Entre Gramsci y Lampedusa en una España desescalada

No es un falso dilema la oposición entre salud y economía. Esa es la evidencia que nos deja más al descubierto, respecto a la ‘normalidad’ sistemática, la pandemia. Un recorrido de los últimos acontecimientos de la coyuntura española con historia y memoria.

Por Maria Garcia Yeregui |Foto: Ana Gimenez

El último artículo publicado por Julio Anguita -referente de la izquierda partidaria española-, una semana antes de fallecer el pasado mes de mayo, se titulaba: “Decía Gramsci”. En él hacía referencia, el viejo profesor de historia, a una de las ideas del intelectual y militante marxista –fundador, hace un siglo, del Partido Comunista Italiano-: 

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”. 

Los conocemos bien, aquí y allá, de otros inenarrables claroscuros del “corto siglo XX” (E. Hobsbawm). Narrados, no obstante, desde el deber de memoria en el testimonio de los sobrevivientes.  

En esta España, quedaron impunes y con medallas. Fue el caso del conocido policía torturador de la brigada político-social –la policía secreta de la dictadura de Franco-, Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, quien murió por Covid-19 en medio del drama colectivo vivido por las 26 mil víctimas mortales confirmadas por entonces en el país. Siendo hoy más de 28 mil los fallecidos diagnosticados con pruebas PCR. Mientras las investigaciones, con referencia tanto a los registros de defunciones como a los decesos con síntomas compatibles, apuntan a unas 15 mil víctimas mortales más. Impactantes y frías cifras de vidas perdidas, a lo largo de los tres meses y medio transcurridos, desde la declaración oficial del brote epidémico y el decreto del Estado de alarma que implementó la cuarentena. 

Un confinamiento dejado atrás este domingo 21 de junio, después de haber transitado diferentes fases de la desescalada según territorios. Pareciera que el turismo apremia -para mantener sin tocar la estructura que asegura las tasas de beneficio adquiridas y por adquirir- ante la depresión económica y de desempleo en países dependientes, como España, dentro del llamado primer mundo -“especializados por zonas en el tercer sector”-. A pesar de que incluso antes del comienzo de la movilidad interior y exterior de turistas, ya están detectados algunos focos de rebrote.

Pues bien, en estos meses de pérdidas, fue también el coronavirus quien se llevó –algunas semanas antes de morir el victimario “Billy el Niño”- a uno de los luchadores que fue precisamente una de las víctimas de las torturas de González Pacheco. En nuestra memoria resistente está presente José María Galante, Chato, ahora y siempre. Así danzaron los juegos macabros del devenir histórico, convertido al final en destino de una generación -la nacida en los años 40-. No sólo víctima y victimario fallecieron como consecuencia de la misma epidemia, sino que la noticia de la muerte del verdugo -con los subsiguientes comentarios de honor de agentes del cuerpo policial en las redes- se daba en la arena pública al día siguiente de la publicación del citado y último artículo de Anguita, también militante clandestino del antifranquismo de los 70s.

En esta historia española la constante ha sido la impunidad de los funcionarios responsables y represores de la dictadura. El torturador, “Billy el Niño”, terminó sus días sin haber siquiera declarado en indagatoria ante la jueza de Comodoro Py que lleva la causa de la querella por los crímenes del franquismo según el principio de justicia universal, Servini de Cubría. González Pacheco murió impune sin haberse sentado en un banquillo, ni siquiera en indagatoria ante la jueza, después de 10 años de constantes intentos. Años en los que Chato Galante, de tenacidad incansable en su lucha contra la dictadura franquista y su impunidad -tal y como relataron in memoriam sus compañeros de la asociación La Comuna de presos y presas del franquismo-, no cesó de denunciarlo, como sobreviviente torturado junto a sus compañeras y compañeros. Lo hizo tanto en Argentina como en juzgados españoles, así como ante la justicia europea y en la corte penal internacional. 

Sin embargo, el sádicamente célebre torturador de la policía política franquista no fue extraditado para declarar, en ninguna de las ocasiones en las que lo requirió la jueza que lleva el caso. Mientras las más de treinta denuncias interpuestas, durante los dos últimos años, en juzgados españoles eran desestimadas una detrás de otra, a excepción de un juzgado de Valencia, en el que se aceptó investigar las torturas sufridas en el marco imprescriptible de la lesa humanidad. 

Semejante nivel de impunidad ante la justicia universal, tuvo lugar como consecuencia de los manejos del Estado español ante los requerimientos de la jueza argentina. La cancelación repetida de testificaciones a lo largo de la década pasada, no sólo tuvo lugar en el caso de Pacheco, incluyó por supuesto a otros responsables denunciados y llamados a declarar. De hecho, la última vez que la historia reiterada de la cancelación se repitió, es bien reciente. Fue justo antes de la epidemia. El Estado impidió -con ministra del PSOE en la cartera de exteriores-, lo que Chato y sus compañeros habían conseguido concretar para el pasado 20 de marzo -diez días antes del fallecimiento de Galante por Covid-19; a mes y medio de la muerte de Pacheco por el mismo virus-. Esto es, la testificación ante la jueza Servini de Cubría de Martín Villa –ministro del interior franquista durante la transición, responsable, entre otros casos, de la masacre de Gasteiz (Vitoria)-. La cita se anuló antes de la semana en la que las cifras dibujaron la nueva tragedia en el país -compartida con el viejo continente y el mundo entero-. Es decir, un par de semanas antes del decreto del Estado de alarma, cuando éste por la ceguera estúpida reinante ni se atisbaba. 

Así, una vez más, el accionar del Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a frustrar aquello que la propia epidemia hubiera igualmente impedido de haberse mantenido. Hubiera resultado la excepción que confirma la regla. Pero a las palabras se las volvió a llevar el viento, y quedó en papel mojado lo que habían declarado reiteradamente algunos miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una vez más, no ocurrió como se dijo, sino como siempre ha pasado hasta ahora: la testificación de Martín Villa fue anulada.

El hecho es que González Pacheco, no sólo murió sin sentarse ante un juez para ser indagado por sus torturas y asesinatos, sino que se fue a la tumba con cinco medallas, otorgadas por sus servicios, más las recompensas salariales públicas que éstas suponían, lo cual duplicaba su pensión. Cinco medallas y un 50% más de pensión pública, cobrada durante 40 años, por torturar a oponentes a la dictadura franquista, militantes y otros “delincuentes” según la legislación del régimen. Por si fuera poco, cuatro de las cinco medallas fueron otorgadas después de la muerte de Franco. Dos de ellas, en los 80s, cuando este sistema político de democracia liberal en el que vivimos llevaba algunos años regido por la Constitución vigente, la de 1978, tras la finalización de la transición pactada. 

No ha sido hasta un mes después de su muerte, el pasado 10 de junio, cuando el Congreso retiró las medallas a su nombre. El PSOE llegaba, por enésima vez, tarde y mal, cuando llega, en materia de memoria, verdad y justicia. Tarde y deficiente, siempre, incluso en lo simbólico, mientras continúa reproduciendo en lo real la impunidad sistemática de los que encarnaron la reproducción de la dictadura. No es menor para contextualizar esta realidad, el hecho de que terminara siendo el partido del régimen político, monárquico y liberal, que se articuló tras la reforma política. El que parió aquel proceso transicional -caracterizado por la reforma desde arriba, aunque empujada desde abajo- a partir de la firma de los Pactos de la Moncloa. 

“Que todo cambie para que todo siga igual”

Tras la hegemonía de la gestión política, mantenida por el reformismo franquista durante los años de transición -estructuralmente lampedusiana: “que todo cambie para que todo siga igual”-, el PSOE cogió el relevo y la mantuvo intacta de 1982 a 1996. Durante todo el proceso de la llamada “modernización europeísta” del país de la mano de la Comunidad Económica Europea (Unión Europea a partir de 1993). 

Entre las legitimidades del consenso y el pacto, construidas férreamente en el marco nacional a partir del promocionado éxito oficial del modelo transicional -en función de su narrativa hegemónica de reconciliación nacional con eje en la guerra civil del 36-, se ubicaba la apelación del gobierno de Sánchez a una reedición de los Pactos de la Moncloa, el pasado mes de abril, mientras impactaba fuerte la epidemia y sus consecuencias. Declaración implícitamente bancada, en un segundo plano, desde Unidas Podemos -pese a la tradición crítica con la transición a la que pertenecían-, como consecuencia de la apelación a ella que comenzaron a hacer a partir del año pasado. Concretamente a los derechos sociales arrancados sobre el papel –mojado- que están presentes en el texto constitucional de 1978, influenciada por las constituciones europeas como la alemana, portuguesa o italiana. Un viraje con el que pretendieron colocarse como la fuerza política necesaria para su real cumplimiento. Un giro, un cambio discursivo importante de Pablo Iglesias, a partir del período electoral de comienzos del 2019, que hicieron con un intento de mantener continuidad con una idea original de Podemos: la necesidad de su entrada en las instituciones para defender los derechos sociales, incumplidos por el PSOE cuando éste gobierna en solitario.

Pues bien, el pasado 4 de abril, ante la crisis económica incipiente, Pedro Sánchez apeló, en esa referencia, a la legitimación pasada de la transición y los pactos de Estado por encima de divisiones partidistas. La llamada a la unidad por la necesaria reconstrucción se hizo prontamente debido a la clara depresión económica que implica la pandemia o, mejor dicho, las consecuencias que acarrea en este sistema la interrupción de las dinámicas económicas durante una cuarentena por la salud poblacional. Dicho de otro modo, ante el cobro en el cuerpo social que este sistema implica, también, cuando se aplican las medidas necesarias para controlar la epidemia de un virus -que de nuevo es consecuencia del mismo desarrollo del modo de producción capitalista-, con el fin de evitar muertes, al continúar en el centro el mantener la rueda de beneficio, desigualdad, exclusión y explotación de la “normalidad”, la crisis económica, o su profundización, exige medidas excepcionales que terminarán en ajuste, muy propicias para el canto unitario propio de las narrativas e identidades del Estado-nación. 

Pedro Sánchez lo hizo, no obstante, consciente de la estrategia de presión contra el gobierno de coalición progresista practicada tanto por la ultraderecha de Vox como por un Partido Popular aún más derechizado en el discurso ante su competidor en el bloque de la derecha. Sin olvidar que el PP tiene su propia historia de mentiras conspiranoicas para mantener un poder patrimonializado en sus imaginarios y prácticas sociales, como quedó constatado con el caso de los atentados yihadistas de Madrid, el 11 de marzo de 2004. Ni entonces, ni su rastro de mentiras y manipulaciones durante el juicio por el atentado de la estación de Atocha, les salió bien, pese al aumento exponencial de prensa, escrita y televisiva, reaccionaria y casposa, que plagó el espectro de la opinión pública.

Así pues, la apelación a la unidad para la reconstrucción nacional ante la depresión económica, después del desborde sanitario, por parte del presidente del gobierno, incluía esa referencia al pacto y el consenso dentro de su significación en la historia oficial reciente del país, con el fin de fortalecer la imagen del PSOE como partido de Estado. Referencias que fueron acompañadas con discursos institucionales de referencia bélica con los que se intentó significar la situación en dichas coordenadas discursivas, durante las primeras semanas de Estado de alarma. 

Lejos estaba el Partido Popular –partido de gobierno en la derecha y principal partido de la oposición- de entrar en una posible apuesta de gobierno de concentración como forma para sacar al gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de la Moncloa, lo que hubiera implicado eliminar del Ejecutivo al indeseado socio menor. La estrategia del PP fue dejar esa posibilidad como una ensoñación perdida –con el referente del relato transicional también de fondo- para culpar de su imposibilidad al gobierno, dada su “ideologización y negligencia dolosa” en la gestión de la epidemia. Mientras despreciaban el guante simbólico de la táctica del PSOE en el gobierno, perfilaron y mantuvieron una estrategia de desgaste, junto a Vox, usando políticamente los fallecidos, con bulos, mentiras y la construcción del chivo expiatorio en las marcha feminista del 8M en Madrid –con ello siguen, pese a que la causa que se había abierto, acarreando una crisis entre cargos de la policía militarizada (guardia civil) y el ministro del Interior con informes policiales avalando esas fakes, ha sido archivada por la jueza que la instruyó, en plena cuarentena, por no encontrarse delito en la actuación del delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid-. 

Por tanto, el PP, con su estrategia, dejó todo el espacio de centralidad para el PSOE en solitario. Así, pese al impacto de la epidemia en los imaginarios, desde el gobierno han podido irradiar la imagen de ser el único partido de Estado, pese a su apariencia de debilidad o sus errores. En ese sentido, la estrategia de las derechas –exceptuando a un Ciudadanos, muy debilitado, que se presenta como útil- le ha dejado ese campo al PSOE en este punto de inflexión histórico que vivimos, en una coyuntura de crisis sanitaria desbordada como consecuencia de errores en el diagnóstico de la situación, común por otro lado al resto de los países europeos. Sin embargo, no se debe olvidar que en los votantes del bloque de la derecha, el retorno al voto útil concentrado en el PP para poder tener más poder en el congreso y chance de gobernar, ha de tenerse en cuenta de cara a los nuevos capítulos de la estrategia del partido. Su búsqueda de una repetición electoral antes del final de esta legislatura. Una legislatura que cuante, recordemos, con un gobierno débil en la aritmética parlamentaria –en un sistema parlamentarista y no presidencialista- de cara a la aprobación de los presupuestos y su necesidad de apoyos. Con el apoyo brindado a la aprobación del decreto de la llamada ‘nueva normalidad’, como consecuencia de la partida en Europa, la táctica parece haber abierto una nueva fase.

No obstante, en el manejo de evocar esa supuesta ensoñación perdida de un pasado de diálogo y unidad, consenso y pacto –mirando al documento de cultura de la transición, mientras se oculta el documento de barbarie del mito transicional (W. Benjamin)-, los sectores de la derecha vinculados al PP, no han estado solos. En ello han estado las corporaciones mediáticas hegemónicas en los imaginarios progres. Pareció nítida una suerte de colaboración, sin embargo mostrada con indignación ante el espectáculo político, con la estrategia desplegada por las derechas de desgaste del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, especialmente durante mayo, frente a algunos de los episodios que tuvieron lugar. Constatando, una vez más, la evidencia de que Unidas Podemos en el gobierno no es precisamente la apuesta de los grupos mediáticos. 

Los discursos desplegados alimentaban la imagen de ensoñación de un pasado de consenso transicional perdido en el desastre del presente. Usaron, por supuesto, el retorno de fantasmas de pasados anteriores, siempre recurrentes en una constante, que estuvieron también presentes durante la transición con una función esencial para su sucesión y legitimidad, que incluyó por supuesto el miedo. Fantasma, por tanto, siempre amenazante que es núcleo central de relatos sólo aparentemente explicativos. Me refiero a las referencias a una supuesta naturaleza cainita de los españoles con referencias al guerracivilismo, lo cual retrotrae a la guerra civil del 36 y, antes, a las que atravesaron el siglo XIX. 

El punto álgido de este despliegue discursivo en los medios masivos del arco progresista –cuya hegemonía detenta obviamente el PSOE- tuvo lugar, como decíamos, el mes pasado, con la reacción que desplegaron ante el acuerdo parlamentario de derogación ‘íntegra’ de la contrarreforma laboral del Partido Popular. Una reforma laboral que implicó competir como país en la escena global a través del abaratamiento sistemático del despido -profundizando en la conformación de un precariado, creciente, explotado y temporario- como respuesta al rescate bancario por parte de la Unión Europea en 2012. 

El acuerdo parlamentario de derogación fue presentado como abominable por la prensa de todas las tendencias hegemónicas en los imaginarios del país por estar firmado con el independentismo vasco izquierdista (Bildu). Y esto, pese a estar –la derogación de la reforma laboral- en el programa electoral del PSOE –lo cual en la hegemonía neoliberal que convirtió a la socialdemocracia en socioliberales, viene siendo papel mojado en lo estructural desde hace décadas-; así como en el pacto de gobierno firmado con Unidas Podemos. 

El PSOE, desde el gobierno, se desdijo rápido. Lo hizo a cargo de la ministra de economía y tercera vicepresidenta, Nadia Calviño -tecnócrata economicista, representante fetiche de la elite económica de la UE en el gobierno, que acaba de recibir, de hecho, el apoyo del PP como candidata a presidir el Eurogrupo, después de que “los patriotas de la rojigualda” se hubieran alineado en la Comisión Europea con los liberales del norte en las exigencias de recortes y ajuste al Estado español para percibir las ayudas del fondo europeo que paliarían el primer impacto de la crisis-. 

Esa Unión Europea que ha dejado en barbecho la ortodoxia de la llamada austeridad nacional austeridad’ –tras las políticas de endeudamiento y posterior crisis de deuda soberana- por imperativo. Es decir, ante la necesaria respuesta estatal durante las cuarentenas y la depresión que acarrea la pandemia por su impacto sobre las dinámicas de este sistema capitalista en fase posfordista y neoliberal en crisis global en el que vivimos. En Bruselas, se reproduce sin fisuras, aunque con contradicciones, tanto los intereses para la acumulación de capital de las oligarquías nacionales globalizadas de los Estados, como la relación subalterna del centro-periferia existente dentro de esa ‘Europa de los mercaderes’ de Maastricht (1992) y de la troika del post2008. Aquellos que “salvaron” explícitamente los bancos del norte (y del sur), a costa, específicamente, de los pueblos endeudados, tercerizados y dependientes del mediterráneo. 

La izquierda independentista vasca y Unidas Podemos presionaron entonces tácticamente, en la coyuntura de la quinta prórroga parlamentaria del Estado de alarma, por una derogación ‘íntegra’, de nuevo sin efectividad final, lo cual sería recuperar derechos perdidos que con las huelgas generales de aquel año 2012 no conseguimos parar, una promesa a los trabajadores del país en medio de una crisis de paro impactante por tener una economía fuertemente tercerizada. Lo hicieron en este momento de inflexión histórico en el que no podemos dejar pasar, con las relaciones de fuerza que tenemos, ninguna oportunidad para que esta crisis no la paguen los de siempre con sus cuerpos y sus vidas. Sin embargo, el equilibrio en lo político es precario porque la hegemonía ideológico-sistémica de la economía política -consciente e inconsciente- es férrea, y se dispara ante las previsiones de pérdida de PBI de un 10% con más de 4 millones de nuevos desempleados. En otras palabras, la alienación, diría el joven Marx, por estos lares, es potente. 

No obstante, encontramos ciertos límites pragmáticos en las derechas: el miércoles 10 de junio se aprobaba, en el parlamento, el decreto gubernamental del Ingreso Mínimo Vital, sin votos en contra. Las derechas, después de haber seguido la estrategia de opacarlo tras bombas de humo de crisis institucional y criticar ideológicamente la medida con ferocidad –la paguita a cambio del voto-, transigieron: Vox con la abstención y el PP votando a favor -con el tiempo y dentro del juego político, intentarán apropiárselo-. 

En este nuevo impasse histórico que enfrentamos a nivel mundial, una de las contradicciones esenciales –estructural en su núcleo debido al desarrollo del sistema-mundo en el cual vivimos (Wallerstein)- está presente, en el caso español, dentro del gobierno, aunque no sea de forma antagónica. De hecho, en la última pugna, este 25 de junio, el PSOE volvió a imponerse dejando fuera hasta la propuesta de impuestos a las grandes fortunas, mientras se percibe un acercamiento al giro de Ciudadanos y el PP reconsidera la táctica para habilitar algún acuerdo en la ‘comisión parlamentaria para la reconstrucción’. 

¿Salud o economía?

No es baladí porque estamos avocados, como siempre, a pugnar por nuestros derechos con la urgencia -mediada con la relación de fuerzas- tanto de la coyuntura económica como de la emergencia ecológica mundial. Habremos de pugnar por un cambio radical a un sistema que ponga en el centro la vida, siempre colectiva. Pero lo haremos como en cada momento histórico, aquí y ahora, con los mimbres que tenemos, desde las condiciones existentes. En criollo, para que con un nuevo ajuste nacional e internacional no continúe profundizando la insoportable explotación, exclusión y desigualdad de las vidas, el Estado –los sujetos que encarnan sus poderes no explícitamente reaccionarios en el legislativo, el ejecutivo y el judicial- debería asegurar los recursos generales de los países a partir de los que acumularon y acumulan beneficios, y no de las sociedades -sus pueblos- que vivimos desde hace décadas en el Estado-mercado que la hegemonía neoliberal y la globalización nos ha ido dejando ininterrumpidamente a partir de los 70s. 

No es un falso dilema la oposición entre salud (del género humano) y economía (capitalista). Esa es la evidencia que nos deja más al descubierto, respecto a la ‘normalidad’ sistémica, la pandemia. Lo hace además en la antesala de la emergencia climática, consecuencia también de nuestro modo de producción. Es más, la contraposición descarnadamente verdadera entre confinamiento y tener suficiente plata para seguir adelante en el día a día sigue pasando por la intervención impositiva de los recursos de quienes tienen capital acumulado. Aquellos que, de hecho, siguen en la rueda del beneficio o reaccionan prontamente para, ya no evitar perder guita, sino no perder el índice de beneficio que recaudan ahora y en su proyección de futuro, por no hablar de los que hacen negocio incrementándolo. Y lo cierto es que la respuesta keynesiana, planteada hasta ahora por los estados de la UE, siendo un giro histórico, sigue esos dictámenes de interés. Por ello, como dijo Anguita, no podemos permitirnos las soluciones lampedusianas esta vez, menos con los ‘monstruos del claroscuro’. Cual faro benjaminiano, nos acompaña la exigencia de ‘memoria, verdad y justicia’.