Ecuador debate su nueva ley de comunicación. En esta entrevista, la periodista y asambleísta de Alianza País, María Augusta Calle, analiza el texto que se está debatiendo y la situación de los grandes medios en Ecuador y en América Latina.
En los últimos meses Ecuador vive una discusión muy fuerte en torno a la posible aprobación de la nueva Ley de Comunicación impulsada por el gobierno. Los sectores más conservadores, junto con los grandes medios privados, se oponen a lo que llaman la ‘ley mordaza’ -expresión ya conocida en Argentina- y hasta sectores progresistas o de izquierda se han dividido a la hora de enfrentar el debate. En diálogo con Marcha, la asambleista de Alianza País -partido del presidente Rafael Correa- y ex directora de TeleSur, María Augusta Calle, explicó cuáles son los principales puntos de la ley y cómo se llegó a ella.
“El objetivo principal es democratizar la comunicación”, sostuvo. “Buscamos democratizar la comunicación no solamente desde un capítulo muy importante que es el de la redistribución del espectro radioeléctrico, asignando el 33% a medios públicos, el 33% a medios privados y el 34% para medios comunitarios, sino a través del impulso de la producción nacional y la obligación de que ésta sea el 80% del contenido transmitido en el territorio ecuatoriano, con apoyo a los medios comunitarios, en la importación de equipos pero también en publicidad”. Estos tres aspectos, junto con la creación de un un consejo de regulación con un delegado del gobierno, son los más criticados por los principales medios ecuatorianos. “La publicidad estatal no tiene que ser pautada bajo un criterio de rating sino también de audiencia, dando prioridad a determinadas audiencias y determinados contenidos a medios comunitarios. Es decir que queremos posibilitar la existencia de medios comunitarios con autonomía y con posibilidad de desarrollo”.
La socióloga y periodista ecuatoriana hizo mucho hincapié en la participación de medios comunitarios y alternativos en la elaboración de la ley, así como en el sostenimiento de la campaña para su aprobación. “Ha sido fundamental. Varias organizaciones que agrupan a más de cuarenta radios comunitarias, así como una cantidad de iniciativas de jóvenes comunicadores, estudiantes de comunicación y experiencias de comunicación alternativa sumamente interesantes, han sido parte de la elaboración misma de la propuesta de ley. Esto se empezó a trabajar mucho antes que la asamblea nacional empiece a discutirla. Es un proceso de construcción que arrastramos desde hace unos años y es una propuesta general de los comunicadores alternativos para tener un espacio democrático dentro del país”.
Tras la reforma constitucional de 2008, el gobierno de Correa tomó el compromiso de formular una propuesta para crear una ley que regulara la actividad de los medios de comunicación en su conjunto. Ese compromiso fue ratificado el año pasado a través del llamado a un referendo que aprobó la creación del consejo regulador de contenidos de los medios de comunicación. A partir de allí, el camino quedó allanado para la presentación de esta propuesta de ley que, sin embargo, ha encontrado no pocos escollos en su camino. “La concentración de medios en el espectro radioeléctrico de radio y televisión es brutal”, comentó Calle. “Tenemos un 86% de ese espectro en manos privadas. Desde hace unos pocos años tenemos la existencia de medios públicos que hasta ahora era prácticamente inexistente. En el campo de la prensa escrita tenemos un verdadero monopolio de la palabra. Hay dos grandes periódicos, uno de la sierra y otro de la costa, que circulan en todo el territorio nacional y que nos han impuesto no solamente su voz y su vigencia, sino que nos han impuesto presidentes y ministros y han ejercido gobiernos sin haber estado de hecho en ningún proceso democrático. La posibilidad de que este monopolio de la palabra se rompa, a través de la existencia de diferentes actores, ha generado una reacción terrible. Tenemos una campaña mediática de las más fuertes que se han dado en América Latina. Es una agresión diaria, sistemática, organizada de los distintos actores políticos dentro de los medios de comunicación, contra esta iniciativa democrática del gobierno de la revolución ciudadana”.
Hasta aquí, los puntos de encuentro con la situación argentina son evidentes. Sin embargo, la propuesta ecuatoriana profundiza el paradigma impulsado por la ley de servicios audiovisuales de nuestro país, para llevarlo a problematizar la inequidad de acceso en otros ámbitos de la comunicación. “Esta es una ley de comunicación. No es una ley de medios” aclaró la asambleísta. “En eso tenemos una diferencia con la ley argentina. En nuestra ley tenemos varios artículos que tratan sobre las nuevas tecnologías, la democratización de acceso a redes de internet. Se dan propuestas para mejorar el acceso de sectores urbanos marginados y rurales a internet. Es decir, es una ley que engloba diferentes ámbitos, inclusive se habla del uso del espacio público. Pero sobre estos temas no hay demasiada oposición por parte de los medios. La oposición fundamental es sobre la restricción del espacio radioeléctrico a los privados, sobre programación nacional y publicidad”.
Aunque por ahora no cuenten con la certeza de poder aprobar el proyecto, los legisladores de Alianza País se preparan para su discusión en la Asamblea Nacional para fin de mes. El tratamiento se ha dilatado y la oposición logró que se llegara a votar esta ley punto por punto sin una aprobación general. En esto influyen fuertemente los resquemores que algunas fuerzas políticas han hecho públicas en torno al poder que asumiría el Estado ante los medios de comunicación en caso de entrar en vigor la propuesta tal cual se presenta. El mosaico de movimientos sociales ecuatorianos no es homogéneo y en muchos casos el apoyo a Correa es justamente lo que divide las aguas. Esta puede ser una prueba muy importante para el oficialismo, especialmente de cara a las próximas elecciones previstas para febrero de 2013. Sin embargo, Calle confía en poder dar batalla y se apoya en otros ejemplos latinoamericanos. “Yo tuve la posibilidad de ver la cobertura que hicieron los grandes medios argentinos sobre la Cumbre de las Américas y realmente caen en ridículo tratando de desprestigiar a su país frente a un tema tan sensible como es el de las Malvinas. Con tal de ir en contra de la Presidenta no les importa entrar en un terreno tan delicado y poner en riesgo la posición de la nación argentina. Es algo que se lo puede replicar en muchos gobiernos democráticos de América Latina. Es una agresión impresentable por parte de los medios a los gobiernos argentino, boliviano, venezolano, ecuatoriano y nicaragüense. Es una constante”.