Por Gabriel López. Un repaso por el derrotero del Juicio Ético contra la ocupación de Palestina y el lobby sionista para impedir su realización en nuestro país. Las presiones de la prensa y del Gobierno.
Finalmente, y horas antes su realización, las presiones del lobby sionista y de los grandes medios de prensa suspendió el Tribunal Ético a la Ocupación y Colonización por Israel en Palestina.
En un reciente comunicado a la opinión publica el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y la Federación de Entidades Argentino-Palestinas manifestaron que: “Debido a las presiones de algunas entidades sionistas que lamentablemente manipularon los objetivos de este tribunal de solidaridad con el pueblo Palestino, se nos ha negado el acceso a instalaciones tanto públicas como privadas”. El escueto comunicado no deja de traslucir las innumerables intimidaciones y coacciones que vivieron los organizadores en el transcurso de la semana.
El Tribunal se conformó bajo los lemas: “Donde no hay justicia, no puede haber paz” y “No podemos estar ciegos frente a la injusticia”, tenía por objeto atender “al reiterado incumplimiento de las sucesivas resoluciones y recomendaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas como así también de la Corte internacional de Justicia en relación a la política de ocupación y colonización de los territorios de Palestina por parte de Israel”, siguiendo el ejemplo del Tribunal Russell por Palestina, el cual terminó la semana pasada sus sesiones en la ciudad de Nueva York y se inscribe en el mismo espíritu y normas de rigor que el llevado adelante sobre Vietnam (1966-67) y del Tribunal Russell II sobre América Latina (1974-76), organizado por la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos. Los organizadores argentinos manifestaron que “ante la ausencia de condena por parte de tribunales regulares (…) Cuando las instituciones oficiales se vuelven sordas y ciegas o se convierten en cómplices de crímenes imperdonables llevado adelante por el Estado de Israel, la sociedad civil de pleno derecho instrumenta herramientas para expresar su sentido de justicia realizando de un TRIBUNAL ETICO a las acciones de Israel en los territorios Palestinos”.
El mencionado Tribunal estaba conformado por distintas personalidades de la justicia y la política junto con defensores de los Derechos Humanos de diversos organismos. La presidencia del tribunal estaba a cargo del Dr. Beinusz Szmukler, Presidente Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, el fiscal sería el Dr. Carlos Zamorano, reconocido docente en Derechos Humanos, y el Escribano Gregorio Hairabedian, impulsor del Juicio por el Reconocimiento del Genocidio Armenio. El rol de defensor estaría a cargo de Gerardo Etcheverry, Abogado de la Liga Argentina Por Los Derechos del Hombre.
Por otra parte, entre los testigos, peritos y miembros del Jurado se encuentra la diputada Cecilia Merchán, el diputado Miguel Monserrat y la periodista y escritora Stella Calloni, entre otros. Hasta el momento el Tribunal cuenta con la adhesión de una variedad de instituciones, movimientos políticos, de Derechos Humanos y personalidades del arte y la cultura del país y del exterior.
El juicio se iba a desarrollar en la sala principal de la Biblioteca Nacional (BN) y así estaba publicada en su página oficial. Una semana antes de la fecha pautada la presión del lobby sionista se hizo sentir con crudeza y la reacción de las autoridades de la BN respondió de inmediato a las exigencias. En un comunicado, el director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, Shimon Samuels, y el director de la institución para América Latina, Sergio Widder, calificaron el evento como “propaganda del odio”. Implícitamente se acusaba a Horacio González de traidor: “Toda una traición a la historia de gloria e integridad intelectual de la Biblioteca en épocas en que era liderada por Borges”. En el recurrente formato de victimización, Samuels acusó al juicio de ser “un nuevo ejercicio de flagelación de Israel” y a los miembros del tribunal como “una ‘corte’ deshonesta y fraudulenta”, agregó Widder. La conclusión del comunicado tuvo claro tono amenazante: “Una institución prestigiosa sostenida con recursos públicos no debe ser contaminada al convertirla en una plataforma para propagandistas del odio. El Director de la Biblioteca Nacional debe anunciar de manera inmediata la cancelación de esta pantomima”; con calificativos como “la utilización abusiva de un espacio público” el sionismo se encargaba de dictar que se puede decir y que no de “un país amigo de la República Argentina, que es, además, un socio comercial del MERCOSUR”. Los dardos fueron apuntados especialmente contra otros miembros convocantes del tribunal: Luis D’Elía y Fernando Esteche. Al día siguiente el comunicado del Centro Wiesenthal era reproducido por Clarín y La Nación cargando las tintas contra D’Elia, a quién le atribuyeron la iniciativa.
La respuesta oficial del director de la BN fue hacerse eco de las quejas calificándolas de “comprensibles”, y al juicio como un “acto que afecta la convivencia”. Cómo evidenció el mismo director la decisión de negar las instalaciones fue tomada a un mayor nivel, el Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y el Secretario de Cultura Jorge Coscia fueron quienes le confirmaron al líder de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) “(…) que nunca estuvo confirmado que se vaya a realizar (el juicio)”, como aseguró Donzis en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN).
Ante la sorpresa de los organizadores del Tribunal por la repentina actitud del gobierno, decidieron mantener la fecha trasladando el juicio a una sala privada. Las amenazas prosiguieron, incluyendo una denuncia policial, que los obligo a una nueva postergación.
Por su parte, la Federación Árabe Argentina lamentó en su comunicado: “Lo que deberían hacer organismos internacionales de Justicia de forma seria y contundente en la dirección de encontrar justicia, abriendo procesos judiciales contra los crímenes de Lesa Humanidad, Limpieza Étnica y Genocidio de los palestinos por parte de los responsables israelíes, lo hacen distintas organizaciones alrededor del mundo con el objetivo de denunciar todos estos padecimientos del pueblo palestino y que el sionismo internacional, esta vez a través del Centro Simón Wiesenthal trata de ocultar”.
El chantaje antisemita desplegó toda su batería, no sólo califica como un acto de censura previa y un atentado contra la libertad de expresión, sino que recurren al reiterado intento de identificar toda crítica al Estado de Israel como un acto de odio a los judíos. La sinonimia entre la ideología sionista y la identidad judía, es un mecanismo que obstaculiza cualquier acto de justicia contra la política de un Estado, a la vez niega la pertenencia de algunos de los miembros del mismo Tribunal calificándolos como “judíos que se odian a sí mismos”. La maniobra intenta estigmatizar a los solidarios con Palestina, la respuesta del gobierno evidencia que cayó en ella.
Tal actitud parecería contradictoria con las actitudes y los discursos, como el pronunciado en la cumbre América del Sur y Países Árabes, que la misma presidenta viene realizando denunciando la situación colonial en Palestina. Pero la directiva parece estar guiada en no cuestionar domésticamente el discurso hegemónico que prevalece, restringiendo el tema a los foros internacionales para ligarlo exclusivamente a la situación de Malvinas y no para afectar los intereses reales. En sintonía con el gobierno el mismo D’Elía prefirió no hacerse cargo, en un twit expresó: “QUIERO COMUNICAR QUE NO TENGO NI TUVE PREVISTO PARTICIPAR DE NINGUN JUICIO CONTRA EL ESTADO DE ISRAEL @CFKArgentina @BoudouAmado @infobae”, para luego declarar en su programa ser “un soldado” evidenciando la línea que le bajaron; restringiendo su enfrentamiento al enemigo mediático.
El pueblo palestino siempre contó con pocas amistades consecuentes a nivel institucional, su fortaleza reside en la solidaridad de los pueblos. Se tuvo la oportunidad de, al menos éticamente, colocar sobre el tapete el papel del Estado Israel en todos los crímenes que ha cometido desde su implantación hace ya 64 años. Al final veremos que al lobby sionista el tiro le saldrá por la culata, porque no ha conseguido más que llamar la atención sobre una actividad que contaba con pocos apoyos y que hoy, reactivamente, los empieza a sumar.