Por Francisco Longa y Edgar Juncker. El proyecto de “ley Anti Piquetes” que lleva las firmas de siete diputados kirchneristas sigue generando polémica en todo el arco político nacional. En esta nota recogemos los posicionamientos más relevantes a favor y en contra del mismo.
Ley antipiquetes: resonancias y disonancias
La presentación del proyecto de Ley de Convivencia en manifestaciones públicas, conocido públicamente como “ley Anti Piquetes”, continúa generando repercusiones entre dirigentes políticos y referentes de los movimientos populares. Luego de darse a conocer el proyecto de ley, diferentes actores del arco político se manifestaron ante este avance del Gobierno sobre una de las principales herramientas constitucionales de expresión social: el derecho a la manifestación y la protesta.
Una buena panorámica de lo que implica este avance represivo en la legislación sobre protesta y conflictividad social se presenta a la hora de evaluar las repercusiones que ha generado. Mientras que al interior mismo del kirchnerismo se registran algunas resistencias, las fuerzas políticas de la derecha más nítida, como el PRO y el Frente Renovador, lanzan vivas al proyecto y a la decisión del Gobierno de acabar con los piquetes. Por otro lado, desde la izquierda se registran las mayores resistencias que enmarcan este proyecto dentro de un “giro a la derecha” del kirchnerismo que va en línea con los recientes ajustes tarifarios y que hablaría de una salida negociada con la derecha hacia 2015.
Resumen de los puntos importantes de la ley y posiciones por fuera del K
El proyecto de ley en cuestión, concretamente, prevé una serie de reglamentaciones y procedimientos para realizar una manifestación pública a través de 34 artículos. Los artículos más significativos son aquellos que distinguen entre manifestaciones legítimas e ilegitimas y la exigencia de una notificación previa de 48 hs para realizar una protesta. Se suman también reglamentaciones tales como la creación de la figura del mediador obligatorio, el cual deberá brindar sus datos personales y, como contraparte, el proyecto de ley contempla que el Estado garantizará la “difusión mediática para las protestas consideradas legítimas”.
Estos puntos son los que han despertado las mayores polémicas y sobre los cuales los diferentes actores no han ahorrado en opiniones. En lo que refiere a la “notificación previa de 48 hs”, mientras Mauricio Macri celebraba la medida que hablaría de un avance en la planificación de la vida social, algunos radicales, como Miguel Bazze, salieron a criticarlo citando como ejemplo a los vecinos de clase media que se quejan por los cortes de luz, quienes difícilmente puedan avisar dos días antes de hacer valer su reclamo.
Desde la izquierda, Myriam Bergman, abogada del PTS, se preguntaba irónicamente en una nota de Infobae si cuando ocurrió el asesinato de Mariano Ferreyra “tendríamos que haber avisado a la misma Policía Federal que participó del crimen que 48 h después saldríamos a las calles (…) a manifestar nuestro repudio?”.
Por su parte, desde el espacio Frente Amplio Unen, Victoria Donda, de Libres del Sur, criticó la medida sosteniendo que a los reclamos “hay que atenderlos, no esconderlos o hacerlos desaparecer”.
Como era de esperarse, el proyecto en general contó con el beneplácito de los referentes del Frente Renovador. Darío Giustozzi, intendente de Almirante Brown, declaró que hace años viene diciendo que hay que terminar con los piquetes. Sin embargo, marcando la necesaria distancia política con el kirchnerismo, agregó que la ley llegó tarde y resaltó su propuesta sobre la del oficialismo, la cual postula, por ejemplo, espacios determinados para realizar las protestas; sin dejar de recordar lo criticado que había sido por eso.
En lo que refiere al PRO, Pinedo y Vidal se mostraron de acuerdo con un principio, pero salieron a decir que “el proyecto lo pensaron tres minutos”. Pidieron más detalles y claridad para definir legítimo e ilegitimo, más acción de la Policía. Mientras que desde el peronismo opositor De la Sota dijo que no es necesaria una ley antipiquetes porque que con las leyes que hay se pueden controlar las manifestaciones, al tiempo que Julio Piumato, titular de la UEJN, tuiteó “el ajuste cierra con represión”.
La casa no está en orden
Al interior del bloque gobernante, la noticia confirmó algunas diferencias internas que ya se habían expresado en situaciones anteriores, como por ejemplo en la designación de César Milani como jefe del Ejército. Varios personajes importantes del oficialismo salieron al cruce del manuscrito por su carácter represivo y autoritario. Ricardo Forster, filósofo y referente de Carta Abierta, declaró que “no debe criminalizarse la protesta” y sostuvo que no está de acuerdo “con pedir permiso para protestar”.
El CELS, que dirige el periodista kirchnerista Horacio Verbitsky, sacó un comunicado donde expresa su preocupación ante la posibilidad de aprobar esta Ley “porque es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años. Por ejemplo, al clasificar ciertas protestas como ilegítimas, exigir la notificación previa a la Policía y establecer plazos exiguos para la mediación”. El centro sostiene que “la participación en manifestaciones y protestas no es un mal necesario sino un componente esencial de la democracia y de las luchas sociales por la ampliación y consolidación de los derechos”.
El dirigente piquetero oficialista Luis D´Elía también criticó la medida, aunque sin tanto fundamento ideológico, sino más bien quejándose que ellos no fueron consultados a la hora de elaborar la norma; sin embargo, también pidió debate sobre el tema y diferenció entre “50 tipos que cortan una calle y la protesta social”.
Desde las altas esferas del Gobierno, en los últimos días el ejecutivo intentó despegarse del proyecto presentándolo como una ley del Congreso, que deberá ser firmada por otras fuerzas opositoras para ser aprobada. “No es un proyecto del ejecutivo” declaró el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, quien por otro lado saludó la importancia que tiene que un debate de estas características se esté dando en el ámbito del Congreso Nacional.
Si bien técnicamente no es un proyecto enviado por la presidenta, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de este año, Cristina Fernández sentó un posicionamiento al respecto: “Vamos a tener que sacar una normativa relativa a la convivencia ciudadana porque no puede ser que 10 personas te corten una calle y no pase nada”. La elaboración de este proyecto de ley, al mes de aquella declaración, parece entonces inscribirse en una disciplina partidaria férrea por parte de los legisladores oficiales respecto de la jefa de Estado.
La voz de los sin voz
Curiosamente en la mayoría de las notas periodísticas que han poblado el universo mediático en estos días y que se han ocupado de esta noticia, hay una voz ausente: la de los movimientos populares. No deja de ser llamativo que ante la presentación de un proyecto de ley antipiquetes sean consultados un conjunto de referentes de la política institucional y de los partidos políticos tradicionales, quedando vacante la opinión de, justamente, los piqueteros.
Ante esto, las organizaciones y movimientos populares que históricamente han sido parte del movimiento piquetero se han pronunciado por medio de un comunicado que intenta romper el cerco mediático. En dicho texto critican el proyecto de ley kirchnerista y ratifican que seguirán “sosteniendo la movilización popular como forma legítima para ejercer nuestro histórico derecho a la manifestación y la protesta, único medio que tenemos los de abajo para hacernos oír”.
Entre los puntos más criticados por los movimientos populares, está el hecho de considerar a las fuerzas policiales como las responsables de habilitar permisos para ejercer el derecho constitucional a la protesta: “Es vergonzoso que el proyecto obligue a pedir “permiso” a las fuerzas de seguridad que encabezan los delitos de trata, de complicidad con el narcotráfico y el gatillo fácil”.
Como método de análisis político, relevar las repercusiones y posicionamientos que un proyecto genera permite visibilizar a qué sectores representa y en qué medida los diferentes actores se ven beneficiados o perjudicados por la misma; en este caso, los representantes de la derecha política y económica, parecen ver en el proyecto un bálsamo para las protestas que vienen perturbando sus planes desde hace más de una década.