El MOCASE VC denuncia en Diputados al empresario Canido de Manaos

Por Francisco Farina 

Una delegación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) realizará una conferencia de prensa en la Cámara Nacional de Diputados para denunciar los hechos de hostigamiento vividos por la comunidad Iacu Cachi. Marcha entrevistó a la comitiva.

“La justicia de Santiago del Estero no hizo ninguna investigación” denuncia la comitiva de campesinos que se acercó a la Ciudad de Buenos Aires  para realizar una conferencia de prensa en el Congreso Nacional, mañana jueves a las 11 horas. Se refieren a la problemática que viven en Bajo Hondo, Departamento de Ibarra, donde desde hace más de tres años intentan frenar los desalojos de sus tierras comunales supuestamente compradas –de forma irregular, denuncian– por el empresario Orlando Canido de la gaseosa Manaos. “Los pasos (de denuncia) también se dan a nivel nacional”, explicaron.

“La falta de voluntad política del gobierno provincial, la falta de justicia en Santiago del Estero, que teniendo todos los elementos –filmaciones, videos, fotos– no hacen nada. La idea era venir a Diputados, que también puedan ir a conocer la zona y que puedan presionar a distintos organismos, ya sean políticos, legislativos y judiciales”, desarrolla Paulo Aranda, del Consejo de Participación Indígena y parte de la comitiva. “La situación que se vive es de un conflicto muy serio, últimamente ha habido compañeros baleados, animales muertos; de eso están los videos y las fotos, pero todavía la justicia de Santiago del Estero no hizo un allanamiento, ni una detención, no indagó a nadie”, agregó.

Un comunicado del MOCASE VC denuncia que “desde el 2013 el conflicto no para de perjudicar a las familias, agravándose los hechos de violencia en estos últimos 6 meses donde el empresario y sus paramilitares armados con gruesos calibres ingresan violentamente al territorio”. En ese sentido, Aranda explicó: “Canido ha aparecido por la zona del Bajo Hondo por el 2004, cuando a dos parejas de ancianos los pasó la topadora por encima; de eso también hay fotos y él dice que no tiene problema”.

La comitiva denuncia diversas formas de hostigamientos a las comunidades, que van desde medidas cautelares contra las comunidades, pasando por presentaciones judiciales en el fuero penal (cuando el conflicto es de índole civil), y llegando hasta bandas armadas. Esta situación provoca que las familias opten por retirarse de los territorios. “Ese miedo comienza a instalarse dentro de uno y no es fácil que uno soporte, tiene que estar muy decidido de lo que queremos: la tierra”, desarrolló Aranda. También detalló las vivencia de la resistencia y la lucha por sus tierras, y las consecuencias del desarraigo: “Vamos a morir pero por lo menos de pie en nuestras tierras, pero no de mendigo o sabiendo que mi hijo haya emigrado y sin saber si lo voy a poder volver a ver; eso es lo que se genera cuando uno abandona su territorio”. “La idea de nosotros es que el territorio nos va a mantener unidos a la familia”, sentenció.

Los delegados relataron que, según un relevamiento propio, son 49 las familias que viven en la comunidad, pero que eran más de 60 antes de comenzar el conflicto. “El pasado sábado 24 septiembre, volvieron a irrumpir los sicarios con camionetas del empresario y en la balacera alcanzaron a herir a un compañero”, explican en su comunicado. “Habían llegado camionetas con 15 personas armadas y encapuchadas, llegaron a los tiros, una lluvia de balas era”, relata Valeria Araya. “Al que agarren métanle tiro, que no se les escape nadie” gritaban los sicarios. “Te roban todo y lo que no se pueden llevar lo prenden fuego”, relata la delegada y agrega: “Hace dos meses que no podemos mandar a los chicos a la escuela porque las camionetas andan con la gente armada y si te agarran te pegan o te matan”. “Queremos que la justicia haga algo, que detenga a alguien, porque así ya no se puede vivir más”, reclama Araya.

Consultados por las expectativas y los objetivos de la conferencia de prensa, la comitiva expresa que “buscamos darle difusión al conflicto y denunciar quien es el señor Canido. Denunciar tanta ambición, porque realmente es ambición. Hacerlo público, porque nosotros pensamos que ahí no es una zona más que agrícola, quieren liberar una zona en que las comunidades molestan: hay otros negocios por detrás. Lo que queremos es que se investigue, porque nadie puede comprar en negro tanta cantidad de tierras”.

Son 50 las propiedades que acusa tener el empresario y los delegados afirman que allí “todos trabajan en negro” y que en aquellas propiedades “vive de rentas, le da a otro tercero que siembre. Él es el encargado de limpiar un poco, contratar a alguno para que limpien y alambre. Se siembra soja y maíz”. “Lo único que hace él (Canido) es comprarlos y limpiarlos de gente y de maleza”.

El recorrido judicial es largo y la falta de respuesta los impulsó a realizar la denuncia pública a nivel nacional. “En Santiago hemos hecho todas las denuncias en fiscalía donde está el juez Alarcón, se hizo la denuncia en Jefatura de Gabinete y al ministro de justicia. Se entregó toda la documentación solicitada pero no se ha hecho nada. Las bandas armadas siguen adentro. También hemos denunciado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.

“A nosotros nos preocupa el accionar político y judicial de la provincia de Santiago. Venimos denunciando un montón de veces y jamás han detenido a nadie” detalla Ricardo Cuellar de la comunidad Indígena Lule-Vilela, y enfatiza: “Pedimos, también, que se investiguen las compras que se han hecho de las tierras; no solamente él, porque hay muchísimas empresas que tienen grandes cantidades de campos comprados con muchas poblaciones adentros, con pozos, con represas: las posesiones de esas tierras las tienen las comunidades campesino-indígenas”.