Por Gerardo Szalkowicz. En las últimas semanas surgieron iniciativas institucionales que promueven la despenalización de la marihuana en casi una decena de países de la región. Segunda parte del panorama sobre un debate que se multiplica y que, con Uruguay a la cabeza, vaticina grandes avances legislativos.
En el nombre de Bob
A pesar de ser la cuna del movimiento Rastafari y de estar tan arraigada en sus raíces culturales (se cree que la planta fue traída por trabajadores de la India en el siglo XIX), el uso de la marihuana en Jamaica está prohibido desde 1913 y gran parte de su población reniega de esa reputación. Así y todo, es el país caribeño que más droga exporta a Estados Unidos.
El debate también comenzó a madurar en la tierra de Bob Marley y Peter Tosh y el martes pasado llegó al parlamento, donde se empezó a discutir una propuesta para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para uso personal entre los adultos.
El ministro de Justicia, Mark Golding, informó: “Vamos a analizar el asunto a la luz de los acontecimientos recientes en el hemisferio”, mientras que el de Información y Turismo, Damion Crawford, sostuvo que “es exagerada la normativa vigente de colocar antecedentes penales a quienes portan una pequeña cantidad para uso personal”.
El diputado del opositor Partido Laborista Daryl Vaz exhortó al Congreso a volver a examinar el informe de la Comisión Nacional sobre Ganja (nombrada por el entonces presidente Barry Chevannes), publicado en agosto de 2001, que sostenía que la penalización de la tenencia y el cultivo era injusta y recomendaba su legalización.
A pesar de carecer de una normativa que acompañe, la tradición de la hierba en Jamaica llega al punto de contar con “Ganja tours”, visitas guiadas a plantaciones donde los turistas pueden probar y comprar distintas variedades de marihuana. El recorrido suele incluir la visita a Nine Mile, la pequeña población donde nació el máximo ícono del reggae.
Otros avances en el Caribe
El 10 de septiembre, el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, envió una carta al resto de los mandatarios de la Comunidad del Caribe (Caricom) invitándolos a impulsar un debate sobre la despenalización del consumo de pequeñas cantidades. “Creo que ya es hora de que abordemos este tema a nivel regional”, expresó. La presidenta del bloque, Kamla Persad-Bissessa (también primera ministra de Trinidad y Tobago) informó luego que el debate se colocará en la agenda de la próxima cumbre del organismo en febrero próximo.
También en Trinidad y Tobago, la presidenta del Tribunal Supremo, Ivor Archie, en estos días se mostró a favor y dijo que eso ayudaría a desatascar el sistema de justicia penal.
En las Islas Bermudas, la juventud del partido de gobierno Future Bermuda Alliance organizó el 15 de septiembre un encuentro para discutir reformas legislativas en torno a la marihuana, donde participaron varios funcionarios. Allí, el ministro de Educación, Nalton Brangman, reconoció: “El gobierno está estudiando muy seriamente hacer pronto un cambio en la política del cannabis”. El viernes pasado, en el parlamento, el ministro de Seguridad Pública, Michael Dunkley, pidió encarar un “sensible debate público y maduro sobre la despenalización del cannabis”.
¿Y por el sur?
Hace unas semanas, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reflexionó sobre el enfoque de las políticas frente a las drogas en el país: “Tenemos que hacer un mea culpa y reconocer que no hemos sido creativos, hemos hecho lo mismo de siempre, básicamente: represión”. Ecuador reglamentó este año la despenalización de la dosis y porte mínimo de drogas blandas, aunque por ahora no se ha debatido ningún proyecto concreto sobre producción y comercialización.
En Colombia, en 2012 la Corte Suprema confirmó una norma ya existente según la cual la posesión de drogas para uso personal no es un crimen. El máximo permitido se estableció en cinco gramos de marihuana y uno de cocaína. El presidente Santos dijo varias veces que hacen falta “nuevas estrategias” para afrontar este tema y se ha mostrado de acuerdo en legalizar las drogas blandas.
En Argentina, en 2009 la Corte Suprema prohibió a la Policía arrestar a personas descubiertas con pequeñas cantidades de droga para uso personal. El año pasado, el Parlamento debatió varias propuestas de ley para promover la despenalización del consumo de cannabis pero desde el Ejecutivo se bajó el pulgar y los proyectos quedaron paralizados.
En tanto, legisladores de Chile se han reunido recientemente con sus homólogos uruguayos para estudiar la iniciativa.
La OEA se prende
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, manifestó varias veces su apoyo a modificar las normativas. Durante su exposición en el foro realizado recientemente en el Congreso mexicano, recalcó que “la estrategia para combatir al narcotráfico en la región ha sido equivocada, ya que se enfoca sólo a la represión de la oferta pero no se ataca el poder económico de los cárteles de la droga, lo que deviene en una creciente violencia en la región”.
Insulza presentó allí el “Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas” elaborado por especialistas de la OEA, que indica que el negocio del narcotráfico genera 254 mil millones de dólares al año (de los cuales 77 mil se lavan en el sistema financiero mundial), con 234 millones de consumidores en el mundo de los cuales sólo el 7% son adictos. Recalcó que estas políticas han generado un gran incremento en el negocio del comercio ilegal de drogas y ha dado origen a un conjunto importante de organizaciones criminales. Los debates abiertos a partir de este informe serán tratados en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA del año próximo.