“En Córdoba la policía es una estructura formada para ser parte de la economía delictiva”

Por Redacción Marcha

A poco más de tres años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre en la provincia de Córdoba y a poco de comenzar el juicio, el programa “De mañana es mejor” de FM Radionauta dialogó con Valeria Plaza, de la Asociación Pensamiento Penal, una organización no gubernamental sin fines de lucro que busca promover una justicia eficaz en relación a los requerimientos que formula la sociedad.

En un contexto donde la provincia de Córdoba es una muestra de la violencia institucional y su impunidad, el caso de Facundo demuestra la importancia de que haya mecanismos institucionalizados para que “ante la presunción de participación del personal policial, el primer sumario lo tiene que realizar otra fuerza del Estado y no la misma fuerza presuntamente imputada porque después de esa primera etapa investigativa es muy difícil poder recuperar ciertas pruebas que se perdieron, que se manipularon”.

Además, Plaza denunció que existe un doble pacto en su provincia para garantizar la impunidad: con el poder judicial, que decide no investigar, y un poder político que “no sólo deja hacer sino que es parte activa de esto, como cuando los que llegan a ministros provienen de la fuerza policial, y si no es así duran muy poco”.

¿Podés describirnos, en el caso particular de la provincia de Córdoba, la relación que se teje entre las fuerzas de seguridad, la justicia y este tipo de bandas ligadas al narcotráfico?

Vivimos una fuerte crisis de institucionalidad en materia de políticas de seguridad puesto que durante el año 2013se pusieron en tela de juicio, primero de manera periodística pero luego en lo judicial, con algunas condenas ya y otras en etapas de investigación en la justicia federal, donde se daba cuenta de la participación policial en los negocios del narcotráfico; participación bien conocida en la mayoría de los sectores sociales y provincias, pero sin embargo la particularidad que tenía esta causa judicial es que los altos mandos de la policía estaban fuertemente implicados. No se trataba simplemente de una especie de cobro de coimas para que el negocio exista, sino de la participación de la caja negra, y esto fue lo que se puso en evidencia. Eso da cuenta de la decadencia total y absoluta de la fuerza policial, donde ya no se trata de ilegalidades de algunos individuos que pertenecen a esas fuerzas, sino de una estructura formada y preparada para ser parte de este tipo de economía delictiva. Además, es interesante reconocer cierta connivencia que existe a nivel provincial con el poder judicial; es decir, que muchas de estas violencias denunciadas en foros provinciales no son investigadas, menos cuando suceden casos que se llevan la vida de las personas –como es el caso de Facundo–. De los 5 casos en lo que va de este año y los 13 casos del año pasado, ninguno está en estas instancias con sentencia; es decir que el poder judicial no va a investigar sobre lo que la policía hace, con la excepcionalidad de lo que pasó en 2013, que además eso tuvo tanta presencia mediática que tuvo que intervenir la justicia federal y allí se desmanteló toda una banda encargada de perseguir a los kioscos, como se conoce al último eslabón de la cadena.

Además del poder policial, al judicial, ¿qué pasa con el poder político en la provincia? Juan Manuel de la Sota, que se presenta como posible pre candidato a presidente, publicita el aparato policial que ha desplegado… ¿qué opina la sociedad cordobesa?

Esta es la tercera gestión del actual gobernador, e incluso hay cierta continuidad en la política represiva. Esta es otra de las particularidades de nuestro “cordobesismo”: que no existe por parte del poder político un intento, al menos discursivo, de supuesto control de las fuerzas políticas sobre la fuerza policial. Digo discursivo porque hay muchas provincias que se quedan sólo en ese plano pero al menos sucede algún tipo de repudio en el caso de arbitrariedades policiales, como lo que sucedió en el contexto de crisis en la ciudad de Rosario o la amenaza del gobernador de Santa Fe con armas de fuego.

Acá hay cierta defensa indiscutible de lo que sucede y eso está dando cuenta de que no se trata de una policía estrictamente autónoma –como suelen decir algunos sectores–, sino que acá hay un doble pacto: uno con el poder judicial, de no investigar, y el segundo, con el poder político, que es el que hoy gobierna la provincia, que no sólo va a dejar hacer sino que además va a ser parte activa de esto. Hay un fuerte pacto que sostiene la idea de esta política de seguridad compartida: no sólo ejecutada desde el personal policial, sino sostenida y diseñada desde las cúpulas políticas. Esto se en los procedimientos excesivamente arbitrarios que se dieron el fin de semana y en las razias policiales: el poder ejecutivo avaló incluso aquellos casos de atropello y abuso a personas discapacitadas, a personas que no tenían antecedentes; es decir, donde no se podía acreditar esta idea de prevención del delito que sostuvo De la Sota en todos los medios.

Con respecto a las resistencias, ¿qué está pasando en el pueblo, en los ciudadanos y ciudadanas con esta situación? ¿El miedo corta la posibilidad de denuncia o, por el contrario, se están articulando formas de resistencias?

Así como contaba que existe una continuidad de las políticas represivas en la provincia, también existe un nivel organizativo interesante que puede nuclear instancias de denuncia sobre lo que está pasando, pero también de propuestas: por ejemplo, la universidad Nacional de Córdoba produce frecuentes investigaciones cuali y cuantitativas en torno a la problemática, pero también existen cada vez más sectores organizados que pueden convocar, por ejemplo, a “la marcha de la gorra”, que es muy masiva, la última con más de 20 mil personas. Allí se pone en tensión este tipo de políticas y en los últimos procedimientos policiales ha podido articular a través de comunicados de prensa, conferencias y una marcha el jueves pasado que pudo demostrar que al menos no existe una legitimación social total: que hay algunos sectores sociales, universitarios, jóvenes, vinculados a los derechos humanos que se están juntando. Incluso, más allá del signo partidario, lo que da cierto signo de madurez en el movimiento de poder intentar ir más allá de lo que sucede y difundir además, porque existe un acuerdo en algunos medios masivos de comunicación en la provincia, entonces se busca llegar al ciudadano común que muchas veces no se entera de lo que hace la policía en la esquina de su casa.