El largo camino hacia el impeachment, la novela brasileña de 2015

Por Leonardo Fernandes* desde San Pablo

Con el protagonismo principal del polémico presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la derecha brasileña redobla su apuesta para concretar el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Aquí, todas las claves para entender el entramado del eventual juicio político a la presidenta y lo que podría ocurrir en los próximos escenarios.

La protesta convocada en todo el país contra el impeachment a Dilma Rousseff y en defensa de la democracia el miércoles pasado terminó con motivos para celebrar. Por esas horas, el Fiscal General de la República solicitó al Supremo Tribunal Federal que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, responsable de dar luz verde al juicio político contra la presidenta, sea apartado de su cargo.

“Tardó mucho para hacerlo”, dijeron algunos manifestantes, ya que por mucho menos otros políticos brasileños -incluso cercanos al núcleo del gobierno- ya fueron detenidos, como Delcídio Amaral, jefe de la bancada oficialista en el Senado.

Cunha decidió entrar en la historia como “el secuestrador de la República”, como lo calificó una revista de circulación nacional que pertenece al grupo Globo. Había sido elegido como presidente de la Cámara luego de una disputa dura con el PT, y gracias al apoyo de los sectores más reaccionarios: fundamentalistas religiosos, terratenientes y la llamada “bancada de la bala”, diputados exmilitares que representan la vieja estructura de seguridad pública que sigue vigente desde la dictadura.

Durante todo el 2015, fueron muchas las manifestaciones de hostilidad de Cunha contra el gobierno, llegando al punto de anunciar públicamente su rompimiento político con el Ejecutivo en agosto pasado, aunque pertenezca al principal partido de la llamada “base aliada” de la gestión petista, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Partido que también ocupa la presidencia del Senado (Renan Calheiros) y la vicepresidencia de la República (Michel Temer).

Cunha ha dificultado la gestión de Dilma de diversas formas: impidiendo la votación de temas de interés del gobierno, como el ajuste fiscal; votando las llamadas “pautas bombas” (proyectos de ley con alto costo para las arcas del Estado); y, en último caso, chantajeando el gobierno a ceder espacio a su partido y a ayudarle a librarse de graves acusaciones que pesan en su contra. El último caso es el que precisamente explica la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta.

Eduardo Cunha, el secuestrador

Cunha ya tenía en las manos la solicitud del impeachment elaborada por tres juristas afiliados al principal partido opositor, el Partido Social Demócrata (PSDB). El pedido contiene una serie de argumentos e interpretaciones de la Constitución para acusar a Dilma de haber practicado en crímenes de responsabilidad fiscal. El pedido de impeachment se basó en la decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión, que presentó un parecer negativo sobre “maniobras” que el gobierno había practicado con la intensión de cerrar el año fiscal con las cuentas positivas. En realidad, lo que hizo el gobierno fue retrasar el repase financiero a bancos públicos que, por su vez, adelantaban el pago de los programas sociales del gobierno como la Bolsa Familia, el programa de vivienda Mi Casa Mi Vida, entre otros.

Claro, distintas concepciones: para la socialdemocracia paulista es impensable que se haga cualquier maniobra para beneficiar a los más pobres en el momento de una crisis. Si no hay dinero, no hay programas sociales, es lo que quieren decir. Pero bueno, técnicamente se aprobó el parecer del Tribunal de Cuentas y el gobierno fue “condenado” por haber practicado las “pedaleadas”, aunque esta haya sido una práctica de todos los gobiernos anteriores y este mismo tribunal haya hecho la vista gorda a las cuentas de los expresidentes.

La condena del TCU fue uno de los principales argumentos del pedido de impeachment que también menciona la “sospecha” de connivencia de la presidenta con los hechos de corrupción en la estatal petrolera Petrobras.

Sin embargo, otros juristas argumentan que la base del pedido de impeachment no puede ser legítima ni desde el punto de vista legal ni del punto de vista político. Según el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP), Diogo Coutinho, no hay ningún elemento que compruebe la práctica de delito por parte de la presidenta, única condición sobre la cual la Constitución permite el impedimento de ella.

‘‘Desde el punto de vista estrictamente técnico, no está configurado que la presidenta haya practicado cualquier acto de naturaleza personal que justifique su impeachment. Es decir, desde el punto de vista técnico no hay razones para ello”, afirmó. Y agregó: “Además, este proceso está viciado desde el punto de vista político, porque fue motivado por intereses personales, de venganza, de personas representadas, sobre todo por el presidente de la Cámara de Diputados, que buscan hacer revancha y chantaje”.

Cunha es sólo el caballo del ajedrez

Desde las últimas elecciones, los sectores derrotados, principalmente el PSDB, no se conformaron con esperar otros cuatro años para intentar volver al poder. Pasaron a buscar otras formas. El senador Aécio Neves, candidato presidencial perdedor, llegó a pedir la anulación de las elecciones argumentando fraude. El TSE respondió obviamente de manera muy dura, pues en Brasil la Justicia está por encima de cualquier sospecha, aunque se sospeche mucho de ella. Decidieron cambiar de estrategia y “desangrar al gobierno”, como dijo un senador socialdemócrata en los primeros días de 2015.

“Pero el impeachment es siempre un as en la manga. Sea para presionar al gobierno, es decir, desangrarlo, sea para incitar al golpe: si se logra, mejor para la oposición”, explica el periodista e investigador del Centro de Medios Barão de Itararé, Altarmiro Borges. Así fue todo el año: varias veces el tema “impeachment” entró y salió de la pauta política, de acuerdo a la posición de los jugadores en el tablero.

Mientras todos decían que no había situación para el impeachment, y que si hubiera fácilmente tendría la cara de un golpe, había uno que no se molestaba con el rótulo de golpista: el propio Eduardo Cunha, precisamente la única persona que podría aceptar o rechazar la apertura del juicio político.

El mismo Cunha enfrenta un proceso de investigación en el Consejo de Ética de la Cámara y puede perder su mandato como diputado. El proceso argumenta la quiebra del decoro parlamentario, pues Cunha habría mentido a una comisión del parlamento al afirmar que no poseía cuentas o bienes en el exterior. La verdad fue conocida después por el Ministerio Público, que confirmó que el jefe de Diputados mantenía en Suiza dos cuentas no declaradas, con valores que superaban los cinco millones de dólares.

A partir eso, se empezó a desmoronar el techo de vidrio del “excelentísimo” diputado. Impedir la apertura del proceso de casación de su mandato se volvió una misión para Cunha y para una tropa de diputados del llamado “Bajo Clero”, es decir, los súbditos del “todopoderoso”. Una de las tareas era impedir que el proceso saliera del Consejo de Ética y fuera al pleno del Parlamento. Para ello, Cunha necesitaba el apoyo de tres diputados del PT que integraban esta comisión. En la misma tarde de la votación en el Consejo de Ética, en la cual los diputados del PT declararon su voto contra Cunha, el presidente de la Cámara anunciaba frente al país la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta.

Los próximos pasos del impeachment

Ahora no hay marcha atrás, el proceso debe seguir su trámite. Pero ¿cuál trámite? El primer paso es la conformación de una comisión especial en la Cámara de Diputados, que tendrá la tarea de elaborar un parecer por la aceptación o por el rechazo. Según la Constitución, la formación de esta comisión debe obedecer a la proporcionalidad de la representación de cada partido en la Cámara. Asimismo, el presidente de la casa decidió ignorar la Constitución y adoptar una regla establecida en el reglamento interno de la Cámara, llevando los curules de la Comisión Especial a votación por plancha. La votación, además, fue secreta, permitiendo que la oposición eligiera todos los diputados de la comisión que evaluará el pedido de impeachment.

Las maniobras de Cunha llevaron al Supremo Tribunal Federal a ordenar la anulación de todo el procedimiento adoptado por Cunha. Una nueva comisión debe ser elegida, cumpliendo la proporcionalidad de los partidos con representación política, y el voto debe ser abierto para garantizar la transparencia del proceso.

Ahora, esta nueva comisión, que deberá ser formada luego del receso parlamentario, elaborará su apreciación y Dilma tendrá un plazo para defenderse de las acusaciones antes que el texto sea llevado a la votación del pleno de la Cámara. El gobierno evalúa que aun con todo el desgaste que este procedimiento causa, con Cunha al frente la posibilidad de ser rechazada la apertura del proceso por la Cámara es grande. Por eso, el gobierno ha solicitado que el Congreso vote el impeachment lo más pronto posible. Ya la oposición ha anunciado que no apoyará la suspensión del receso de fin de año (que puede durar hasta el 2 de febrero) para votar el impeachment. La estrategia es retrasar el proceso, ganar tiempo para movilizar las calles, desgastar aún más el gobierno, y quizás hasta sacar del camino al presidente de la Cámara, quitando así a este controversial personaje a quien ya le atribuyen patologías clínicas propias del psicoanálisis.

El futuro de Dilma

Si el proceso es aprobado en la Cámara por los dos tercios de los diputados, será encaminado al Senado. Luego los senadores deberán votar por mayoría simple la admisión o el rechazo a la apertura del proceso. Admitido el impeachment, la presidenta deberá apartarse del cargo por 180 días, hasta que los senadores discutan el tema y voten por condenarla (casación del mandato) o absolverla (reconducción al cargo) de las acusaciones. La votación ocurriría en sección dirigida por el presidente del Supremo Tribunal Federal. La condena, en todos los casos, debe ser aprobada por mayoría calificada, es decir, los dos tercios de los senadores. Si el Senado rechaza el impeachment, la presidenta es automáticamente reconducida al cargo. De lo contrario, asume el vicepresidente Michel Temer, del mismo partido que Cunha.

Escenas del capítulo final

Otros aspectos coyunturales también serán decisivos en el desenlace de la situación política en Brasil. Y uno de los principales es la movilización popular en contra y a favor del impeachment.

En la primera medición de fuerzas en las calles, la izquierda salió ganando. Mientras la derecha ha puesto unas 40 mil personas en la avenida Paulista, el domingo 13 de diciembre, para apoyar la salida de la presidenta, tres días después los movimientos y organizaciones de izquierda llevaron unas 100 mil a la misma avenida en defensa de la democracia.

El acto logró unificar desde los sectores más cercanos al gobierno agrupados en el Frente Brasil Popular, como el Movimiento Sin Tierra (MST) y la Central Única de Trabajadores, como también a los más críticos al Ejecutivo, la llamada oposición de izquierda reunida en el Frente Brasil Sin Miedo, que integran entre otros el Movimiento Sin Techo (MTST) y otras centrales sindicales. Todos coinciden en la explicación de que “no se trata de la defensa de a un gobierno, sino de la defensa de la democracia”.

No hay que dejar de mencionar los graves errores del gobierno: el pesado ajuste fiscal en la vida del pueblo trabajador y la opción por la negociación en lugar de apoyarse en la fuerza del pueblo, ha limitado la unidad de estos sectores únicamente al punto de defensa de la democracia. Muchas organizaciones siguen reclamando un cambio de rumbo antes que sea demasiado tarde.

Lo cierto es que los brasileños y brasileñas pasarán una navidad con el sabor amargo de la incertidumbre y la angustia, sin saber cuándo terminará esta novela, escrita por un dramaturgo de muy mal gusto.

* Periodista, corresponsal del canal latinoamericano de noticias TeleSUR en la ciudad de São Paulo