El silencio no es salud

El silencio no es salud

El "mesazo" en Rosario. La actividad de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se realizó en Universidades Nacionales, hospitales y puntos céntricos de 13 ciudades del país.

Por Julia de Titto. Como todos los 28 de mayo desde 1987, ayer se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres en nuestro país. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó un “mesazo” en todo el territorio nacional para exigir por la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto clandestino es la primera causa directa de mortalidad de las mujeres en edad gestante en nuestro país. Según las cifras que indica el propio Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se practican alrededor de 500 mil abortos al año: hay más de un aborto clandestino por cada 2 nacimientos. Mientras tanto, en los hospitales públicos de todo el país se registran 60 mil internaciones por abortos inseguros al año, de las cuales el 15% corresponden a niñas y adolescentes menores de 20 años.

Disponer de  recursos económicos para garantizarse un aborto “seguro” en clínicas privadas ilegales o mediante métodos medicamentosos, es una posibilidad lejana a las mujeres, jóvenes y adolescentes, de los sectores más pobres. Como afirma la Campaña, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se presenta como cuestión prioritaria de la salud pública y como deuda impostergable de la democracia.

Según Elsa Schvartzman de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en otros países donde el aborto ya ha sido legalizado y donde hay una “efectiva, constante y constructiva educación sexual y una buena distribución de anticonceptivos gratuitos” los índices de muerte de mujeres gestantes son casi nulos por esta causa.

También existen en la actualidad enormes obstáculos en el acceso a métodos anticonceptivos y grandes límites en la implementación de educación sexual integral en las escuelas.

“Tiene que ver con una cuestión de políticas públicas en materia de Salud”, declaró Elsa Schvartzman en el aire de Radio Sur, “y con el derecho a la información”. Comentó que en Uruguay, desde antes de la sanción de la ley de despenalización del aborto, funcionaba un sistema de consejería pre y post aborto que había conseguido llevar la mortalidad de mujeres por causas relacionadas con la interrupción del embarazo a nivel cero. “De todas formas el año pasado fallecieron dos mujeres por mal uso de la medicación, lo que reafirma la necesidad de la legalización del aborto para que en todos los hospitales públicos pueda trabajarse bien el tema y con un acceso universal”.

En otros lugares del mundo

Según un informe sobre mitos y verdades respecto del aborto, realizado por la ONG estadounidense IPAS, antes de 1966, las mujeres rumanas podían obtener servicios de aborto seguro y legal por medio del sistema de salud nacional. En aquel entonces, la baja tasa de mortalidad materna de Rumania era similar a la de otros países de Europa Oriental donde el aborto era permitido por la ley. En 1966, el presidente Nicolae Ceausescu penalizó tanto el aborto como el uso de anticonceptivos. Esa medida generó un drástico aumento de la razón de mortalidad materna de Rumania de 16.9 por cada 100,000 nacidos vivos en 1965 a 151.3 por cada 100,000 nacidos vivos en 1982: 10 veces más alta que en cualquier otro país europeo con aborto legal. Desde 1980 hasta 1989, aproximadamente 500 mujeres rumanas murieron anualmente por complicaciones relacionadas con el aborto inseguro. Tras la expulsión de Ceausescu en 1989, Rumania legalizó el aborto y la anticoncepción. Esto tuvo como resultado una reducción del 50% en la tasa de muertes maternas durante el primer año después de la legalización.

El mismo estudio narra el caso de Sudáfrica. Allí se sancionó en 1996 la Ley de Libre Elección en cuanto a la Interrupción del Embarazo que liberalizó las leyes de aborto. Según un estudio realizado antes de la legalización, en 1994, unas 45,000 mujeres eran atendidas anualmente en hospitales públicos por complicaciones relacionadas con aborto inseguro; de éstas, aproximadamente 425 mujeres murieron. Las tasas de muertes maternas relacionadas con aborto disminuyeron en un 91% durante los siete años entre 1994 y 2001.

Una deuda de la democracia

Desde el año 2007, la Campaña viene presentando un proyecto de ley que despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, y, a pesar de cada año juntar más adhesiones de diputados y diputadas para su tratamiento (este año son más de 60 los y las firmantes), no existe la voluntad política de los bloques mayoritarios para que efectivamente llegue al recinto.

“El silencio no es salud”, indica un flyer de la Campaña en el que se le exige al ministro de Salud Juan Luis Manzur un posicionamiento sobre el reclamo de que la Guía de atención de abortos no punibles (aquellos casos en que las mujeres quedan embarazadas producto de una violación o en que sus vidas o salud corren riesgo en caso de continuarlo) tome carácter de resolución ministerial y obligue a todo el sistema de salud a cumplir con este derecho de las mujeres.

El slogan podría aplicarse al congreso nacional. Mientras decenas de diputados y diputadas oficialistas y de los distintos bloques de la oposición parlamentaria adhieren al proyecto de ley, ninguno de ellos parece mostrar la voluntad política de llevar a la agenda de discusión pública la necesidad de legislar sobre esta situación que todos los años pone en riesgo la vida de miles de mujeres en todo el territorio nacional.