En Rio Negro apuran órdenes de desalojo contra las comunidades mapuche

El Poder Judicial de la provincia de Rio Negro avanza con varias órdenes de desalojo simultaneas contra las comunidades mapuche.

Por Vivian Palmbaum | Foto Argentina Municipal

Las comunidades mapuches continúan siendo amenazadas por desalojos judiciales, a pesar de estar en plena vigencia la prorroga de la Ley 26.160 que limita estas iniciativas, mientras continúa la regularización de los dominios territoriales. La tierra para ellos es indisociable de su vida misma. Por esta razón la Coordinadora hace pocos días hizo un llamado a las comunidades a resistir las órdenes de desalojo. Los territorios en disputa coinciden con la voracidad corporativa y la explotación de recursos hidrocarburíferos. Entrevistamos a Luis Pilquiman integrante del Parlamento Mapuche e integrante de la Mesa Coordinadora por la zona andina. Fue elegido hace poco menos de dos meses como delegado de la zona andina al Consejo de Participación Indígena, que es una instancia de participación del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Las noticias que afectan a la comunidad mapuche son silenciadas y solo adquieren difusión cuando oponen acciones de resistencia. “La mapur (tierra) para el pueblo Mapuche no es sólo la materia que se pisa, la definimos como vida, espiritualidad e historia. El che (persona) adquiere un vínculo con la mapu, le da su origen- tuwun, esa fuerza surge de los elementos naturales más sobresalientes de ese lugar, de ahí adquiere características personales, su nombre y otros que hacen a la persona, entendemos que cuando morimos nuestro pülli (espíritu) vuelve a su origen”. Asi lo explica Pilquiman.

La Coordinadora llama a las comunidades a resistir las ordenes de desalojo. Señalan que “en un hecho de gravedad institucional inusitada la justicia rionegrina pretende desalojar comunidades Mapuche en plena vigencia de la Ley Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena, Ley Nacional 26.160, prorrogada por ley 27.400 que expresamente en su artículo 2º suspende cualquier sentencia que implique el desalojo de una comunidad mientras se realiza el relevamiento”.

El relevamiento territorial que impulsaba la Ley, que debía dar inicio al proceso para regularizar el dominio de las tierras a las comunidades originarias, está inconcluso o en algunas casos nunca comenzó. Tal como expresan desde la Mesa Coordinadora de la Comunidad Mapuche Tehuelche, en la provincia de Rio Negro se ha iniciado el 1º de agosto pasado, en la Comunidad Pino Quiñe, luego de estar en suspenso por más de 10 años.

Poder Judicial versus la ley

La Coordinadora está alerta por órdenes de desalojo sobre cuatro comunidades al mismo tiempo. Mientras la Ley desde el año 2017 establece la prorroga sobre posibles desalojos la justicia rionegrina avanza en contrario. En esta situación se encuentra la Comunidad Pino Quiñe en el paraje La Japonesa, en la costa del río Colorado,  con una orden de desalojo del Juzgado 31 de Choele Choel  a cargo de la Dra. Natalia Costanzo; la Comunidad Newen Kurruf en cercanías de Catriel con una orden emanada del Juzgado N° 1 de Cipolletti a cargo del Dr. Diego de Vergilio; la Comunidad Buenuleo con orden de desalojo impuesta por el Juez Sergio Pichetto.

Luis Pilquiman expresa que “llama la atención que se den estas órdenes de desalojo simultáneamente,  en este contexto político nacional próximo a un cambio de gobierno”.

En el comunicado la Coordinadora Mapuche expresa que pidieron una reunión con carácter urgente al Superior Tribunal de Justicia el 25 de septiembre “para saber si es que el derecho indígena tiene vigencia dentro del territorio de Río Negro”. Porque teniendo en cuenta “lo sucedido en la comunidad Lafken Winkul Mapu, con la muerte del peñi Rafael Nahuel en un desalojo comunitario, es incomprensible la actuación de Poder Judicial ante hechos que pueden traer consecuencias irreparables”.

En el día de hoy además desde la Lof Lafken winkul Mapu,  del territorio Relmu Lafken,  conocido como Lago Mascardi, enviaron una nota al gobernador  Alberto Weretilneck pidiendo una reunión. Exigen la solución política e inmediata al conflicto territorial de nuestra Comunidad, entendiendo que es Territorio Ancestral Mapuche y que se encuentra en disputa con Parques Nacionales, institución que fue creada sobre la sangre de nuestra gente, luego de la ya reconocida campaña del desierto. Son enfáticos al expresar la criminalización y estigmatización que recae sobre las comunidades mapuches que “fue alimentada por sus lamentables dichos racistas que son de público conocimiento, del cual también fueron cómplices los medios de comunicación hegemónicos serviles al Estado” y suman a la lista de responsabilidades a la ministra Bullrich y al presidente Macri, sus funcionarios y los jueces que  “muestran en sus discursos al Pueblo Mapuche como terroristas, usurpadores, delincuentes entre otros,  desviando el eje principal en discusión que es la propiedad de las tierras”.

Pilquiman cuenta que la comunidad Lofche Buenuleo, tiene su carpeta próxima a ser terminada, tiene un dictamen jurídico, antropológico y catastral, con una cartografía en donde estaría prácticamente concluido el relevamiento y la justicia sigue sin reconocerlo. Hay otros jueces que por el proceso de la ley 26.160 han tomado la fecha inicial de los relevamientos para suspender los desalojos. Sin embargo, en este caso la justicia no lo está tomando.

La realidad que Pilquiman pone en primer plano son las implicaciones que tienen las ocupaciones porque están en territorios bastante conflictivos como es el caso de la zona de Pino Quiñe que  está próxima a lo que llaman la cola de Vaca Muerta. También Newen Kurruf está en medio de pozos petroleros. “Esas son las situaciones en que están las comunidades, entonces la acción de la justicia genera sospecha. Entendemos que el marco legal lo dan los derechos indígenas,  la Constitución Nacional,  el Convenio 169, la ley provincial 2287 y la ley 26.160 de relevamiento territorial, ese marco jurídico no se ha tenido en cuenta en el momento de los fallos judiciales, por lo tanto parece que son parcializados y sobre todo desconoce el derecho indígena”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituye la herramienta jurídica más importante para la defensa de los derechos indígenas que rige en Argentina desde el 3 de julio de 2001 y reconoce “las  aspiraciones  de   esos  Pueblos  (Indígenas)  a  asumir  el  control  de  sus  propias  instituciones  y  formas  de  vida  y  de  su  desarrollo  económico  y  a  mantener  y  fortalecer  sus  identidades,  lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.

Pilquiman reconoce que detrás de cada órden de desalojo descubrieron que hay un nuevo Código Procesal Penal en la provincia “que es muy express, que favorece a los que tienen abogados y tienen recursos. A los que no tenemos los medios sea comunidades mapuches o cualquier vecino que sobrevive en este país, está condenado a ser desalojado, preso por la justicia rionegrina”. Sorprende que un código provincial pueda tener preeminencia por sobre lo que establece la Constitución Nacional y los pactos internacionales.

La Constitución Nacional,  en la reforma realizada en el año 1994, reconoce la legitimidad del derecho indígena. En el artículo 17 de la Carta Magna, en su inciso 17, expresa: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Rafael Nahuel presente junto a las víctimas de gatillo fácil

Las comunidades mapuche aún tienen en la memoria que en noviembre del 2017 el Weichafe Rafael Nahuel fue fusilado por la espalda por un disparo efectuado por el prefecto Javier Pintos, perteneciente al grupo especial de Prefectura Naval Argentina (grupo Albatros) luego de una brutal cacería. Además, como son parte de la comunidad en la que viven e interactúan, reconocen que “de la misma manera que se violenta y reprime a las Comunidades Mapuche, también es la realidad que sufren muchos hermanos de nuestro pueblo que viven hacinados en los barrios más marginados de Bariloche y otras ciudades de la provincia producto de los despojos territoriales históricos, donde el  gatillo fácil se esta naturalizando”.

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