En busca de recursos genuinos

El impuesto a las grandes fortunas aparece como una fuente legítima de financiación ante la pandemia, pero nadie sabe por qué no se presenta el proyecto.

Por Eduardo Lucita*

El paso del tiempo no es ocioso: si se lanza una idea o acción concreta posible y luego con el correr de los días no se la pone en práctica o no se la impulsa no solo se diluye sino que genera desilusión y frustración entre los sectores sociales interesados. Así ha pasado con la expropiación/intervención de Vicentin; así con la deuda pública del Estado nacional, que propuesta tras propuesta sumaron nuevas y mayores concesiones a los bonistas; así pasó con el informe del BCRA sobre el endeudamiento y la fuga de capitales bajo el gobierno Macri, que despertó esperanzas y quedó reducido a un «paper» académico. Así está pasando con el impuesto a las grandes fortunas, que se lo lanzó para atender los problemas de financiamiento provocados por la pandemia. Incluso se dejaron transcender cifras del número de personas a gravar y estimaciones de la posible recaudación. Sin embargo, el proyecto no ha ingresado al parlamento.

Un panorama general

La economía nacional atraviesa una crisis de proporciones inéditas en la que los problemas estructurales que arrastra hace décadas se han fusionado con los provocados por la pandemia. Entre otras cosas, requiere ingresar recursos genuinos que financien la fuerte expansión monetaria a que se ha visto obligado el gobierno para atender a los más necesitados y evitar mayores quiebras empresarias. Caso contrario se impondrán los gurúes de la city al servicio de la derecha que ya están alertando sobre un inminente rebrote inflacionario, que llegó el momento de frenar el gasto público, que hay que ir al equilibrio fiscal…

No es solo un problema argentino. Frente a la parálisis económica que el Covid-19 impuso a la economía global los más diversos gobiernos han recurrido a estímulos fiscales y monetarios cuya magnitud no tiene precedentes. En EE.UU. el gobierno ha dispuesto volcar recursos para respaldar el empleo y a las pequeñas empresas, mientras que la FED está inyectando liquidez al mercado. En conjunto, suman 8,5 billones de dólares mientras que en la Unión Europea se acaba de aprobar un paquete de 750 mil millones de euros. Buena parte de ellos irá a fondo perdido. Esos esfuerzos fiscales ya triplican al que se hiciera en 2008.

Los gobiernos de América Latina han seguido este curso de acción, los principales países han emitido hasta alcanzar un déficit fiscal de entre el 8 y el 10% del PBI; nuestro país se supone llegara a fines de año al 8%. Acompañando esta emisión de deuda y moneda sin precedentes, el FMI acaba de declarar (dejando de lado por ahora sus monsergas ajustadoras) que estas políticas deben seguir y que sería un grave error retirar dinero de las plazas hasta tanto no haya seguridad de que la recuperación económica sea duradera.

¿Dónde hay un mango?

Tal vez parafraseando aquella ranchera popularizada en los años treinta por Tita Merello hoy podríamos tararear «Dónde hay recursos Viejo Gómez». Es que esta discusión está también instalada en otras latitudes. Más aún cuando en no pocos países, también entre nosotros, se ha instalado la necesidad de implantar como política de Estado permanente una renta básica universal, que opere como un piso mínimo de ingresos frente a la esperable caída del empleo, de los salarios y el incremento de la pobreza y la indigencia.

En la Unión Europea diversos sectores sociales y políticos están discutiendo sobre la necesidad de imponer una tasa Covid. El paquete aprobado por la Comisión Económica Europea, pendiente de aprobación por gobiernos y parlamentos, contempla la aplicación de tasas extraordinarias, entre ellas una tasa al carbono a las importaciones de productos contaminantes y otra a las grandes tecnológicas, también a las transacciones financieras. Entre nosotros ya hay algunas provincias y municipalidades que han impuesto contribuciones adicionales a la banca local y a ciudadanos con altos patrimonios. Una nota en Clarín señala que «la asistencia del Central empieza a tocar los límites de lo legal, por lo que hay que recomendar la búsqueda de fuentes de financiamiento alternativas».

Pues bien, el impuesto a las grandes fortunas es hoy una fuente alternativa, indispensable para atender las necesidades sanitarias y sociales provocadas por la pandemia. Según los trascendidos, gravaría a unas 15 mil personas con una recaudación del orden de los 4.000 millones de dólares. El cálculo se fundamenta en lo tributado por Bienes Personales. Conviene recordar que en este caso el monto de los activos se computa en muchos casos según la valuación fiscal y no según su valor de mercado. Esto contrasta con lo informado por la tercera edición del Ranking Forbes que muestra que al 31 de mayo pasado las 50 personas más ricas del país acumulaban activos por un valor de 46.440 millones de dólares.

Aun así este impuesto extraordinario -pensado por única vez pero que en mi opinión debiera ser bianual, ya que la economía recién comenzaría su recuperación en el 2022- sería un avance, un primer paso en la indispensable reformulación progresista de la política tributaria en el país. En lo inmediato debiera ser complementado con una contribución extraordinaria de la banca y de los llamados unicornios nacionales -Mercado Libre, Despegar, Globant, OLX y Autho, empresas de base tecnológica cuyo valor de mercado supera los 1.000 millones de dólares-, los grandes ganadores de los últimos tiempos.

Contradicciones

Sin embargo mientras se posterga sin fecha el ingreso del proyecto al Congreso, el gobierno ha ingresado un proyecto de amplia moratoria, mientras comienza a hablarse de un nuevo blanqueo que alcanzaría a grandes empresas y capitales fuera del circuito productivo. Estas iniciativas desdibujan totalmente las investigaciones que llevaba adelante la AFIP sobre evasión impositiva.

En paralelo está circulando una declaración suscripta por referentes de los derechos humanos, intelectuales, dirigentes sociales, sindicales y políticos, que al momento de concluir este artículo ya es acompañada por cientos de firmas, que enfatiza que «el impuesto a las grandes fortunas debe aprobarse ya, transformándose en una ley que contribuya a poner en práctica la redistribución del ingreso».

*Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)