En Buenos Aires, enfrentar el modelo productivo agro-contaminante (II)

 “El ambientalismo no es una mala palabra o una postura caprichosa consumada por ecoterroristas delirantes. Es una posición ideológica que perfora el dogmatismo científico delirante”.

Dr. Andrés Carrasco

A poco de finalizar el período del gobierno de Cambiemos, trabajadores y trabajadoras de la educación de la Provincia de Buenos Aires relatan sus resistencias cotidianas al modelo extractivo de producción industrial agrario contaminante. Una postal de algunas regiones afectadas por el modelo productivo. 

Por Vivian Palmbaum

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició el 2019 habilitando la aplicación de la Resolución N° 246, firmada por el ministro Leonardo Sarquis, y permitió extender el área de las fumigaciones con agrotóxicos. Una medida que favorece el negocio por encima del valor de la vida. Así es que desde hace muchos años se vienen gestando iniciativas de organización en cada municipio que lograron limitar el uso de venenos. Esto es posible sólo a través del trabajo colectivo, comunitario y la articulación a nivel regional y federal. Marcha entrevistó a Yamila Vega docente de San Andrés de Giles e integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida.

Fumigando Buenos Aires

Yamila Vega es docente y vive en San Andrés de Giles, “gracias al impulso del colectivo Ambiente Saludable, docentes y vecinos que habían sido fumigados en proximidades de la escuelas y en sus casas lograron que en 2017 se realizara  la primera Audiencia Pública en la localidad para debatir e impulsar una nueva ordenanza, que se materializó meses después” relata.

“Pese a la ordenanza vigente se sigue fumigando en las adyacencias de las escuelas rurales. Los que más sufren las consecuencias son las y los habitantes del medio rural, porque no hay ninguna ordenanza que los proteja” expresó Vega sobre la situación de la salud en espacios rurales, y agregó  “lo que se consiguió fue un registro para que aquellos productores que tengan agroecología se puedan anotar y no les fumiguen a 100 mts., aunque sabemos que la deriva es incontrolable, entonces la ordenanza no los protege”.

A partir de este diagnóstico, la respuesta fue organizada “nosotros y nosotras desde la Red conociendo esta realidad lo que tratamos de generar son capacitaciones, charlas y a través del boca en boca fomentamos el uso del Protocolo de actuación y denuncia para escuelas fumigadas. Por suerte a partir de este año los gremios docentes están teniendo en cuenta el Protocolo y también lo tomó CTERA”.

Pero sólo con el Protocolo no alcanza, “la idea es trabajar,  comenzar a reunirnos con los gremios para avanzar en el uso del protocolo, porque la realidad es que la mayoría de las y los docentes lo desconocen o a veces como no baja directamente de la Dirección General de Escuelas no saben muy bien si usarlo o no cuando están fumigando”. Además explicó que ante un caso de fumigación en horas de clases se está vulnerando el derecho a la salud de los niños y  niñas, contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y además ampara a las y los docentes   la Ley Nacional de Educación.

En los barrios de Pergamino, uno de los núcleos sojeros más fuertes de la llamada Pampa Húmeda, sus habitantes también están sufriendo estragos por la contaminación por fumigaciones. La situación hizo necesario que una vez más las mujeres se pusieran al frente de la lucha y se organizaran como Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, así vienen llevando adelante movilizaciones y presentaciones judiciales para detener a la maquinaria de enfermar y matar con complicidades oficiales. En otros municipios también se organizan para resistir al envenenamiento.

Proyecto educativo contra el envenenamiento 

Yamila Vega como trabajadora de la educación también expresó varias de las preocupaciones de la Red. Por un lado, “una preocupación constante de la Red es que las fumigaciones entren en la ART, que nos la pasen como un accidente de trabajo y que los análisis bacteriológicos que se hacen sobre el agua en las escuelas también contengan análisis de agrotóxicos para poder detectarlos”.

Por otra parte, relató que las empresas del agro-negocio con la complicidad del Estado se entromete en las políticas educativas a través del fomento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, sobre todo en las escuelas agrarias como la que yo trabajo.

Se ofrecen capacitaciones con puntaje para docentes en Buenas Prácticas, ya sea en “feedlot, o cria intensiva de ganado, cultivos, ya que en esas escuelas se trabajan estos contenidos y se potencia distintas actividades como las olimpíadas de pulverización o la agroescuela para las escuelas agrarias.

Las “Buenas Prácticas” en agricultura es una iniciativa implementada por el gobierno nacional para soslayar los efectos de los agrotóxicos, en consonancia con el discurso de las corporaciones, los terratenientes, pooles de siembra y otros que defienden sus intereses.  Desde las organizaciones que se oponen las denominan: “Buenas Prácticas Asesinas”.

Red Federal con marca Zabaloy

Entre 2015 y 2016 Ana Zabaloy se comienza a organizar la Red y cuenta Vera “al principio solo formábamos parte las y los docentes de la provincia de Buenos Aires. La Red se “inauguró” durante el 8° Encuentro de pueblos fumigados, que se realizó en San Andrés de Giles en agosto de 2017. Luego, acompañamos a Mariela Leiva en el juicio que de Entre Ríos, y partir de allí la Red comenzó a convertirse en “federal”, formando parte de ella docentes, vecinos, comunicadores y profesionales de una amplia franja del país, zonas afectadas no solamente por el modelo del agronegocio, en el cual se vierten millones de litros de venenos, sino también zonas afectadas por la megaminería y el fracking”.

Mariela Leiva fue tristemente conocida porque denunció que mientras estaba dando clases en la escuela rural de Colonia Santa Anita, Entre Ríos, una avioneta pasó fumigando a pocos metros de la escuela e intoxicó a los y las estudiantes.La justicia con un fallo inédito sentenció a los responsables con la condena de un año y medio de prisión por considerarlos penalmente responsables de lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa.

La Red nace, tal como lo relata Vega “frente a la necesidad de contención y coordinación de actividades tendientes no solo a la realización de las denuncias sino también para promover proyectos educativos críticos respecto del modelo extractivista al que estamos sometidos, generar conciencia y brindar información a las comunidades rurales, acompañar a quien lo necesite (familias, estudiantes, docentes)”. En Buenos Aires, igual que en otras provincias, cada región tiene distintas ordenanzas vigentes.

Ana Zabaloy es reconocida por el gran trabajo para impulsar la Red “ante la necesidad de terminar con el aislamiento que sufrimos las y los trabajadores de la educación al momento de realizar las denuncias.  Sufrió en carne propia los efectos de las pulverizaciones con agrotóxicos ya que falleció hace pocos meses. Al momento de realizar las denuncias pertinentes no contó con el apoyo de gremios, ni de las instituciones educativas, ni del gobierno municipal, tal como sucede con la mayoría de las y los docentes que denuncian las fumigaciones en las adyacencias de las escuelas.

Hace pocos días se realizó el 1º Encuentro de la Red Federal de Docentes por la Vida, con una gran asistencia, donde se abordaron las principales problemáticas de las diferentes regiones del país y  además se consensuó una propuesta colectiva que es “empezar a mostrar el otro modelo, el único modelo posible, que es la agroecología, sobre todo a través de proyectos educativos.

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