Por Laura Salomé Canteros. Las muertes y la violencia sistemática, contradicciones entre leyes y reglamentaciones, resignificaciones de lenguaje y debates pendientes en el relato de una de las realidades más desiguales sobre las que intercambiaron las luchadoras en el Encuentro realizado en Salta: mujeres y cárcel.
Las cárceles son también espacios territoriales que se debaten en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Las realidades de quienes no tienen voz y ven multiplicadas las violencias luego de una pena privativa de su libertad intentaron también ser tenidas en cuenta en la narración de experiencias de parte de abogadas, docentes, talleristas, educadoras populares, trabajadoras sociales, artistas, militantes y periodistas durante los días 11 y 12 pasado en la ciudad de Salta.
Las críticas al sistema penitenciario actual; el debate sobre las posturas reformistas y abolicionistas con respecto a la cárcel y al sistema penal; observaciones y repasos sobre las leyes vigentes, las inconstitucionalidades, las omisiones y vulneraciones de derechos que constituyen violencia institucional; la preocupación por el incumplimiento de Pactos y Tratados Internacionales de parte de los Estados latinoamericanos y del argentino en específico por el nacimiento y la crianza de niños y niñas en cautiverio; el repudio a la sistemática criminalización y aplicación de altas penas para delitos menores a mujeres, lesbianas y trans; y la reproducción de un modelo patriarcal de discriminación e inequidad sobre las mujeres trabajadoras del sistema judicial fueron parte de los ejes de intercambio, debate y discusión del taller del que participaron más de cien mujeres durante las dos acaloradas jornadas en las que se realizó.
Las prácticas de requisas vejatorias respecto de las personas privadas de su libertad y de sus familiares; la restricción y arbitrariedad sobre las reglas que hacen a los ingresos a los penales; la psiquiatrización y medicalización como prácticas de control y represión; la utilización de un lenguaje sexista y estigmatizante que crea, sostiene y profundiza un modelo hegemónico de desigualdad y asimetría; la legitimación y el ocultamiento de las prácticas de tortura físicas y psíquicas de parte del Sistema Penitenciario; y la complicidad junto al poder judicial en la omisión de investigaciones, juzgamientos y sanciones a las y los responsables de las muertes producidas en las unidades penitenciarias, fueron las problemáticas más urgentes sobre las que hubo acuerdo en denunciar para interpelar a las diferentes instituciones del Estado.
Los accesos a la salud y la educación no son beneficios sino derechos
Una de las dinámicas centrales del taller fue la constante deconstrucción del lenguaje como herramienta que crea sentidos y sensación de realidad alrededor de las personas privadas de su libertad. Por eso, al momento de exponer las diferentes experiencias dentro de las unidades penitenciarias, las mujeres que tomaban la palabra a la vez narraban y a la vez resignificaban. En este sentido, el acceso a la salud, la educación, el trabajo y el vivir una vida libre de violencias fueron aspectos mencionados como derechos adquiridos y no como “beneficios”.
Marcela García es licenciada en psicopedagogía. Desde 2009 realiza intervenciones en el espacio que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) tiene dentro del Complejo Penitenciario del Conurbano norte, más específicamente, en el penal N° 48. Junto a estudiantes de la carrera de sociología, comenzó a investigar y preocuparse en la contrariedad entre “lo que la ley dice, lo que debe ser, y lo que es” en relación a la educación en contexto de cárcel. “Observamos que más de 1500 personas no tenían acceso a la educación ni primaria ni secundaria. Desde allí conformamos un colectivo de alfabetización” y “nos plantamos desde una perspectiva de restitución de derechos, porque la educación no es un beneficio sino un derecho a garantizar”.
Porque la cultura y el concepto de alfabetización deben ser amplios, para Marcela García “mirar, nombrar, poner palabras a lo que me pasa” son aspectos fundamentales, tanto como ayudar a la eliminación de situaciones de abuso de poder como por ejemplo, aquellas en las que “compañeros y compañeras analfabetas firman presionadas, sin saber que sus vidas se está jugando en ese acto”. Relata que desde los talleres que realiza, el abordaje del “género como construcción social” es fundamental para “las identidades” y el “derecho de ser como soy y que el Estado me debe respetar en esa estadía”.
Valeria Alfonsina Agnelli es integrante de la Agrupación Nacional Putos Peronistas y relató para Marcha la experiencia del proyecto “Orgullo Incluyente” en el módulo 6 de la cárcel de Ezeiza: “esta idea nació en 2013 en una de las reuniones de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo para llevar está a la cárcel, donde están privadas de su libertad homosexuales y travestis. La idea era visualizar un módulo al que ni siquiera visitas llegan porque las torturas psicológicas y físicas (de las y los agentes del Servicio Penitenciario) se daban todo el tiempo”.
Cuenta que hoy trabajan “conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y (que) entre otras cosas (han) logrado darle prisión domiciliaria a Emilce, una chica travesti que convivía con quien la había torturado e intentado incendiar en la cárcel”. Sostuvo que “el siguiente paso sería que el Servicio Penitenciario haga una autocrítica, revise las normativas con las que rige la estructura carcelaria, ya que es un sistema que trabaja en vulnerar aún más a quienes están ´adentro´, en vez de trabajar por la integración”.
El sistema carcelario y el sexismo en el derecho penal
Mariana Barbitta es abogada penalista y docente de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, La Matanza, Lomas de Zamora y Palermo. Es además presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA) y participó del taller de mujeres, cárceles y sistema penitenciario para escuchar y acercar consejos desde el ejercicio de la profesión. “El derecho penal ha sido históricamente un espacio pensado para los hombres. Esto claramente, se vincula con un modelo patriarcal en el cual la mujer profesional del derecho debe dedicarse a familia, civil, comercial, etc., ramas del derecho más sensibles o menos violentas” expresa.
Barbitta sostiene que “en el fuero penal somos muy pocas las mujeres que litigamos”; que “si bien por suerte, existen cada vez más espacios ocupados por mujeres en los ámbitos institucionales (Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Defensoría General de la Nación), la desigual distribución de cargos jerarquizados indica nuevamente la reproducción del modelo patriarcal”. Menciona la contundencia de los resultados del mapa de género producido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e indica que, “si bien el número de mujeres y varones es muy similar, ello únicamente se produce en cargos de hasta secretario/a, o sea, a niveles jerárquicos esos porcentajes se vuelven absolutamente desiguales”.
Para Barbitta, el impacto de un acceso inequitativo para las mujeres profesionales del derecho es directamente proporcional a las características de la defensa de las y los clientes, “al enfrentarnos con una justicia patriarcal que no nos reconoce, se dificulta la práctica diaria repercutiendo ello en la defensa de las y los clientes. Ejemplos hay muchos: no te dan la palabra si hay un varón, no existen baños para mujeres, etc. Mucho menos en las unidades penitenciarias que están históricamente pensadas para el ´sexo fuerte´”. Dice que para superar estos modelos, “hay que trabajar para romper los estereotipos, sosteniendo que la idoneidad no pasa por ser varón o mujer y formar a las y los operadores judiciales y a quienes nos vinculamos con el derecho penal con perspectiva de género para limitar los tratos desiguales”.
Sororidad nuestroamericana
Esther Palacios es peruana e integrante del Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF). Estuvo privada de su libertad dieciocho años y viajó a la Argentina para participar del Encuentro Nacional de Mujeres en Salta y dar difusión a la situación de las más de cuarenta presas políticas condenadas a cadena perpetua en el Perú en lo que denunció una sistemática y global avanzada de criminalización de las luchas populares.
“Muchas de mis compañeras están privadas de su libertad con cadena perpetua, algunas cumplieron ya 25 años, tienen 60 o 70 años, enfermas de cáncer y no les dan la libertad”. Relata que algunas de ellas “han sido torturadas y violadas –no por uno sino por varios agentes penitenciarios- y (que) muchas quedaron embarazadas de quienes las violaron y ninguna ha tenido la posibilidad de decir ´no lo quiero tener´”. Sostiene que es abismal la distancia entre las legislaciones y las reglamentaciones a través de las prácticas ya que, “por pensar distinto se permite (que) vayas presa, en la Constitución Nacional se menciona el derecho a la salud y la educación, pero eso en el Perú no existe, es letra muerta, ni siquiera el derecho a ser mujer existe”.
Porque “somos mujeres que estamos combatiendo por nuestros derechos”, Palacios denunció la responsabilidad del gobierno de Ollanta Humala diciendo que es “no democrático” sino demagógico y que “ejerce en la privación de la libertad una forma de persecución política”. Exigió el derecho a la libertad de las prisioneras políticas del Perú y del mundo y todo el taller al unísono, con aplauso cerrado y corazones nuestroamericanos se solidarizó con la causa.