, el Juez Ramón Trinidad Zelaya dio tres días al nuevo abogado para que profundice la causa, resaltando que no se puede extender más el plazo “porque la gente y la prensa piden una sentencia”. La frase pronunciada por el presidente del tribunal fue la base de la recusación que tendrá que ser elevada a la Cámara de Apelaciones y ser definida en un plazo de tres días. La argumentación sostiene que existen injerencias externas y que no hay garantías para un juicio limpio.

Si la Cámara acepta la recusación, la justicia deberá conformar un nuevo tribunal para continuar con el juicio, situación que dilatará aún más la sentencia.

La trama judicial continúa transitando los pasillos de un largo laberinto, donde al final se encuentra la culpabilidad de los campesinos. Sin embargo, cuando los procesos deben ser rápidos, las sentencias no se hacen esperar. Cuando se realizó el juicio político al presidente Fernando Lugo, se inició 17 horas antes y duró solo tres horas. Las pruebas, según el libelo acusatorio “son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico” (sic). Velocidad expeditiva, sin necesidad de pruebas.

Ahora, el juicio a los 12 campesinos continúa dilatándose. La presión de las organizaciones sociales que acompañan a los campesinos desde hace tres años impide la velocidad expeditiva, sin pruebas. De hecho, existen varios informes denunciando las enormes y burdas irregularidades del caso, desde el documental “Desmontando Curuguaty”, hasta el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) sobre el caso de las tierras de Marina Kue.

La función que cumple desde hace tres años la Articulación por Curuguaty, nucleando a las organizaciones sociales que acompañan a los acusados y a las familias, fue fundamental para evitar que se avasalle los derechos de los campesinos. La misma función de visibilización del caso la lleva adelante la campaña #SomosObservadores de Curuguaty, permitiendo incorporar observadores internacionales en las audiencias del juicio.

Mientras tanto, desde el 27 de junio, los familiares de los campesinos tomaron las tierras de Marina Kue y permanecen allí exigiendo que sean reconocidas como tierras del Estado. Días atrás, el órgano que regula las tierras del estado en Paraguay (INDERT), dio un comunicado falso: “llegamos a un final feliz”, tras declarar que los ocupantes de las tierras serían trasladados a una parcela de 350 hectáreas en el departamento de Alto Paraná. Sin embargo, los familiares de los acusados salieron a responder que no hablaban de ellos, sino de familias asentadas al costado de la ruta, frente a Marina Kue. Don Mariano Castro, padre de un campesino asesinado en Curuguaty y de dos de los procesados, indicó que “el presidente del INDERT se burla de nosotros y de nuestros compañeros”.

El problema jurídico es político

La tierra es el problema en Paraguay. La justicia es la justicia de los poderes concentrados, de los grandes capitales transnacionales y nacionales del agronegocio que necesitan cada vez más tierras y menos campesinos.

Los campesinos no pueden ser declarados inocentes porque ello rompería con la “lógica” del proceso histórico desencadenado el 15 de junio de 2012: masacre-golpe parlamentario-elección de Cartes. La inocencia de los campesinos implica la pérdida de legitimidad de todo el proceso histórico y ruptura de la “lógica” golpista, que implica la pérdida de legitimidad del actual presidente Horacio Cartes.

Los campesinos no pueden ser declarados culpables porque ello indicaría que la justicia es descarada, burda y aberrante. Declararlos culpables es evidenciar aún más lo evidente: los campesinos, y sobre todo los campesinos que luchan por la tierra deben desaparecer (por medio del asesinato o por medio de la cárcel).

Ante la contradicción de no poder declararlos culpables ni inocentes, el proceso judicial se dilata, se extiende, se aplaza, se suspende. Mejor quedar perdido en el laberinto judicial.

Si la justicia paraguaya, al igual que los poderes fácticos, fueron capaces de armar una masacre donde murieron 17 personas, destituir un presidente sin pruebas porque eran “de dominio público”, elegir a un presidente empresario del partido que gobernó 61 años de forma ininterrumpida (incluyendo los 35 años del régimen stronista), ¿Por qué esos mismos poderes tendrían que resolver el proceso a 12 campesinos?

Sólo la movilización y la presión popular pueden responder esa pregunta.

* Integrante del Grupo CHIPA (Cultura, Historia, Ideas, Política y Arte de Paraguay) de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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