El “oasis” se volvió Dictadura

Represión, asesinatos y torturas marcan las protestas por una vida digna en Chile, a lo que se suma la detención ilegal por parte de Carabineros de Pablo Ferrada, Anais Pulgar y la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) Valentina Miranda. Un reporte que relata la resistencia de un pueblo que hace historia.

Por Karen Vergara y Cecilia Ananías* / Diseño y foto: Nicole Kramm

Chile “es un verdadero oasis, con una democracia estable”, decía el presidente Sebastián Piñera a principios de octubre en el programa “Mucho Gusto” de Mega -un canal nacional-, tras ser consultado por la crisis que azotaba a Perú y Ecuador. Solo diez días después de pronunciar esta frase, las protestas que se desataron en Santiago y que luego se masificaron por todo el territorio, dejaron en claro que el oasis no era más que un espejismo.

Si bien las protestas comenzaron con llamados desde los y las estudiantes a evadir el pago del pasaje del Metro, ante una nueva subida de precio, hace rato que no es la única demanda: “No es por 30 pesos, es por 30 años”, exclaman en las calles.

Santiago, la capital, fue el primer lugar donde se declaró el Estado de Excepción, en respuesta a la crisis social. Le siguieron las otras dos ciudades más grandes del país, Valparaíso y Concepción. Posteriormente, se declaró para las ciudades de: Coquimbo, La Serena, Antofagasta, Valdivia, Talca, Chillán, Chillán Viejo, Temuco, Padre Las Casas y Punta Arenas. Eso significa 11 de las 16 capitales regionales del país se encuentran en situación de Estado de Emergencia, el cual consiste en restringir la libertad de locomoción y de asociación, y que además sumó el toque de queda que restringe la circulación de personas y vehículos en determinados horarios y la salida de los militares a las calles.

Hasta el lunes 22 de octubre las fuentes oficiales hablaban de 10 mil militares en las calles, los que se sumaron al trabajo de Carabineros y Policía de Investigaciones -ambas, fuerzas policiales del país-, realizando controles de identidad, y tomando detenidas a cientos de personas con motivos poco claros.

Conspiranoia

“Es como una invasión alienígena”: así describió las manifestaciones ciudadanas la Primera Dama, Cecilia Morel, en un audio filtrado de WhatsApp que supuestamente le envió a una amiga; estrategia que nos remonta a la época de la dictadura chilena, al hablar de un supuesto plan terrorífico de desabastecimiento y ataques incendiarios a aeropuertos y hospitales. Otros políticos le adjudicaron las protestas a una supuesta injerencia del venezolano Nicolás Maduro, o al partido comunista internacional, dejando clara la burbuja de privilegio en la que vive el 1% del país.

Esto porque para el común de los chilenas y chilenos, lo único extraño fueron tantos años soportando en silencio: los bajos sueldos y precarios empleos; los altos costos de servicios básicos, medicamentos y alimentos; el mal traído sistema de salud y educación pública; las paupérrimas jubilaciones que retiran adultos y adultas mayores; lo caro e indigno del transporte público; los niños y niñas cuyas infancias siguen siendo vejadas en el Servicio Nacional de Menores; el saqueo del agua y otros recursos naturales, un aumento en la cantidad de suicidios de jóvenes y ancianos y un largo suma y sigue que retrata a uno de los diez países más desiguales del mundo.

Este miércoles, a días del inicio de las manifestaciones y entre constantes reportes de violencia policial y de las indignantes declaraciones y soluciones parche que emanan desde el Estado, cuesta resumir lo que ocurre en un solo reporte. Durante la noche, los ruidos de los cacerolazos (protesta en que los manifestantes golpean rítmicamente cacerolas, ollas u otros utensilios domésticos) se mezclan con los gritos, disparos y el olor de los gases lacrimógenos en distintos puntos del país. En el caso de Santiago, los helicópteros sobrevuelan toda la noche, con una luz potente que busca colarse en cada casa y departamento, generando miedo y dificultades para dormir.

Cuesta descansar, puesto que se respira efervescencia social y solidaridad, mezclada con miedo y angustia. La brutal forma en que se ha respondido desde el Estado es un constante recordatorio de que la Dictadura sigue demasiado viva en Chile y que puede volver a alzarse sobre la ciudadanía con solo un par de supermercados quemados; porque, en un país donde los centros comerciales solo colocan una “carpa” cuando alguien se suicida en sus dependencias, queda claro que lo material está por sobre la vida humana. 

Durante estos días en Amaranta hemos realizado un ejercicio sobre la memoria histórica: ver el documental “Chile, las imágenes prohibidas”, que muestra en varios capítulos los archivos guardados por audiovisuales, reporteros/as y gráficos/as sobre los años de dictadura (1973-1989). Las similitudes son abrumadoras: el abuso policial y militar, que en esos años era tan difícil de registrar ahora aparece en cada teléfono y computadora. Los discursos oficialistas vuelven a hablar de una guerra, de un enemigo que parece articulado y devastador, aunque en la práctica solo tenga una cacerola y una cuchara de madera. 

La ausencia de liderazgos de este estallido sigue teniendo en jaque a la clase política chilena, que aún se siente con la potestad de replicar promesas de campaña, proyectos de ley que ya están durmiendo en la cámara y promesas que están amarradas a alguna pérdida para las personas movilizadas.

Este es un intento por recopilar los principales hitos de la crisis y manifestaciones en Chile por una vida digna, dividiéndolos en subsecciones.

Violencia de Estado

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta el miércoles 23 de octubre en la mañana, contabilizaba cinco personas muertas por la presunta acción de militares y de carabineros. Fueron identificados como: Romario Veloz, de La Serena (Región de Coquimbo), producto de un disparo en el cuello. Alex Núñez, Maipú (Región Metropolitana), producto de golpes con lumas en el cráneo y tórax. Kevin Gómez, Coquimbo (región del mismo nombre), sufrió un disparo por parte de militar. Manuel Rebolledo Navarrete, en Talcahuano (Región del Biobío), arrollado por un vehículo de militares y José Miguel Uribe Antipán, de Curicó (Región del Maile), quien recibió disparo por parte de un militar.  Hasta ese reporte se contabilizaban 269 personas heridas, de las cuales 137 presentan lesiones por armas de fuego y 1.894 personas detenidas.

Esta información fue entregada por el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien también ha revelado que la violencia policial ha ido creciendo con el paso de los días. Levantando que se han registrado casos de violencia sexual, con la cifra de 3 acciones judiciales hasta el momento.

Otra de las querellas que está llevando a cabo el INDH, es un grave caso ocurrido en Peñalolén, cuando se detuvo a tres adultos y un menor de edad durante el toque de queda del lunes 21. Carabineros los acusó de estar robando, pese a que les señalaron que iban rumbo a la casa de la abuela del menor de edad. Cuando eran trasladados hasta la 23 Comisaría de Peñalolén, detuvieron un cuarto sujeto. Fue ahí que todos los detenidos, incluido el adolescente de 14 años, fueron sometidos a torturas.

Según el relato de la querella, recogido en una nota de La Tercera: “Los detenidos fueron ‘crucificados’ en la estructura metálica de la antena de la Comisaría, colgándolos desde las esposas”. También se usó gas pimienta y fueron sometidos a golpizas.

Este relato se suma a las denuncias de torturas y detenciones bajo el subsuelo capitalino. Una denuncia viral dio a conocer que se estaban deteniendo y torturando a personas en la Estación de Metro Baquedano, luego de que un joven fuera rescatado por la Cruz Roja desde el lugar, visiblemente traumatizado y herido. Debido a esto, el INDH se acercó a investigar a primera hora de la madrugada. Desde este organismo, fueron insistentes en señalar que se debe esperar los resultados de la investigación que lleva el Ministerio Público. En Twitter, se denuncia que habrían limpiado de evidencias la escena, mas, esto es material de investigación.

Detención de líderes sociales

Sólo en la madrugada del miércoles, a través de redes sociales se pudo ver la detención ilegal por parte de Carabineros de Pablo Ferrada, Anais Pulgar y la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) Valentina Miranda, todos militantes de las Juventudes Comunistas, lo que tiene a las parlamentarias Camila Vallejo y Karol Cariola en las dependencias de la 3ra Comisaría de Santiago:

Un caso similar se registró en Viña del Mar, donde se detuvo ilegalmente al estudiante de sociología Francisco Reyes Aguayo, quien además es dirigente social de Ventanas -una zona industrializada donde sus habitantes han marchado por un ambiente limpio, tras constantes intoxicaciones masivas-. El joven fue detenido en su propio hogar de manera ilegal por fuerzas policiales, quienes no solo lo maltrataron a él; también, atacaron a su padre, su abuela de 85 años y su entorno doméstico. Reyes fue llevado a distintas comisarías, mientras era maltratado durante el trayecto, para ser posteriormente dejado en la Primera Comisaría de Viña del Mar. No se le liberó hasta la mañana siguiente, según informaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso -su casa de estudios-.

Desde el primer día de las protestas, se visibilizó el actuar tan incomprensible, como violento, de las fuerzas policiales y armadas, en distintos videos e imágenes captados por la ciudadanías. Uno de los primeros casos que se viralizó, fue el de la detención ilegal de la directora del Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC), María José Guerrero, quien se encontraba en la vía pública participando de las protestas cuando fue detenida. La situación quedó registrada en una transmisión en vivo por Instagram, en la que se apreciaba cómo un carabinero dispersaba a las manifestantes. “Basta, ¿cuál es tu nombre?“, le pregunta la directora de la OCAC. Momento en que el funcionario la toma de  brazo y se la lleva, mientras otras personas le consultan del motivo de la detención, lo que no obtuvo respuesta.

Estos son solo algunos de los casos de dirigentes sociales detenidos, violentados y amenazados que han salido a la luz, pero no serían los únicos.

Respuesta del Estado: “bonos”, pero no cambios estructurales

El presidente Sebastián Piñera presentó este martes, desde el Palacio de La Moneda, un conjunto de propuestas para una “agenda social de unidad nacional”, para luego afirmar que “es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”.

Entre su conjunto de propuestas, se encontraba el aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria -beneficio monetario mensual al que pueden acceder todas las personas que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional-. Si bien esto beneficiará a 590 mil pensionados, en la práctica son solo 21.400 pesos más (29 dólares).

También, anunció la creación de un Ingreso Mínimo Garantizado de 350.000 pesos (482 dólares), para todos los trabajadores con jornada completa y la reducción de las dietas de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública; este anuncio incluyó la reducción en el número de los parlamentarios y limitación de las reelecciones (lo cual, podría limitar lo democrática del Poder Legislativo).

Las propuestas completas pueden revisarse aquí. En general, se trató de muchos proyectos que se estaban solicitando hacía décadas y cuyas propuestas no apuntan a un cambio de la desigualdad estructural, sino que solo a medidas parches que deberían ser financiadas por el Estado y sus ciudadanos.

Desde la comunidad, lo que se exige urgentemente es el fin del Estado de Emergencia y de las restricciones individuales, incluyendo sacar militares y fuerzas policiales de las calles. Y luego, generar una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo desigual en el que se sustenta Chile. Esto incluiría, cambiar el actual sistema de salud privado de las Isapres, conocido por sus altos precios y por discriminar a usuarios y usuarias por género, enfermedades pre-existentes, discapacidad, entre otros y reforzar y replantear el sistema de salud público, Fonasa; también, cambiar el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP-, que anualmente recauda millones de dólares en ganancias a expensas de sus cotizantes, sin que estos jamás vean mayor beneficios en sus fondos y jubilaciones.

Defensa de los territorios del extractivismo, recuperación de las aguas como un bien nacional y reconocimiento de los pueblos indígenas de Chile son otras de las demandas. Desde otros sectores, incluso exigen cambiar la actual Constitución de Chile, la cual fue promulgada en plena Dictadura, coartando una serie de derechos sociales. A pesar de los oscuros orígenes de este texto, se encuentra completamente vigente.

A pesar de los anuncios de Sebastián Piñera, las manifestaciones continúan este miércoles. Se han hecho llamados a cacerolear, marchar e incluso, a bailar masivamente, de manera de demostrar el descontento. De día, las calles se tiñen de gente saltando, muestras artísticas y culturales, y de originales letreros de protesta, entre el cálido sol de primavera; es tras el toque de queda, alrededor de las seis de la tarde, cuando comienzan a llegar los reportes de detenciones ilegales y violaciones a los Derechos Humanos.

Tan solo la madrugada del miércoles, dos personas más murieron en medio de las protestas: se trataba de un hombre adulto y otro niño de 4 años, quienes fueron arrollados por un auto, junto a una veintena de personas, mientras tocaban ollas, sartenes y cacerolas en la Ruta 160 de San Pedro de la Paz, a la altura del kilómetro 14 (Villa Los Escritores).

Sus muertes fueron sumados al nuevo conteo del gobierno, que ya cifra en al menos 18 los fallecidos y fallecidas en medio de la crisis socia. Un recordatorio de que no se puede responder a la pérdida de sus vidas con solo un par de medidas parche y unas palmadas en la espalda a las fuerzas policiales y militares.

Al cierre de esta nota, Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, detalló que las querellas por violencia sexual habían aumentado a 8; además, existen otras 24 querellas por apremios ilegítimos o torturas. A pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de protestas sociales en Chile, el Ministerio de Defensa llamó al servicio activo de carácter obligado a reservistas de las fuerzas armadas para reformar las labores en el contexto del Estado de Emergencia decretado en provincias y regiones del país.

Leé la primera parte del reporte:

Santiago de Chile: Decretan estado de emergencia debido a manifestaciones por coste de la vida

 

*periodistas integrantes de @AmarantaONG